Choferes fantasmas: tras más de cinco años, la causa todavía espera el juicio
La causa está radicada en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Esta semana murió uno de los procesados, Juan Inza padre.
Si bien ya pasaron más de cinco años desde que se efectuaron las primeras denuncias y se inició la investigación y hace un año que el caso fue elevado a juicio al dar por clausurada la etapa de instrucción, la causa conocida en Mar del Plata como “choferes fantasmas“ -en relación a la maniobra de dar de alta como supuestos trabajadores a desocupados para estafar al Estado en unos $16 millones con el cobro de subsidios por parte de las empresas que monopolizan el servicio de colectivos en la ciudad- sigue a la espera de definiciones y de llegar, justamente, al debate oral. Esta semana, mientras avanza lentamente el trámite judicial, murió uno de los imputados: Juan María Inza Irisarri, padre de quien hoy tiene a cargo las empresas, por lo que quedan tres empresarios y un contador procesados.
A principios de diciembre de 2020, y tras dos años de espera en torno a un relevante informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, la Fiscalía Federal Nº1 de Mar del Plata pidió que el empresario Juan Inza -que prácticamente monopoliza el sistema de colectivos en la ciudad- vaya a juicio oral junto a otros tres empresarios y a un contador en el marco del escándalo de los “choferes fantasmas”. Algunas semanas después el juez Santiago Inchausti elevó la causa juicio.
Desde ese momento, con restricciones y demoras de por medio por la pandemia, la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y hasta el momento, según informaron fuentes judiciales a Qué digital, se avanzó con el ofrecimiento de prueba a utilizar en esta instancia por parte de la fiscalía general a cargo de Juan Manuel Pettigiani, en tanto se aguarda que el resto de las partes haga lo propio, entre ellas las querellas representadas por el Ministerio de Transporte de la Nación y algunas de las víctimas y la defensa de los acusados.
Por su parte, esta semana se conoció el fallecimiento de uno de los acusados, Juan María Inza Irisarri, padre de quien hoy tiene a cargo la mayoría de las empresas de colectivos de Mar del Plata (25 de Mayo, 12 de Octubre, Peralta Ramos y El Libertador) como “apoderado” o “gerente” , Juan Inza Decaux. Los otros procesados que esperan el juicio son Diego Basílico (por la empresa Peralta Ramos), Carlos Málaga (gerente de la 25 de Mayo) y Federico José Pomero (contador). Por su parte, en el caso de José Alberto Ferraresi se dispuso la extinción de la acción penal tiempo atrás por fallecimiento, lo mismo que ocurrirá con Inza padre.
“Estamos esperando que se fije fecha para el juicio oral y público, para que se repare a las víctimas y que se devuelva al dinero. Estamos buscando una condena para un caso que es paradigmático y que las víctimas tengan una reparación”, sostuvo esta semana el abogado impulsor de las primeras denuncias, Julio Hikkillo, en diálogo con radio Residencias (96.5). En ese sentido, dijo que todavía siguen en la búsqueda de personas que aún puede que ni se hayan enterado de que sus nombres fueron utilizados por los empresarios para “inflar” la cantidad de choferes y así conseguir mayores subsidios del gobierno nacional.
Desde julio de 2017 Juan Inza y los otros acusados -que pese a este escándalo mantienen en sus manos la concesión de prácticamente todos los servicios de colectivos de Mar del Plata y siguen recibiendo subsidios- se encuentran procesados por haber defraudado al Estado nacional al falsear declaraciones juradas en las que figuraban 357 empleados en blanco que nunca fueron contratados para el cobro de más de $16 millones en conceptos de subsidios entre enero, febrero y marzo de 2016. Desde mayo de 2018 ese procesamiento se encuentra confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones.
En su pedido de elevación a juicio la fiscal Laura Mazzaferri destacó no sólo el cariz económico de la maniobra defraudatoria millonaria para las arcas del Estado Nacional, sino también el perjuicio que ello causó a las personas vulnerables que fueron inscriptas fraudulentamente como empleados, quienes dejaron de percibir asignaciones y beneficios sociales del Estado.
De manera paralela, la Justicia tramita otra causa que tiene como objetivo determinar la ruta del dinero con motivo de la defraudación millonaria al Estado nacional.
La denuncia en el fuero federal fue realizada a inicios de 2017 por el Ministerio de Transporte de la Nación y a ella luego se acumuló la investigación originada un año antes en la Fiscalía de Delitos Económicos de la Justicia provincial y que llevó adelante el fiscal Fernando Berlingeri por estos mismos sucesos surgidos ante denuncias de desempleados -representados por la Casa de Trabajador- que vieron cómo se les daban de baja las ayudas sociales del Estado a partir de figurar como trabajadores en relación de dependencia pese a no estarlo.
En general, tal como publicó este medio en el origen de la investigación, se trataba de personas que habían dejado currículums en búsqueda de trabajo en esas empresas y que, en buena parte, se encontraban desocupadas, o bien en el caso de aquellos que sí se desempeñaban en estas empresas no lo hacían de manera registrada ni en la categoría de choferes.
Los investigadores detectaron que los empresarios provocaron un perjuicio patrimonial millonario a la administración pública de alrededor de $ 16.209.680,47.
