Cuevas financieras: niegan la formación de una asociación ilícita
Así lo sostuvieron en la audiencia en la Cámara de Apelaciones los abogados de los 25 procesados en la megacausa y cuestionaron la utilización de escuchas telefónicas como pruebas. La fiscalía defendió el procesamiento de los acusados.
En el marco de una audiencia que se extendió por unas seis horas, los abogados de los 25 imputados por conformar una asociación ilícita para lavar dinero, entre los que hay responsables de casas de cambio, “arbolitos” e integrantes de “cuevas”, expusieron sus cuestionamientos a los procesamientos de sus defendidos, pidieron la revocatoria y el sobreseimiento. Por su parte, la fiscalía respaldó su investigación, y ahora deberá resolver los planteos la Cámara de Apelaciones.
La audiencia se realizó este lunes en la Cámara encabezada por los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel, y frente a ellos pasaron doce abogados de los 25 procesados: Sergio Fares, Alberto y Fabián Durotovich, Donato Lamorte, Oscar Rigano, Juan Carlos García Navarro, Jorge Tuduri, Gerardo Irigoin, Ana María De Rosa, Ana María Touriño, Daniel Fernando Peña, Andrés González Fernández, Matías González Porini, Ángel Rojas, Marcelo Velázquez, Matías Ale, Rolando Gabriel Todaro, Rubén Salitori, Carlos y Ángel Morán, Santiago Indrigo Pastore, Federico Indrigo, David Brañeiro Quiñones y Facundo Fernández Baloira.
Según informó fiscales.gob.ar, durante cada exposición las defensas cuestionaron los procesamientos de sus defendidos, pidieron la revocatoria y el sobreseimiento. En este sentido, criticaron las escuchas telefónicas como pruebas y hablaron de vínculos entre los imputados “no probados”. De esta manera, la mayoría de los abogados negó la intervención de su o sus clientes en la asociación ilícita, también adujeron que no se describió la misma ni cómo afectó al orden público; y cuestionaron la aplicación de la figura de “intermediación financiera”.
Asimismo, en las distintas exposiciones adujeron que los millones encontrados eran fondos propios y coincidieron algunos en que se afectaron garantías constitucionales. Incluso, dos de los abogados hablaron de informes “ideológicamente falsos” de la Gendarmería a cargo de las tareas de inteligencia y muchos repararon en una falta de precisiones en los hechos imputados.
En representación de la fiscalía estuvo el fiscal coordinador del distrito, Daniel Adler, acompañado por la fiscal del caso, Laura Mazzaferri. “Estamos frente a una estructura criminal aceitada que ha estado oculta, porque no había antes normativa que permita la intervención de la Justicia. Son delitos de cuello blanco”, sostuvo Adler.
Adler planteó que las casas de cambio involucradas no tenían autorización del Banco Central para las operaciones de intermediación financiera que realizaban ni las operaciones de cambio, que se realizaron “al margen de la ley”. Apoyado en un cuadro, el fiscal general habló de la estructura que sostenía la asociación ilícita que se les imputa a los acusados en esta causa.
De esta manera, marcó en una primera instancia a las agencias que “bajo fachadas legales, realizaban actividades ilegales”, como Transcambio, Jonestur y Eurocity/Intercambio, cuyos directivos quedaron implicados. En un segundo rol, dijo, están aquellas personas que llevaban dinero entre las empresas: “Había una provisión común de la masa monetaria”, señaló. En el tercer eslabón del gráfico estaban los denominados “arbolitos”, quienes actuarían con tenencia de armas y connivencia policial, de acuerdo a la investigación. “Estamos frente a una estructura perfectamente organizada”, afirmó el fiscal.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal fue –desde un comienzo- un posible vínculo de esta organización con el lavado de dinero, y así lo avaló un reciente informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), donde se habla de una “altísima probabilidad” de que este flujo de dinero sea producto del lavado. Además, como respuesta a los cuestionamientos de los abogados, Adler remarcó en relación a las intervenciones telefónicas “la necesidad de acudir a este elemento de prueba precisamente porque se está frente a criminalidad organizada, a delitos de cuello blanco”.
