Docentes se declararon en alerta contra el impacto de la ley “ómnibus”
Mientras se debaten las reformas de Milei, la Ctera advirtió por “los ataques a la educación pública y a los derechos de la docencia”.
Mientras se trata en la Cámara de Diputados de la Nación el paquete de reformas regresivas del Estado impulsadas en la ley “ómnibus” por el gobierno de Javier Milei y sus colaboradores, docentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) se declararon en “estado de alerta” contra los retrocesos que plantea el proyecto.
Mientras la presión empresarial, gremial y política derivaron en el quite del capítulo pesquero del dictamen de mayoría de la ley “ómnibus” en tratamiento, la Ctera que nuclea a diversos sindicatos docentes bonaerenses y del resto del país también piden que se retire el capítulo dedicado a reformas que atentan tanto contra la intervención estatal y el derecho a huelga del sector educativo.
En un comunicado apuntaron contra dos reformas educativas puntuales planteadas en el proyecto: por un lado, la “eliminación” de la participación de la Secretaría de Educación de la Nación y de la Ctera en la Paritaria Nacional Docente. “Un total despropósito que desvirtúa el sentido de esta instancia de negociación colectiva”, calificaron en torno al texto incluido en el artículo 391 donde por ejemplo se otorga mayor poder al Consejo Federal de Educación, es decir, a las provincias, por sobre los gremios y el gobierno nacional.
Además, advirtieron que la eliminación de la instancia de participación “devendría en la destrucción del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y del Fondo Compensador, de los fondos para construcción de escuelas, equipamiento, Conectar Igualdad, Educ.ar, comedores y recursos para la formación docente permanente”, enumeraron.
Asimismo, señalaron su rechazo “enfático” al intento por definir a la educación como un “servicio esencial“, lo cual conllevaría serias limitaciones el derecho a huelga. “Esta medida abre las puertas a la privatización, ya que la educación dejaría de ser un derecho social para pasar a ser un servicio más, que se presta y, por lo tanto, que se puede comprar y vender“, consideraron.
Este punto específico fue incluido -además de estar en el artículo 383 de la ley “ómnibus”- en el “decretazo” de Milei, puntualmente en el artículo 97 del DNU 70/2023 donde se establecen “servicios esenciales” que deben garantizar prestaciones mínimas no menores a un 75% a la prestación normal.
Por último, recalcaron que este tipo y cantidad de reformas “no puede ser tratado en sesiones extraordinarias” ya que sostienen que requieren un “debate profundo” y con participación de los sectores comprometidos.
“La educación es un tema muy importante como para ser sometido a una reforma en tratamiento exprés. Exigimos respeto institucional democrático para iniciar un debate serio sobre toda la problemática educativa en nuestro país”, cerraron.
