El Marquesado: el juez Lijo se declaró incompetente y mandó la causa a Mar del Plata
Desde el MTE celebraron la decisión y, en paralelo, anunciaron que se retomaron los trabajos interrumpidos en el predio.
La causa judicial iniciada en la Ciudad de Buenos Aires por el intendente Guillermo Montenegro contra la cesión de tierras de El Marquesado por parte del gobierno nacional al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) para el desarrollo de un proyecto agroecológico fue enviada este viernes a Mar del Plata después de que el juez Ariel Lijo se declarara incompetente para seguir interviniendo en el proceso. La decisión fue celebrada por la organización, desde donde anunciaron que se retomaron los trabajos en el predio que se vieron interrumpidos en los últimos días.
Esta semana se reactivó el conflicto desatado hace más de un mes en torno al convenio firmado entre la Administración de Bienes del Estado (AABE) y el MTE y, puntualmente, a la Asociación Civil Tercer Tiempo para el desarrollo de un proyecto agroecológico que incluya a unas 100 familias en unas 140 hectáreas ubicadas a la altura del kilómetro 553 de la Ruta 11.
Primero, un grupo vecinal que se opone al desarrollo del proyecto intentó impedir el ingreso de maquinaria al predio. A las pocas horas, el intendente Montenegro amplió su denuncia presentada hace casi un mes ante la justicia porteña al considerar el ingreso de un tractor como una “nueva usurpación” de las tierras cedidas al MTE.
Más tarde el juez a cargo del expediente, Ariel Lijo –subrogante del Juzgado Correccional y Criminal N°12 de la Ciudad de Buenos Aires- dispuso que la Prefectura “custodie” el predio y que impida el ingreso de nuevas personas. En ese momento, el MTE consideró que no se trató de una medida “descabellada” pero lamentaron que eso derivara en la imposibilidad de avanzar con el trabajo sobre el terreno.
Y este viernes el conflicto sumó un nuevo capítulo: desde el MTE difundieron una resolución del juez Lijo en la que se declara incompetente para seguir interviniendo en la causa impulsada por Montenegro y la envía para que siga su tramitación en la Justicia Federal marplatense.
“Declararme incompetente en razón del territorio para seguir entendiendo en la presente causa y remitirla en consecuencia al Juzgado Federal en turno de Mar del Plata, a los efectos de que prosiga con su trámite. De esta manera, considero que deberá ser el magistrado territorialmente competente el que deberá resolver acabadamente los pedidos que hacen a la querella y a las autorizaciones requeridas por el denunciado”, estableció el juez en un tramo de la resolución firmada este viernes.
Esa decisión de Lijo fue celebrada por el MTE. “Deja al descubierto lo que decimos desde el día que el intendente presentó la denuncia, y es que todo se trataba de una operación política. Por eso eligió presentarla en Capital, buscando que intervengan jueces afines y no en General Pueyrredon como correspondía y como se resolvió”, analizaron.
Desde el gobierno municipal habían afirmado al momento de la radicación de la denuncia que se había elegido esa jurisdicción porque los denunciados eran, mayoritariamente, funcionarios del gobierno nacional: el presidente de la AABE, Eduardo Albanese; la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti; y dos los de los integrantes del MTE, entre ellos el presidente de la Asociación Civil Tercer Tiempo.
“De esta manera, se van cayendo las mentiras que el intendente Montenegro intenta instaurar a través de sus concejales, los medios de comunicación y el poder concentrado”, enfatizaron desde la organización social.
Asimismo, y como parte de la decisión de Lijo, indicaron que también se resolvió retrotraer la situación del predio a la existente el 1º de mayo por lo que se “removió a la Prefectura Naval de las tareas encomendadas para que las asuma la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.
Esas tareas ordenadas a la Prefectura tenían que ver con impedir el ingreso de nuevas personas a los terrenos. “Se retiró la Prefectura del ingreso al predio y se retomaron los trabajos interrumpidos”, anunciaron desde el MTE.
El convenio que derivó en el conflicto se firmó el 16 de febrero y en él se formalizó la entrega del campo al MTE “en custodia provisoria a los efectos de su resguardo e integridad” por un plazo de seis meses con la posibilidad de prorrogarse por otros tres a la espera de avanzar en gestiones para el otorgamiento un “permiso de uso precario y gratuito”.
En ese tiempo el MTE previó realizar estudios del suelo sobre los terrenos para, a partir de sus resultados, presentar un proyecto final con certezas sobre las unidades productivas a desarrollar en el lugar con la intención de que alrededor de 100 familias sean las que se encarguen de trabajar los 1.396,983 metros cuadrados.
En los últimos días, desde la organización mostraron su satisfacción por avances en esos estudios sobre la aptitud del terreno para llevar adelante el proyecto. “El Conicet y los ingenieros agrónomos que están trabajando en el proyecto confirmaron, mediante los estudios de suelo correspondientes, que estas tierras son productivas y es altamente viable el proyecto agroecológico que se desarrollará en el lugar”, aseguraron.
