Casita Azul: piden incluir la expropiación en el Presupuesto

La Cámara de Diputados provincial aprobó la solicitud realizada por la legisladora marplantese Alejandra Martínez teniendo en cuenta que el año que viene la ley podría quedar sin efecto.

(Foto: archivo / QUÉ Digital)

En el marco de las acciones desarrolladas teniendo en cuenta que en abril de 2019 la ley provincial que dispuso la expropiación de la Casita Azul –el histórico prostíbulo de Mar del Plata ubicado en 20 de Septiembre 57 que fue clausurado hace años- puede caer en abstracto a partir de la falta de avances del Estado bonaerense en el trámite que implica el pago a sus propietarios, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó la solicitud para que se incluya en el Presupuesto 2019 el monto correspondiente para materializar y hacer efectivo lo establecido por la ley.

El proyecto aprobado fue impulsado por la diputada del Frente Amplio Justicialista, Alejandra Martínez, y busca que a partir de la proyección presupuestaria necesaria termine de concretarse el proceso de expropiación de la denominada “Casita Azul” para que se convierta en un centro marplatense de la memoria y lucha contra la trata de personas.

En ese sentido, la legisladora bonaerense recordó que “la ley de expropiación se aprobó en abril de 2014 con un amplio apoyo de todos los bloques políticos pero nunca se asignaron los recursos correspondientes para aplicarla íntegramente”.

La legisladora marplatense sostuvo que “el Estado debe hacerse cargo de la historia de ese lugar y del mantenimiento de lo que esperamos que sea un espacio de memoria y contención para todas las mujeres que lo necesitan”.

A su vez, consideró que “no se trata de sacarse fotos con un cartel o decir frases de ocasión sino de pensar políticas sostenidas en el tiempo y con presupuesto suficiente para hacerse cargo de esta problemática que empeora cada día”.

EL CAMINO DE UNA EXPROPIACIÓN A MEDIAS

El proyecto para expropiar la Casita Azul fue presentado por los diputados marplatenses Pablo Farías (GEN) y Fernanda Raverta (Frente para la Victoria) con el impulso de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas. Fue elevado tras distintos debates promovidos desde el 2009 por una serie de denuncias presentadas por distintas organizaciones sociales que motivaron allanamientos en el lugar, en los que se encontró a una veintena de mujeres dominicanas y paraguayas que eran traídas a Mar del Plata a través de engaños para ser prostituidas. En 2010, el lugar quedó clausurado definitivamente.

La causa judicial llegó a un juicio abreviado en el 2012. El Tribunal Oral Federal decidió condenar a cuatro años de prisión a Graciela del Valle Carabajal, Eduardo Adolfo Muelas y Marcelo Luciano Muelas, por “trata de personas agravada, explotación económica de la prostitución y administración de casa de prostitución”.

Con el tiempo, el proyecto de expropiación avanzó en la Legislatura bonaerense, en abril del 2014 se convirtió en ley y luego fue promulgada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por entonces a cargo de Daniel Scioli. Sin embargo, uno de los puntos más sobresalientes del proyecto implicaba que “el bien junto a sus instalaciones serán transferidos al dominio de la Municipalidad de General Pueyrredon, para ser afectados al funcionamiento del Centro Marplatense de la Memoria y lucha contra el delito de trata de personas”.

Ese punto no avanzó ni en el gobierno anterior ni en el actual. Es que para que el Municipio tome posesión del inmueble, primero la Provincia debe hacerse cargo del pago de un dinero a los antiguos dueños, el cual estaría afectado por las deudas que presentaba la propiedad.

En octubre de 2015, el lugar fue tomado por una familia, y luego de haberlos retirado se sucedieron numerosos pedidos de informes legislativos tanto a nivel local como provincial con el objetivo de que avance el trámite de la reclamada expropiación. Incluso durante la última campaña electoral local candidatos a concejales debatieron en la vereda del inmueble acerca de la acciones a realizar respecto a la trata de personas.

Lo cierto es que el actual estado de abandono del lugar significa un problema para el barrio donde se emplaza, dado que está en pésimas condiciones sanitarias. Además, a fines de 2017, ante el intento de venta por parte de una inmobiliaria local, la Mesa llevó adelante una acción frente al inmueble en la que se colocó un letrero que aclara que el lugar “no se vende”.