Condenan a chofer de colectivo que atropelló y mató a un hombre
El hecho se produjo en diciembre de 2016 en Luro e Independencia. Al conductor la Justicia le impuso la pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación para manejar por ocho años.
El chofer de un colectivo que en diciembre de 2016 atropelló y mató a un hombre en la intersección de las avenidas Luro e Independencia fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso más la inhabilitación para conducir por ocho años. Conformidad de los representantes de la familia por la resolución lograda.
El caso empezó a cobrar trascendencia pública tiempo después de haber ocurrido cuando la familia de Adolfo Fernández comenzó a reclamar que la Justicia los escuche y que se logre condenar al responsable.
La hija de Adolfo, Verónica Fernández, encabezó el reclamo por el siniestro vial que terminó con la muerte de su papá luego de ser atropellado por un colectivo de la línea 532 en Luro e Independencia el 30 de diciembre de 2016. Los primeros reclamos se centraron en que el chofer seguía conduciendo a pesar de la causa judicial abierta en su contra.
Finalmente, la semana pasada se llevó adelante el juicio contra Pablo Miguel Abrego en el Juzgado Correccional N°3 en el cual la familia de Adolfo estuvo representada por el abogado Maximiliano Orsini. En el debate, el letrado había pedido la pena de tres años y medio de prisión más diez años de inhabilitación para conducir para el acusado en tanto que la fiscalía representada por Rodolfo Moure requirió una condena de tres años de prisión.
En este marco, este miércoles el juez Jorge Luis Rodríguez dio a conocer la sentencia en la cual se condenó a Abrego a tres años de prisión de ejecución condicional -es decir no debe ir a prisión y cumplir una serie de reglas de conducta- y le impuso ocho años de inhabilitación para conducir bajo el delito de “homicidio culposo”.
“Es una pena ejemplificadora porque está destinada a un chofer que tiene una licencia profesional”, evaluó el abogado Orsini y remarcó que la calificación impuesta -sin las agravantes previstas- se produjo en el marco de la vigencia de la ley, previo al cambio introducido en 2017 cuando se agravó la escala de penas y se pasó de los seis meses de pena mínima y cinco años de prisión de máxima, a los tres como mínimo y hasta seis como máximo.
