Agroquímicos: tras la resolución de Vidal, una acción ante la Corte
Trabajadores, gremios y vecinos interpusieron una acción ante el máximo organismo provincial para que se declare inconstitucional una resolución del Ministerio de Agroindustria, regresiva en cuanto a la aplicación de sustancias.
En el marco de las numerosas críticas tras la resolución 246/18 del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires -que flexibiliza las condiciones para la aplicación de agroquímicos en territorio bonaerense- trabajadores, gremios y vecinos interpusieron una acción ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires con el objetivo de que se declare su inconstitucionalidad.
Según entendieron, la resolución conculca “derechos fundamentales” y en el caso del Partido de General Pueyrredon es “violatoria de la normativa vigente y del espíritu de protección y progresividad”, teniendo en cuenta la medida cautelar vigente dictada por el máximo organismo provincial, que prohíbe la aplicación de sustancias a menos de mil metros de núcleos poblacionales.
Al respecto, desde la Casa del Trabajador -uno de los organismos que impulsan la acción, en conjunto con trabajadores rurales, gremios que nuclean a esos trabajadores, padres y madres de alumnos de escuelas rurales y vecinos afectados por las fumigaciones-advirtieron acerca del impacto de esta resolución, que desde su entrada en vigencia ha despertado numerosas críticas por su carácter regresivo, contrario a lo que se había logrado avanzar.
En ese contexto, solicitaron que en función del afectamiento del “orden público ambiental y del derecho a la salud y medio ambiente sano” se ordene la suspensión de la resolución en el Partido de General Pueyrredon y en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, “hasta tanto el Estado provincial, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”.
Para quienes impulsaron la presentación, es necesario que el gobierno de María Eugenia Vidal ponga el acento en la prevención de los daños. Y por eso, solicitan se realice “una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”.
Los reclamos de vecinos y vecinas se suceden en Mar del Plata (Foto: archivo / QUÉ Digital)
“A tal fin –se continúa en la presentación- deberá efectuar una declaración de impacto ambiental previo a la aplicación de la resolución atacada y una campaña de formación, información y capacitación de la población respecto a las buenas prácticas en el uso de agrotóxicos y/o productos fitosanitarios, todo ello debido a que la entrada en vigencia intempestiva de esta resolución y la posibilidad de fumigar sin respetar una zona mínima de seguridad pone en riesgo nuestra salud y la de todos los habitantes de la Provincia y el medio ambiente”.
LA SITUACIÓN EN MAR DEL PLATA Y LAS CONSECUENCIAS A LA VISTA
La resolución en cuestión entró en vigencia el 1 de enero en la Provincia y el texto hace referencia a las zonas de amortiguamiento en la aplicación de agroquímicos, pero no brinda especificaciones en cuanto a las distancias para la utilización de sustancias, más allá de prohibir la fumigación en horario escolar, lo que de alguna forma implica que “se reconoce implícitamente la toxicidad” de dichos productos.
En cuanto a la presentación judicial, desde la Casa del Trabajador repasaron la situación en Mar del Plata, donde desde septiembre de 2014 rige una cautelar dictada por la Suprema Corte de Justicia que suspende cinco artículos clave de la Ordenanza N° 21.296 y, por lo tanto, prohíbe la fumigación a menos de mil metros de plantas urbanas en todo el Partido de General Pueryrredon. La norma que establecía este último punto fue modificada en su momento por el Concejo Deliberante, que decidió reducir la distancia a sólo cien metros, y ahí llegó la intervención de la Justicia.
En ese marco, advirtieron que a partir de la entrada en vigencia de esta resolución, esta situación “se encuentra agravada y las fumigaciones se están efectuando en forma indiscriminada en proximidades de barrios, escuelas, reservas, pozos de agua, criaderos de aves y sin ningún tipo de control”. Y así, cuestionaron que se haya generado “confusión en el marco de legalidad para que las fumigaciones se desarrollen en zonas hasta ahora prohibidas o protegidas”.
Tras advertir las falencias del Estado a la hora de abordar la problemática -“no se pude ignorar que el uso de agroquímicos es una actividad riesgosa para la salud y el medio ambiente”-, quienes impulsaron la presentación judicial también cuestionaron el hecho de que se habilite una resolución de estas características “sin efectuar ningún tipo de estudio previo para determinar el impacto de esta medida”.
Finalmente -y tras enumerar jurisprudencia, resoluciones judiciales y estudios científicos que dan cuenta acerca de la necesidad de regular y reducir la de aplicación de agroquímicos ante las consecuencias en la salud y el medio ambiente-desde la Casa del Trabajador enfatizaron: “Se exigen pruebas científicas de afectación -cuando en realidad quienes pulverizan deberían demostrar que no enferman o matan– pero en cuanto el material técnico aparece, la evidencia rápidamente resulta descartada”.
“Con la resolución se elimina la zona de seguridad y se establece una zona única y genérica como de amortiguación sin mayores precisiones, poniendo en riesgo la salud y el medio ambiente; la salud de niños, docentes y demás personal, mientras van o vienen de sus casas al trabajo es ignorada, al igual que el poder residual de los agroquímicos”, completaron.
