Una concentración en Mar del Plata en apoyo a Cristina Kirchner
La protesta se realizó en medio de las denuncias de “persecución judicial y mediática” por el juicio en el que se pidieron 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para la vicepresidenta.
Una concentración en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se llevó adelante este martes a la tarde en el centro de Mar del Plata, tal como ocurrió este lunes a la noche frente a su casa de la Ciudad de Buenos Aires luego de que se conociera el pedido de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos realizado en el marco del juicio en el que se acusa desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública de Santa Cruz y que tanto la expresidenta como el gobierno nacional calificaron como parte de una “persecución judicial y mediática”.
A través de una convocatoria que empezó a circular por las redes sociales, la concentración se inició pasadas las 17.30 en la Diagonal Pueyrredon y Belgrano, frente al edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, como representación del Poder Judicial. Participaron referentes del peronismo local y de organizaciones afines al gobierno nacional, autoconvocados e integrantes de organismos de derechos humanos, entre otros.
Las consignas que formaron parte de la jornada de apoyo a la vicepresidenta y se vieron en carteles y banderas fueron, entre otras, “Ni un paso atrás”, “Todos con Cristina” y “Con esta Corte no hay justicia”. Además, hubo banderas argentinas, bombos y trompetas.
La manifestación surgió en medio de las denuncias de persecución e intento de proscripción a partir del juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, encabezado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Es que este lunes el titular de la Fiscalía General N°1 de la Capital Federal, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante Sergio Mola pidieron condenas de entre dos años de prisión en suspenso y doce años de prisión para los acusados bajo la acusación de desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública de la provincia de Santa Cruz.
La pena más alta fue solicitada para la vicepresidenta de la Nación y para el empresario Lázaro Báez, en tanto que el resto de los pedidos alcanzaron a once exfuncionarios, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López.
Para el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pedido incluyó también la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. También la fiscalía pidió el decomiso de más de 5,3 mil millones de pesos entendido como el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado.
En la previa del pedido de la pena, Cristina Kirchner había solicitado a los jueces poder ampliar su declaración al acusar al fiscal de haber introducido elementos que no habían sido considerados en el requerimiento de elevación a juicio, como mensajes extraídos del celular de José López, pero ese pedido fue denegado y sólo podrá dar sus últimas palabras -derecho conferido a todos los acusados en un juicio- una vez que terminen los alegatos de cada una de las defensas que se iniciarán el 5 de septiembre.
Como respuesta a ello, este martes a la mañana la vicepresidenta habló a través de sus redes sociales, aseguró que se está enjuiciando “al peronismo y a los gobiernos populares”, dijo que en el debate “nada fue probado” y acusó a los fiscales de no investigar comunicaciones telefónicas entre José López y el empresario Nicolás Caputo, amigo del expresidente Mauricio Macri.
Este lunes, mientras se escuchaba el tramo final del alegato fiscal, funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y dirigentes del Frente de Todos expresaron su solidaridad con la vicepresidenta, apuntaron contra un “hostigamiento político, judicial y mediático” y acusaron que el juicio tiene el fin de “proscribir” o “condicionar políticamente” a la expresidenta.
En el mismo sentido, el gobierno nacional emitió un comunicado en el que “condenó la persecución judicial y mediática”. “Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno”, sostuvo la comunicación y sumó que se está ante “una búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la Justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.
