Alquileres: la Defensoría del Pueblo pidió que se prorrogue el congelamiento
El organismo bonaerense solicitó al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que aplace la medida que tiene vigencia hasta el 31 de marzo pero que no sería prorrogada.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires se sumó a los reclamos de inquilinos e inquilinas para que el gobierno nacional extienda una vez más el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos vigentes al menos hasta el 31 de marzo y que, según trascendió, no serían prorrogados.
A través de declaraciones mediáticas, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anticipó semanas atrás que no se prorrogaría el decreto que se estableció por primera vez hace un año atrás cuando comenzaba la crisis sanitaria del coronavirus que agudizó los problemas económicos vigentes y puntualmente en lo que respecta al acceso a la vivienda.
A la espera de decisiones formales y oficiales, lo trascendido despertó malestar de agrupaciones de inquilinos como “Inquilines Mar del Plata”, que además de no observar mejoras claras en la situación económica de las familias, tampoco observan un abordaje de fondo a la cuestión.
Según explicaron desde la Defensoría, le solicitaron puntualmente a Ferraresi “que aplace los términos del decreto 320/20 y sus prórrogas“, pero también hicieron lo propio ante la Legislatura Bonaerense, a quien le pidieron que dé tratamiento a una iniciativa que extienda los plazos de la Ley 15.172 que adhiere a la normativa nacional y también rige hasta el 31 de marzo.
Además, a través de la Secretaría de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría, el organismo que conduce Guido Lorenzino acompañó una declaración hecha por organizaciones, legisladores e instituciones que integran el Consejo Provincial de Hábitat de la Provincia para que se mantenga lo dispuesto por estas medidas.
En la presentación realizada por organizaciones de inquilinos e inquilinas, pusieron de relieve la “honda preocupación por la situación de los hogares inquilinos y de quienes habitan en villas y asentamientos” ante el vencimiento de las disposiciones adoptadas al inicio de la pandemia para garantizar la vivienda.
“Prorrogar la vigencia de las disposiciones que protegen a las familias que alquilan y que habitan en asentamientos informales resulta indispensable para contar con un plazo para abordar salidas a la crisis habitacional profundizada por la pandemia”, expresó Lorenzino.
