Alquileres: un “protocolo de alerta temprana” frente al temor a una “ola” de desalojos
Con el inminente fin del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos, una resolución del gobierno nacional apunta a elaborar mecanismos de mediación.
Tal como se conoció a través de declaraciones mediáticas, el gobierno no prorrogará nuevamente el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos, a pesar de los pedidos de las asociaciones de inquilinos e inquilinas que temen por una “ola” de desalojos. Es en ese marco que este viernes se anunció la elaboración de un “protocolo de alerta temprana” a través del cual el gobierno nacional busca mediar y contener de alguna manera la situación que desencadenará el descongelamiento.
La resolución fue tomada por parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación a cargo de Jorge Ferraresi, aunque será la Secretaría de Desarrollo Territorial de Luciano Scatolini el área que estará a cargo de elaborar e implementar el “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”.
A la espera de mayores detalles sobre el protocolo, en declaraciones a la agencia Télam, Scatolini adelantó que el protocolo estará enfocado en “caracterizar el universo de desalojos posible, y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales”.
Asimismo, anticipó que se prevé realizar un relevamiento de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, haciendo foco en las situaciones de mayor vulnerabilidad, también a la hora de ofrecer soluciones habitacionales.
De todas maneras, Scatolini admitió que con la elaboración del protocolo están “trabajando sobre datos muy inciertos aún y una situación económica angustiante”.
Además, entre sus artículos, la Resolución 88/2021 ministerial establece que se convoque para la elaboración del protocolo a los organismos nacionales y provinciales pertinentes a suscribir “convenios de cooperación con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre la existencia de sentencias judiciales de desalojo”.
También se instruye a la Secretaría a “coordinar acciones de colaboración y cooperación” con las provincias y municipios en torno a las viviendas estatales, para abordar cuestiones habitacionales. Al respecto, el Ministerio anticipó que establecerá los criterios de “prioridad” a la hora de destinar esos recursos, según factores como familias monoparentales, violencia de género, personas con discapacidad, entre otros.
Esta semana desde la Federación de Inquilinos Nacional, además de impulsar acciones de protesta en numerosas ciudades, formalizaron la presentación de una carta el presidente Alberto Fernández y a Ferraresi, donde con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo ratificaron su pedido y necesidad de que se extiendan los términos del Decreto 320/2020 que congela alquileres y suspende desalojos.
Como vienen remarcando estas organizaciones, en la nota también pidieron que se establezca de cara a un futuro descongelamiento un plan de desendeudamiento progresivo y accesible, teniendo en cuenta que la situación económica lejos está de haberse estabilizado.
En la nota pusieron foco en el peligro de que familias “queden en la calle en el advenimiento de una segunda ola” para lo cual, la extensión del decreto sería la única salida inmediata a una situación que aún no fue abordada de fondo a pesar del paso del tiempo: “Además de ser la única forma de frenar una ola de desalojos, debe servir para conocer cuántos hogares están endeudados, cuántos hicieron uso del decreto para prorrogar el contrato, cuántos tienen sentencia de desalojo”, marcaron. Es decir, las acciones que planea llevar adelante el gobierno, pero con las familias cubiertas.
