Inquilinos de Mar del Plata piden que el gobierno extienda el decreto de alquileres
Tras la prórroga, este 31 de enero vence la medida que suspende desalojos y congela alquileres. Buscan “defender el derecho a la vivienda y a un alquiler justo”.
Inquilinos e inquilinas de Mar del Plata y otras regiones del país piden que se extienda el decreto de alquileres que se vence el próximo 31 de enero, medida incluye la suspensión de desalojos, el congelamiento de los alquileres y el plazo de vigencia de los contratos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
“Estamos pidiendo la extensión del decreto 320/2020, y también queremos que haya créditos para los inquilinos. En Mar del Plata hay personas que en este tiempo acumularon deuda, entre 150.000 a 250.000 pesos y no pudieron pagar los alquileres”, afirmó para Qué digital Belén, una inquilina que integra la organización de “Inquilines autoconvocades“ en Mar del Plata.
Sin dudas que la pandemia de coronavirus expuso la situación que atraviesan millones de personas en todo el país que alquilan la casa o departamento en el que viven. “Hubo personas que perdieron trabajo, disminuyeron los ingresos y crecieron las deudas”, expuso la marplatense e invitó a sumarse a través de las redes sociales. Como consecuencia, distintas agrupaciones y organizaciones coincidieron en que el Estado tiene que continuar impulsando políticas públicas para garantizar el derecho a tener una “vivienda digna y a un alquiler justo”.
Con respecto a la situación que atraviesan inquilinos e inquilinas en la ciudad, Belén planteó que en Mar del Plata hay “muchas casas vacías y familias que no tienen un lugar donde vivir“. Por lo cual, exigen que el Estado garantice herramientas para que se revierta esta realidad.
Ante esta situación, desde Mar del Plata vecinos y vecinas están articulando redes con otras provincias para que los reclamos lleguen a nivel nacional. Según un relevamiento que realizaron las distintas organizaciones en todo el territorio nacional, actualmente existen 1,5 millones de hogares con deudas. A esto, se suma que un 70% de las personas que alquila una vivienda también tiene deudas en materia de servicios.
“La experiencia de estos meses, demostró que el decreto es beneficioso para millones de familias, pero también que su plena y estricta implementación requiere de un órgano de aplicación, ya que nos consta que el acatamiento de esta norma fue parcial”, establecieron a través de un comunicado.
Frente a esta situación, le piden de forma urgente al Ministerio de Hábitat y Vivienda de la Nación que extienda el decreto 320/2020 que después de sucesivas prorrogas finaliza el 31 de enero. Si finaliza el decreto, afirmaron que se podrían efectuar desalojos por lo tanto quedarían “viviendas vacías y familias en la calle”.
“Creemos que el decreto estableció un piso para defender los derechos de los inquilinos e inquilinas”, reconocieron y en esta misma línea agregaron: “No dejamos de manifestar la urgente necesidad de avanzar en la elaboración y ejecución de políticas públicas que den respuestas a los problemas de fondo”. En este sentido, graficaron que vieron vulnerados sus derechos en el transcurso de estos años por la “lógica especulativa del mercado”, y en muchos casos durante la pandemia se profundizó. El estado de alerta creció en los últimos días ya que se acerca la finalización de la vigencia del decreto, y resaltaron que “la situación de los inquilinos e inquilinas se sigue agravando”.
Entre las exigencias, proponen que el gobierno nacional avance y brinde respuestas como la implementación de un “Fondo nacional de alquileres covid-19” para ofrecer soluciones a inquilinos e inquilinas que están con deudas. También piden que se incorpore el valor de los alquileres en la canasta básica del Indec. Por otro lado, exigen que haya política de relevamiento de datos, limitación en los valores de alquileres, reglamentar el programa “Alquiler Social” e implementar mesas de trabajo sobre vivienda y urbanismo, entre otros temas.
LA PRÓRROGA, “EN EVALUACIÓN”
Por último, desde un conjunto de organizaciones de inquilinos e inquilinas vienen pidiendo sin éxito una audiencia con Jorge Ferraresi, ministro de Hábitat y Vivienda de la Nación, para poder compartir estas preocupaciones y propuestas de trabajo. “Esperamos tener una pronta respuesta ya que la situación de millones de personas se agrava día a día y exige urgentes respuestas”, concluyeron.
Mientras tanto, el gobierno nacional deslizó que analiza la posibilidad de dar forma a una nueva reglamentación para extender la vigencia del decreto. Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat informaron a la agencia oficial Télam que la prórroga “se está evaluando” y que “se está trabajando en conjunto con Jefatura de Gabinete en la reglamentación”, aunque sin brindar más precisiones sobre cuál puede ser el nuevo plazo de vigencia.
