Huelga en las cárceles: medidas de la Corte y reunión con funcionarios
El máximo tribunal bonaerense se expresó y alertó sobre una “preocupante situación”. Familiares autoconvocados se reunirán con autoridades provinciales.
En el medio de la huelga de hambre pacífica que se desarrolla desde el fin de semana en distintas cárceles la Provincia, entre ellas la Unidad 15 del Penal de Batán, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense dispuso, mediante una resolución, adoptar una serie de medidas frente a lo que remarcó es una “preocupante situación de las personas privadas de la libertad alojadas en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense”. Mientras tanto, este viernes familiares autoconvocados se reunirán con funcionarios bonaerenses para abordar la situación.
Mientras el reclamo en las unidades penales se mantienen y los familiares de los detenidos comenzaron a exponer la realidad en el exterior y buscan respuestas por parte de las autoridades, en las últimas horas la Suprema Corte de Justicia de la Provincia publicó una resolución en la que establece que las condiciones en las unidades penales “tienden a agravarse en función de la elevada tasa de detenidos, el uso inadecuado de la prisión preventiva, las modificaciones en el Código Penal y las leyes procesales y las dificultades en el régimen de progresividad de ejecución de la pena”.
Asimismo, el máximo tribunal de la Provincia consideró que todo ello es “susceptible de generar responsabilidad internacional del Estado argentino”.
En este marco, la Suprema Corte en las medidas definidas declara “que corresponde dar respuesta prioritaria a la problemática del alojamiento de detenidos en comisarías clausuradas, con cierre o inhabilitadas al efecto” al tiempo que reitera a los jueces “la importancia del uso racional de la prisión preventiva, el uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico, para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes”.
Otras de las medidas tienen que ver con “evaluar la posibilidad de la confección de informes para el ingreso al régimen de progresividad en la etapa de ejecución de pena a través de un equipo interdisciplinario (compuesto por médicos, psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales) en las Asesorías Periciales departamentales o en la órbita de los jueces de ejecución penal”.
Y promueve “a través del Poder Ejecutivo, el alojamiento de los detenidos en unidades penitenciarias federales o de otras provincias, a cuyo efecto se deberán suscribir e implementar los convenios que fueren necesarios, para el universo de población que no recibe visitas, o si esa reubicación pudiere favorecer un mejor acercamiento familiar, y siempre que se contare con la anuencia de los interesados”.
También encomienda realizar un “seguimiento de la Ley de Cupos, en razón de los anteproyectos que se encuentren a estudio de la legislatura provincial, o de los que pudieren impulsarse” y también “exhorta a la legislatura provincial a que, a la mayor brevedad posible, proceda a la creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura”.
Por otro lado, y en lo inmediato, la Suprema Corte exhortó al gobierno provincial -ahora a cargo de Axel Kicillof- “a constituir una mesa del diálogo integrada con los organismos estatales competentes, organizaciones no gubernamentales dedicados a la protección de los derechos humanos y demás entidades o personalidades que se estime pertinente para un abordaje integral de la problemática referida a las condiciones de detención de las personas privadas de libertad”.
Mientras tanto, para este viernes a las 14 familiares de detenidos que se comenzaron a organizar en el marco de los reclamos fueron citados para una audiencia con funcionarios del Ministerio de Justicia.
