Jueces cuestionan el “fomento de linchamientos contra magistrados”
Representantes de la Asociación de Derecho Penal y de la Red de Jueces Penales se refirieron a las críticas surgidas tras el homicidio de María Rosa Daglio en Ramos Mejía.
Luego de que a principios de la semana se conociera la detención de Morón de un hombre de 55 años por el homicidio de una mujer en un robo que había sido condenado previamente en Mar del Plata y al que se le había otorgado la prisión domiciliaria y estaba prófugo por no cumplirla, desde diversos sectores comenzaron a exponerse críticas contra la decisión tomada en abril del año pasado por parte de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata. Y ahora desde el grupo argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal emitieron un comunicado en el que apuntaron contra “determinados personajes públicos” por “fomentar linchamientos contra los magistrados del departamento judicial de Mar del Plata que obraron conforme a derecho”.
La polémica se inició el martes cuando se conoció que el hombre –Alejandro Miguel Ochoa – detenido por el crimen de la psicóloga María Rosa Daglio en Ramos Mejía no solamente tenía prisión domiciliaria luego de haber sido condenado en abril del año pasado en Mar del Plata sino que además la había incumplido y se encontraba en condición de prófugo desde octubre pasado.
A partir de esa situación, las críticas contra el juez que dispuso el otorgamiento de la prisión domiciliaria, el presidente de la sala 1 de la Cámara de Apelación de Mar del Plata, Marcelo Riquert, comenzaron a sucederse desde diversos ámbitos.
Y como respuesta a esas críticas desde el grupo argentino de representantes de la Asociación Internacional de Derecho Penal cuestionaron a través de un comunicado que se “pretende hacer responsables a los jueces que han otorgado libertades de conformidad con los parámetros de la ley, por las acciones criminales cometidas después por los beneficiarios, totalmente impredecibles e independientes de los hechos por los que otrora estuvieran en prisión”.
Así, consideraron que se trata de “barbaridades jurídicas desterradas de nuestra legislación y la de todo el mundo civilizado desde hace 200 años” y apuntaron contra “la bajeza en que están incurriendo determinados personajes públicos de fomentar linchamientos contra los magistrados del departamento judicial de Mar del Plata que, según nos consta, obraron conforme a derecho”.
Alejandro Miguel Ochoa fue condenado en marzo de 2017 a ocho años y medio de prisión por los delitos de robo simple y robo agravado por lesiones que sufrió una mujer -que prácticamente perdió la movilidad de un brazo- que durante el asalto fue arrastrada durante varios metros. Tiempo después la sentencia fue revisada por el Tribunal de Casación bonaerense que tan solo redujo la pena en dos meses por lo que quedó fijada en 8 años y 4 meses de prisión, con vencimiento el 16 de agosto de 2024.
En noviembre de 2019 la defensoría oficial había pedido que se le otorgara la prisión domiciliaria al hombre a partir de problemas de salud respiratorios y urinarios, pero el juez de Ejecución Penal Ricardo Perdichizzi se la había denegado y ello fue confirmado por la Cámara de Apelación de Mar del Plata. Sin embargo, ante la llegada de la pandemia del coronavirus y de los peligros que eso revistió en las unidades penales, la defensa oficial realizó un nuevo pedido que volvió a ser rechazado por el juez Perdichizzi pero luego fue revertido por la Cámara al considerar informes elaborados en abril por el Servicio Penitenciario Bonaerense.
De esa manera, el 29 de abril de 2020 la sala I de la Cámara de Apelación de Mar del Plata le otorgó la prisión domiciliaria para la cual el detenido había fijado su domicilio en la localidad de Castelar. Sin embargo, en octubre pasado el juez Perdichizzi decidió suspender la prisión domiciliaria y ordenó su inmediata detención por incumplir la medida: un fiscal de Morón le había solicitado autorización para indagarlo por un nuevo delito cometido en esa jurisdicción. Desde ese momento se encontraba prófugo hasta que finalmente cometió el nuevo robo y el homicidio en Ramos Mejía.
Desde la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires también mostraron su apoyo a los integrantes de la sala I de la Cámara de Apelación, Marcelo Riquert y Esteban Viñas. “La medida de morigeración del encierro penitenciario estricto resuelta por los jueces en el marco de la excepcionalidad impuesta por la pandemia, en abril de 2020, viene siendo objeto de públicas descalificaciones y agravios que no sólo afectan la honra de los miembros de ese tribunal, sino también atentan contra la independencia de quienes ejercen la función judicial y jurisdiccional en el estado de derecho”, consideraron.
Por otro lado, afirmaron: “Compartimos el sentido dolor de las víctimas y el clamor social frente al aumento de los delitos violentos y la inseguridad, pero estos problemas que acucian a nuestra sociedad, desde hace tiempo, no se resuelven con medidas espasmódicas, sino dentro de la racionalidad que debe imperar en el ejercicio del poder punitivo del estado de derecho”.
