Procesan por lavado de dinero a dos de los responsables del prostíbulo “La Posada”
Se trata de una causa paralela a la central por trata de personas en la que hace cinco años todos los acusados resultaron absueltos. Uno de ellos deberá volver a ser juzgado.
A cinco años del juicio que terminó con la absolución de los siete acusados, el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata procesó esta semana a dos de los responsables del histórico prostíbulo “La Posada” en una causa paralela en la que se investiga el delito de lavado de dinero obtenido de la explotación sexual de distintas mujeres. Los procesados son Aníbal Soria, financista de la organización y quien deberá enfrentar un nuevo juicio tras haber sido absuelto, y su pareja, María del Carmen Castrege, quien también fue absuelta en el juicio inicial con la particularidad de que ello se dio por el retiro de la acusación fiscal.
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el juez federal Santiago Inchausti dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Soria y Castrege como coautores del delito de lavado de activos provenientes del delito procedente de trata de personas. Además, trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir $100 millones y prohibió su salida del país.
También, tal como había pedido la Fiscalía Federal N°2, sobreseyó a Alicia Acevedo Galeano, pareja del fallecido dueño del prostíbulo Juan Carlos Mottillo e integrante de las firmas que explotaban comercialmente el prostíbulo y el hotel lindero “El Paraíso”, ubicados en 11 de Septiembre al 3000.
En la investigación paralela a la de trata de personas, en este caso por delitos económicos, la Fiscalía Federal N°2 -con apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)- acusa a Soria y Castrenge, entre otros puntos, de haber vendido los inmuebles donde funcionaba “La Posada” y el hotel para evitar que pudieran ser decomisados. También, se les imputa poner en circulación en el mercado, con apariencia lícita, esos bienes de procedencia ilegal.
Ahora, el procesarlos, el juez sostuvo: “Al menos a partir de 2011 de manera organizada, vinculada o allegada entre sí, de forma habitual y producto de una actividad ilícita previa relacionada a la explotación de la prostitución ajena, habrían logrado y/o intentado poner en circulación en el mercado local dos bienes inmuebles que habrían sido obtenidos mediante diversos negocios jurídicos, con intervención de personas jurídicas y físicas, logrando que adquieran así la apariencia de un origen lícito. Y la pantalla o maniobra cosmética para disimular ese patrimonio estaría originada en diversas maniobras”.
Desde la fiscalía explicaron que el juez tuvo en cuenta que, para ello, los imputados conformaron una sociedad para explotar el hotel “El Paraíso”, cuyo capital provenía de las ganancias obtenidas por la explotación sexual de las mujeres en el bar “La Posada”. Por otra parte, el juez indicó que la pareja adquirió distintos vehículos, algunos de los cuales fueron utilizados para el traslado de las víctimas, y no podrían haber sido adquiridos con sus ingresos declarados.
En otro tramo de la resolución, el juez consideró que “no surgen elementos que puedan justificar la existencia de fondos lícitos para respaldar tales erogaciones que dan cuenta de un incremento patrimonial desmedido” y agregó que “las enajenaciones de los dos inmuebles habrían respondido a una lógica de desprendimiento patrimonial de sus titulares que ya estaban siendo investigados por la Justicia Federal”.
UN CASO A PUNTO DE NO TENER CONDENADOS
En avance de la causa paralela por el lavado de dinero provenientes de la explotación sexual se produce bajo la paradoja de que la causa principal que llegó a juicio terminó con los siete acusados absueltos por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en cinco de los casos por el retiro de la propia acusación del fiscal del debate, Juan Manuel Pettigiani.
En concreto, en febrero de 2017 siete personas llegaron a juicio en el marco de la causa que investigó los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y explotación económica de la prostitución ajena, pero tras el debate, todas ellas resultaron absueltas por los jueces Mario Portela, Bernardo Bibel y Jorge Michelli.
Esa resolución fue parcialmente en sintonía con lo pedido por el fiscal, quien en su alegato había decidido retirar la acusación contra cinco de los siete acusados. Según sostuvo, “no participaron de la comisión del delito, eran fácilmente reemplazables y eran también personas vulnerables”.
En este sentido, el fiscal sólo había pedido condena para dos de los acusados: Aníbal Soria (cinco años), quien llegó acusado de ser el financista de la organización, y para Alicia Acevedo Galeano (cuatro años y medio de prisión), esposa de quien fuera el dueño de La Posada, Juan Motillo, que falleció. La causa, teniendo en cuenta el desarrollo del proceso, demostró una vez más las diferencias en los criterios reinantes entre las fiscalías de instrucción y el fiscal ante el Tribunal Oral.
A mediados de 2018 la Cámara Federal de Casación Penal resolvió anular la decisión del Tribunal Oral Federal de absolver a Aníbal Soria y dispuso la formación de otro tribunal con el objetivo de que se realice un nuevo juicio en su contra, que todavía está pendiente. Mientras tanto, las fiscalía de instrucción siguió investigando a las personas absueltas en otro tramo de la causa a partir de las declaraciones de cuatro víctimas y por 28 casos que no fueron juzgados en el anterior tramo ya juzgado.
