El Marquesado: custodia de Prefectura y avances en los estudios de la tierra
La Justicia ordenó que no ingresen nuevas personas al predio de Ruta 11. El MTE apuntó contra “grandes mafiosos del negociado inmobiliario”.
En el marco de la investigación impulsada por el intendente Guillermo Montenegro en torno a la cesión de terrenos del gobierno nacional en El Marquesado, la Justicia Federal dispuso en las últimas horas que Prefectura “custodie” el predio y que impida el ingreso de nuevas personas. Para el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) no es una medida “descabellada” pero aclararon: “No nos cae simpático porque nos impide avanzar con el trabajo“. También aseguraron que se registran avances en los estudio de la tierra y apuntaron contra “grandes mafiosos del negociado inmobiliario”.
Este miércoles la situación en torno a la cesión de tierras de la Unidad Turística Chapadmalal por parte de la Administración de Bienes del Estado (AABE) para la Asociación Civil Tercer Tiempo, integrante del MTE, sumó un nuevo capítulo: el intento de ingreso de un tractor generó una nueva manifestación de un sector de vecinos del barrio en el lugar y eso dio paso a una ampliación de la denuncia presentada en Capital Federal por el intendente Montenegro, quien mientras se discute la legalidad de la cesión ya se mostró abiertamente y en consonancia con un grupo que busca intentar evitar a toda costa que se desarrolle un proyecto agroecológico en el lugar.
La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo y fue quien en las últimas horas firmó una resolución en la que se impide el ingreso de nuevas personas y la “custodia” del perímetro por parte de una fuerza federal como Prefectura, que se suma a la custodia exclusiva que desde la politización del conflicto realiza un móvil de la Patrulla Municipal las 24 horas.
La Patrulla Municipal frente al predio. (Foto: Qué digital)
“Estábamos en el predio esperando que ingrese el tractor que no pudo entrar hoy y llegó Prefectura. Nos mostró que tenía una orden que habían enviado de la Justicia Federal de Capital a Mar del Plata en la cual el juez Lijo había resuelto que una fuerza de seguridad federal custodie el perímetro del predio y por esa orden no permitir el ingreso de otras personas al lugar“, relató Maximiliano Álvarez, abogado de la organización, en diálogo con Qué digital.
De todos modos -más allá de que mediáticamente circularon versiones de un supuesto “desalojo”- el abogado señaló que la resolución tiene sentido jurídico en virtud del avance de la causa: “Es una resolución que por la información que le llegó hoy al juez no es algo incoherente ni descabellado para intentar evitar conflictos. Aunque no nos cae simpático porque nos impide avanzar con el trabajo no lo vemos tan mal“, manifestó Álvarez.¿
Es que esa decisión -explicó- impide continuar con el trabajo de tractores, tractoristas o técnicos que estaban evaluando la calidad del suelo para llevar adelante las unidades productivas. Además, complica los recambios de quienes permanecen en el lugar considerando que tal como rige desde febrero, la organización tiene la custodia provisoria del inmueble por al menos seis meses.
Además -en diálogo con radio Residencias (96.5)– Álvarez no descartó que apelen la decisión e intenten revertirla a partir del análisis que haga el equipo jurídico de la organización en Capital Federal, donde está radicada la denuncia del gobierno municipal considerando que apunta a la responsabilidad de funcionarios nacionales.
Mientras tanto, a partir de esta situación, desde el MTE emitieron un comunicado en el que, además de referirse a la situación judicial, mostraron satisfacción por avances en los estudios sobre la aptitud del terreno para llevar adelante el proyecto. “El Conicet y los ingenieros agrónomos que están trabajando en el proyecto confirmaron, mediante los estudios de suelo correspondientes, que estas tierras son productivas y es altamente viable el proyecto agroecológico que se desarrollará en el lugar”, enfatizaron.
Además, apuntaron contra “grandes mafiosos del negociado inmobiliario” y sostuvieron: “Aunque les duela, a los que les gusta hablar en nombre de la ley les volvemos a demostrar que está de nuestro lado”.
Al contrario de lo que se está comunicando en algunos medios, confirmamos que NO existe ninguna orden de desalojo en el predio donde se llevará adelante un proyecto agroecológico en Chapadmalal.
La tierra es para quien la trabaja pic.twitter.com/hnW4k4pJbj
— MTE (@mteargentina) May 3, 2023
El conflicto se inició a fines de marzo a partir de la cesión de tierras en El Marquesado, unas 140 hectáreas a la altura del kilómetro 553 de la Ruta 11, realizada por parte de la AABE al MTE y, puntualmente, a la Asociación Civil Tercer Tiempo.
Ese convenio se firmó el 16 de febrero y en él se formalizó la entrega del campo “en custodia provisoria a los efectos de su resguardo e integridad” por un plazo de seis meses con la posibilidad de prorrogarse por otros tres a la espera de avanzar en gestiones para el otorgamiento un “permiso de uso precario y gratuito”.
En ese tiempo el MTE previó realizar estudios del suelo sobre los terrenos para, a partir de sus resultados, presentar un proyecto final con certezas sobre las unidades productivas a desarrollar en el lugar con la intención de que alrededor de 100 familias sean las que se encarguen de trabajar los 1.396,983 metros cuadrados.
