Cárceles: reunión de jueces ante la “sobrepoblación” y “crisis humanitaria”
Magistrados de toda la provincia fueron reunidos por las autoridades de la Corte. Un informe del Tribunal de Casación planteó “niveles crónicos de agravamiento de las condiciones de detención”.
Bajo el objetivo de “abordar con urgencia los aspectos fundamentales de la problemática existente y elaborar cursos de acción en lo inmediato”, jueces de toda la provincia de Buenos Aires, entre ellos de Mar del Plata, fueron reunidos ante las autoridades de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense a partir de la situación que atraviesan las personas privadas de libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se trata de una de las acciones impulsadas luego de la huelga de hambre que semanas atrás tuvo su alcance a diversas unidades penales, entre ellas la N°15 de Batán.
La convocatoria había sido realizada por el máximo tribunal de Justicia de la Provincia luego de una primera reunión de la mesa de diálogo abierta con autoridades políticas y representantes de los detenidos que denuncian situaciones extremas de subsistencia en las cárceles bonaerenses.
El encuentro se realizó finalmente el viernes con la presencia de jueces en lo Correccional, de Garantías, de Tribunales Orales y de Ejecución Penal de toda la provincia, entre ellos de Mar del Plata, como así también de representantes de los comités de seguimiento de las personas privadas de la libertad de los distintos departamentos judiciales. Y estuvo encabezado por el presidente del Tribunal, Eduardo de Lázzari, y los ministros Daniel Fernando Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Sergio Torres, además de estar presentes los jueces del Tribunal de Casación Penal y autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el Colegio de Abogados provincial.
En ese marco, el presidente de la Corte hizo referencia a la resolución tomada el 11 de diciembre en la que se calificó como “insostenible” la actual situación y se dispusieron diversas medidas al remarcar “la importancia del uso racional de la prisión preventiva, el uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico, para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes”.
Luego de su exposición, la jornada de trabajo siguió con intercambios entre los jueces asistentes y los magistrados del Tribunal de Casación Penal, quienes en octubre de este año elaboraron un documento sobre condiciones de detención.
Ese documento fue terminante y afirmó que “las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires han evidenciado una grave crisis humanitaria que se encuentra en escalado aumento”.
Aquel informe ya advertía -tal como lo hicieron semanas atrás los propios detenidos y familiares a través de las huelgas de hambre pacíficas- que “la fuente de esta realidad se vincula seriamente con un fuerte incremento del encarcelamiento“.
Así, el documento del Tribunal de Casación reparó que en mayo de 2019 más de 48 mil personas se encontraban privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y cárceles provinciales. Y alertó que “los niveles de sobrepoblación son preocupantes, derivando de ello peligrosas condiciones de hacinamiento que no solo inciden en la imposibilidad de prestar asistencia básica y ambientes dignos, sino que atentan contra la integridad física de los detenidos y el personal que los custodia”.
De esta manera, el documento alertó respecto de “una tendencia ascendente que se refleja en niveles crónicos de agravamiento de las condiciones de detención”.
