Brandon Romero: gatillo fácil, “desborde subjetivo” del fiscal y “cinco mentiras”
A través de un extenso escrito, la familia del joven panadero asesinado de al menos siete balazos por un policía argumentó su pedido de elevación a juicio.
Considerar su homicidio como un caso de gatillo fácil en medio de una “emboscada”, calificar el pedido de sobreseimiento del policía Pedro Arcángel Bogado como “absurdo” frente a un “desborde subjetivo” del Ministerio Público Fiscal y “cinco mentiras” en las declaraciones del subteniente que asesinó de al menos siete balazos a Brandon Romero, son solo algunos de los puntos de la extensa requisitoria a través de la cual la familia del joven asesinado de al menos siete disparos el 5 de julio pidió al Juzgado de Garantías N°2 la elevación a juicio de la causa.
Luego del pedido de sobreseimiento presentado por la fiscalía a cargo de la instrucción y avalado por la Fiscalía General a cargo de Fabián Fernández Garello, el abogado de la familia, César Sivo, presentó formalmente el requerimiento ante el juzgado a cargo de Saúl Errandonea, en el que solicita que se eleve la causa a juicio bajo la acusación del policía por el delito de homicidio agravado por haberlo cometido abusando de su función como policía y sin descartar la aplicación del agravante por el uso de arma de fuego.
A partir de ello, el juez Errandonea deberá decidir si más allá de la postura de la fiscalía y el requerimiento del particular damnificado, la causa merece ser elevada a juicio oral. Hasta tanto, tendrá para analizar una presentación cargada de definiciones sobre el gatillo fácil y diferencias tajantes con el modo en que se realizó la instrucción del hecho por parte del Ministerio Público Fiscal, encabezado por Alejandro Pellegrinelli, que definió el hecho como un caso de “legítima defensa” en el marco de un intento de robo.
LOS HECHOS
El 5 de julio de 2020, Brandon Romero asistió a una “juntada” y se fue de ella a la madrugada a bordo de una moto con un joven al que conoció en el lugar, y detrás de ellos salió otra moto con tres jóvenes a bordo. La primera de las motos, con Romero a bordo, pasó alrededor de las 6.30 por la rotonda de Tarantini y Ruta 226. Segundos después, la que los secundaba.
De acuerdo a la versión expuesta por el abogado Sivo, estos últimos tuvieron un “encontronazo” con Bogado en la propia rotonda donde, según el policía, lo amenazaron con robarle la moto en la que circulaba, pero según afirma la familia en base al testimonio de sus protagonistas, estuvieron a punto de chocar y perdieron el control de la moto, por lo cual discutieron de manera encendida con el oficial.
Tras ese altercado, uno de los tres jóvenes habría disparado unas tres veces al aire mientras Bogado se iba del lugar, presuntamente con el objetivo de “intimidarlo”. Según esta reconstrucción del particular damnificado, metros después, al llegar a una zona oscura, Bogado estacionó la moto a contramano, tiró las llaves y esperó agazapado en el kilómetro 6 de la ruta y desenfundó su arma reglamentaria. Pero la moto que volvió a pasar por el lugar seis minutos después no fue la que había “amenazado” al policía, sino aquella en la circulaba Brandon Romero con otro joven, quienes estaban regresado camino a la rotonda desde provenían los disparos.
En ese sentido, el abogado Sivo relató que Romero se bajó al ver la moto sola y presentir que “había pasado algo” al verla estacionada a un lado del camino. Allí remarca que fue sorprendido por Bogado, que a pesar de que estaba desarmado, vació su cargador compuesto de entre 11 y 13 balas y siete de ellas dieron en el cuerpo del joven panadero, quien quedó tendido sobre el asfalto, fue arrollado por al menos dos autos y murió. En el lugar, según lo expuesto, sólo se hallaron vainas del arma reglamentaria del efectivo.
GATILLO FÁCIL, ROL DEL ESTADO Y UN PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO “ABSURDO”
En su presentación, Sivo hace foco entre los primeros puntos, que el caso corresponde con un hecho de violencia institucional -puntualmente gatillo fácil- y como tal, el Estado tiene como obligación “investigar y juzgar” estos hechos para no recaer en un nuevo episodio de violencia institucional, esta vez “simbólica”.
Al respecto, agregó que aún restan llevarse a cabo diligencias en la investigación antes de arribar a cualquier conclusión, como puede ser dictar el sobreseimiento de Bogado tal como lo solicitó la fiscalía, y que dichas medidas de instrucción suplementaria ya fueron solicitadas por la familia, y “denegadas o dilatadas” por el fiscal. Incluso, apunta que el fiscal adoptó “en un todo la declaración del propio imputado” a pesar de presentar contrastes con algunas de las pruebas de la causa.
“La valoración en conjunto que debió efectuarse respecto a todos los elementos probatorios por ahora reunidos, ponderados en su totalidad, de ninguna manera autorizan a desvincular definitivamente a Bogado de esta causa“, expuso Sivo, y advirtió que incluso desvincularlo mediante la figura de legítima defensa “requiere elementos probatorios positivos, no ausencia de los mismos”.
DISCURSOS ESTIGMATIZANTES, IMPULSO DEL GATILLO FÁCIL ¿Y DE LA FISCALÍA?
Para que exista violencia institucional, es indispensable la existencia de prácticas y discursos que estigmatizan y segregan, y para Sivo ese fue -desde el inicio- el motor de la investigación de la fiscalía en un caso que, asegura, está viciado de perspectivas “discriminatorias” al tratarse de la víctima un “pibe de barrio” con códigos sociales propios de un hogar de clase trabajadora y de una territorialidad marcada por la marginación, lo que para los instructores pareciera transformarlo “explícitamente” en un sujeto peligroso.
Partiendo de esa base, para Sivo la investigación se nutrió de preconceptos y la fue condicionando, desde las entrevistas al acusado, desde el “hacer propio” el discurso del oficial o enmarcar el hecho desde el principio dentro de un contexto de robo con el cual el acusado “esgrime cómodamente” la “carta de la legítima defensa”.
En este punto, el patrocinante se explayó sobre la situación que rodea al joven que iba en la moto con Romero, único testigo de lo sucedido. Al respecto, Sivo reiteró, tal como explicó previamente a Qué digital, que el fiscal “abusó de la discreción investigativa” al no incluir su versión de los hechos en la causa al haberlo imputado por intento de robo (se negó a declarar en ese marco) e impidiendo que la familia pueda aportar datos que impulsen a la pesquisa.
En ese sentido, Sivo habla de un “desborde subjetivo” del fiscal que a su entender se evidencia, por ejemplo, en una pregunta que citó en la cual el fiscal consultó a Romina Vergara, madre del joven acribillado, si sabía que uno de los jóvenes que circulaba en la otra moto formaba parte de una familia “que vende droga en el barrio Libertad”, datos que, para el letrado, no son conducentes a resolver los motivos por los cuales Bogado acribilló a su hijo.
También lo contrastó con “absurdos” pedidos de la defensa de Bogado a los que sí accedió el fiscal mientras se sucedían “rechazos sistemáticos” a las requisitorias del particular damnificado: por ejemplo, peritar la cuenta de Facebook de Brandon Romero y puntualmente el contenido de los “memes” que compartía el joven asesinado con algún tipo de “resentimiento” hacia la Policía.
“Claro está que desde el comienzo de la investigación, entonces, el Ministerio Público Fiscal ha direccionado todas sus energías a obtener el sobreseimiento de Bogado y demonizar a la víctima, presentándola como un sujeto asesinable“, apuntó el abogado.
LA VERSIÓN DE LA FISCALÍA Y LA VERSIÓN DE LA FAMILIA
En cuanto a la versión de los hechos sostenida por los fiscales en su pedido de sobreseimiento, Sivo reparó en la “inexistencia” de la legítima defensa e hizo referencia a un Bogado que de manera planificada, al colocarse en “posición estratégica” esperando a los jóvenes frente a una situación en la que, para Sivo, además de la ausencia de vainas de armas que no sean la reglamentaria y que corroboren disparos en su contra, tampoco hubo una amenaza concreta.
Con respecto al relato de Bogado sobre dos presuntos intentos de robo como parte de un “raid delictivo” de las dos motos, el letrado sostiene que se trata de un relato contrastable con lo que muestran las cámaras del COM, algunas de las cuales incluso la propia fiscalía descartó.
En este punto, además de explicar la existencia de una “desconexión” entre las dos motos (dado que aquella en la que circulaba Romero continuó su marcha en todo momento mientras circulaba por la rotonda, dejando atrás a los tres jóvenes y Bogado), lamentó que no se pueda saber a ciencia cierta qué quisieron hacer efectivamente los ocupantes de la otra moto al tener el “encontronazo” con Bogado, debido a una “tendencia incriminadora del fiscal” que no permitió la recepción de esos testimonios. De todas maneras, para el abogado no hay pruebas que muestren que el supuesto “raid delictivo”, de haber existido y comenzado en la rotonda, se hubiera continuado al momento del asesinato de Romero.
Además, reparó en que parte de la versión del Ministerio Público “está provista de chats sacados de contexto” de la pareja del joven que iba con Romero en la moto y que, además, hablaba del caso con otra persona en planos “conjeturales”. Por ejemplo, sostiene que una de las pruebas sumadas al pedido de sobreseimiento es un chat entre personas que no estuvieron en el lugar y que dicen: “Yo no juztifico al pibe ni juztifico a la policía de que mató al pibe pero me parece que su el le quiso robar”(sic).
DOS SECUENCIAS Y ¿UNA EMBOSCADA?
A partir del material de la causa, para el particular damnificado lo claro es que el hecho está atravesado por dos secuencias separadas por al menos seis minutos de diferencia entre sí: el “altercado” entre la moto de tres ocupantes y Bogado en la rotonda, y la balacera de Bogado contra los ocupantes de la otra moto (Romero y otro joven), en la banquina del kilómetro seis de la Ruta 226.
En primer término, en base a lo grabado por las cámaras del COM de momentos previos a la primera secuencia, Sivo relata que ya se observa a las motos de los jóvenes circulando y dando vueltas por la zona, cruzándose previamente con otros vehículos sin problemas, lo cual para el letrado “hecha por tierra” la visión de la fiscalía que se trata de un “raid delictivo” y califica de “casual” el encuentro de Bogado con la moto de tres ocupantes.
Sivo describe que en las cámaras se observa cómo la moto de Romero circuló desde la Rotonda en dirección a las Sierras, en tanto que la otra moto, que venía por detrás, se mantiene en la rotonda hasta encontrarse con la moto de Bogado. Luego del altercado, Bogado continúa su marcha hasta salir de escena “sin rastros de que sus agresores hayan emprendido una persecución”, asegura.
A partir de ello, el letrado sostiene que “nada indica” que haya una persecución en situación de robo como lo declaró el policía, y que además “no hay indicio serio” de un intento de robo en esa primera secuencia dada su superioridad numérica y la supuesta portación de armas de los tres ocupantes, quienes además tenían una moto de mayor cilindrada capaz de seguirlo efectivamente.
Con respecto a la segunda secuencia, donde Romero y su compañero de moto regresan en dirección a Mar del Plata presuntamente tras haber escuchado disparos y se encuentran con la moto de Bogado en la banquina y el oficial escondido en las sombras, Sivo hizo foco en la declaración de un policía que intervino horas después en la escena del homicidio. El oficial declaró que halló vainas al costado de la moto de Bogado y alrededor del joven, lo que para Sivo se traduce en un desplazamiento “estratégico” del policía que se inició con disparos desde la banquina y terminó sobre el cuerpo “ya indefenso” de Romero, para ejecutarlo.
A partir de la interpretación de distintas pruebas, entonces, Sivo plantea como “razonable” una hipótesis que indica que el efectivo preparó su arma y tras disparar y herir al conductor de la moto, “emboscó” a Romero, disparando primero hacia las piernas para inmovilizarlo y luego, ya al lado del joven, gatilló cuatro veces más a pesar de que la víctima intentó cubrirse con sus manos.
LAS “CINCO MENTIRAS” DE BOGADO
Sivo asegura que el policía “acomodó su relato” en su declaración indagatoria, partiendo de la base de que aseguró que en el momento de la segunda secuencia y a segundos del asesinato de Brandon Romero, había recibido disparos en su contra a los cuales respondió. Sin embargo, el abogado patrocinante de la familia asegura que en la causa consta que no fueron encontradas vainas ni “accidentes balísticos” que no respondan más que a sus propios disparos contra los jóvenes.
Puntualmente y partir de las pruebas sumadas a la causa, Sivo sostiene que Bogado “miente” en cinco puntos: en la hipótesis de robo en el encuentro con la primera moto, en la persecución que dice sufrir luego del altercado, en las intenciones de robo en el encuentro con la segunda moto, al decir que Romero caminó hacia él incluso luego de haber comenzado a dispararle, y al aseverar que ejecuta todos los disparos desde un lugar, sin desplazarse.
“Ya solo con estos aspectos, queda claro que su versión no tiene la más mínima consistencia como para soportar una causa de justificación como la que alegan acreditada los fiscales. Más aún, todas las mendacidades no concurren más que a reforzar la hipótesis del homicidio agravado injustificado. Que quede claro: Bogado no se transforma en homicida por mentir, sino que miente para encubrir su verdadera calidad de homicida. V.S. (vuesta señoría) debe elevar la presente causa a juicio”, concluye el abogado de la familia de Brandon Romero.
