“La Posada”: ordenan alquilar el local para reparar económicamente a las víctimas
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N°3 tras dictar los procesamientos por lavado de dinero de dos de los responsables del histórico prostíbulo de Mar del Plata.
Algunas semanas después de haber dictado el procesamiento de dos de los responsables del histórico prostíbulo “La Posada” en una causa paralela en la que se investiga el delito de lavado de dinero obtenido de la explotación sexual de distintas mujeres, el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata dispuso que el local de 11 de Septiembre al 3000 pase a estar bajo custodia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que sea alquilado y se utilice el dinero recaudado para una futura reparación económica de las víctimas.
De acuerdo a lo informado desde la Fiscalía Federal N°2, la decisión del juez Santiago Inchausti se produjo al hacer lugar a un pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal teniendo en cuenta que el local donde funcionó el prostíbulo -11 de Septiembre al 3000– se encuentra embargado en el marco de la causa que se le sigue por lavado de dinero a dos de los integrantes de la organización: Aníbal Soria, quien deberá enfrentar un nuevo juicio en la causa central por trata de personas tras haber sido absuelto, y su pareja, María del Carmen Castrege, quien también fue absuelta en el juicio inicial con la particularidad de que ello se dio por el retiro de la acusación fiscal.
El juez dispuso, de esa manera, que la Agencia de Administración de Bienes del Estado alquile el local “a valor de mercado” y realice “todos los actos necesarios para el seguimiento de la custodia y conservación del bien”, además de depositar las sumas obtenidas del alquiler en una cuenta a nombre del juzgado “a efectos de que, en caso de recaer condena, puedan ser destinadas a la reparación de las víctimas“, estableció.
En la resolución, Inchausti reparó en que el objetivo de la medida es “proporcionar la protección y reparación que eventualmente corresponda a las víctimas por los daños sufridos”. También el magistrado ordenó que la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad y la Policía de Seguridad Aeroportuaria “constaten las condiciones en que se encuentra el exterior del inmueble y disponga los medios pertinentes para el cerramiento de su acceso”.
La medida fue tomada, de acuerdo a lo expuesto por el juez, teniendo en cuenta “el avanzado estado del proceso”, luego de que hace algunas semanas haya dictado el procesamiento sin prisión preventiva de Soria y Castrege como coautores del delito de lavado de activos provenientes del delito procedente de trata de personas. Además, trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir $100 millones y les prohibió la salida del país.
En la investigación, la Fiscalía Federal N°2 -con apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)- acusa a Soria y Castrenge, entre otros puntos, de haber vendido los inmuebles donde funcionaba “La Posada” y el hotel para evitar que pudieran ser decomisados y de haber puesto en circulación en el mercado, con apariencia lícita, esos bienes de procedencia ilegal.
En avance de la causa paralela por el lavado de dinero provenientes de la explotación sexual se produce bajo la paradoja de que la causa principal por el delito de trata de personas que llegó a juicio terminó en 2017 con los siete acusados absueltos por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en cinco de los casos por el retiro de la propia acusación del fiscal del debate, Juan Manuel Pettigiani.
Sin embargo, a mediados de 2018 la Cámara de Casación Penal resolvió anular la decisión del Tribunal Oral Federal de absolver puntualmente a Aníbal Soria, quien llegó acusado de ser el financista de la organización, y dispuso la formación de otro tribunal con el objetivo de que se realice un nuevo juicio en su contra, que todavía está pendiente.
