A pesar de la falta de controles, buscan dejar de sancionar a las apps de transporte
Sin avances en la regulación propuesta por ella misma, la concejala Angélica González pide modificar la norma establecida en 2019 y con reiteradas críticas sobre su implementación.
A pesar de las reiteradas denuncias de falta de controles y mientras permanece sin avances el proyecto de una regulación universal del transporte, la concejala oficialista Angélica González fue más allá y propuso al Concejo Deliberante dejar de sancionar a las apps como Uber y Cabify tal como rige por ordenanza desde 2019.
En enero de 2019, el gobierno de Carlos Arroyo aprobó con amplio consenso -incluso de actuales funcionarios de Guillermo Montenegro como Santiago Bonifatti y Vilma Baragiola– la modificación de la ordenanza que penaliza al transporte ilegal incluyendo en ella a las apps multinacionales de movilidad y endureciendo las sanciones.
Si bien taxistas y remiseros -que consideran esas aplicaciones “inseguras” y también foco de competencia desleal– celebraron la sanción de esa ordenanza, lo cierto es que, a lo largo de los meses, los operativos de fiscalización por parte de agentes municipales difundidos oficialmente se fueron diluyendo hasta prácticamente desaparecer en la gestión de Montenegro.
En el medio, Cabify desembarcó en 2022 en la ciudad donde ya funcionaba Uber de manera desregulada desde 2019 y la propia González propuso hace dos años que el Concejo Deliberante empiece a regularlas para establecer una mayor paridad con los servicios autorizados, a través de la creación de un registro.
Sin embargo, esa iniciativa nunca avanzó y ahora la misma concejala relanza una propuesta para favorecer el desarrollo de las multinacionales.
Ahora, dos años después de la última iniciativa presentada y a cuatro años de la vigencia de la Ordenanza Nº 23.928, la principal argumentación de la concejala pasa por considerar que al no ser un servicio regulado “no es ilegal” y propone eliminar la mención al transporte “entre dos puntos fijos contratado a través de una plataforma y/o aplicación tecnológica y/o digital” del artículo tercero de la normativa vigente.
“Para el resto de las actividades contempladas, existe una tramite para autorizar el funcionamiento de determinado vehículo, pero para quienes quieran hacerlo mediante aplicaciones, no existe permiso ni registro para cumplimentar. Simplemente se decidió dejar a miles de trabajadores en la precariedad y los consumidores sin libertad para elegir”, argumentó al respecto el compañero de bloque, Guido García.
Además, a pesar de la precariedad de las contrataciones que suelen ofrecer las plataformas digitales, González la comparó con las apps de delivery como PedidosYa y Rappi, y afirmó que “favorecen una salida laboral o ingreso adicional muy importante en el contexto económico actual, debido a que permite la actividad en cualquier momento del día”.
