Procesan por “trata laboral” a un abogado y dos productores agropecuarios
La causa se inició luego de que una pareja junto a su hijo de un año escaparan del campo en el que trabajaban en condiciones de explotación.
Una pareja de productores agropecuarios y un abogado fueron procesados por la Justicia Federal de Mar del Plata bajo el delito de trata de personas con fines de explotación laboral que tuvo como víctimas al menos a una pareja -con un hijo de un año- que se desempeñaba en un campo ganadero de la ciudad de Balcarce y que en junio de este año logró escapar tras un episodio de amenazas y violencia tras reclamar por la situación en la que vivían. El hombre se encuentra detenido, la mujer en libertad y el abogado con prisión domiciliaria, ya que estuvo prófugo durante un tramo de la investigación.
Los tres procesamientos -no dieron a conocer las identidades de los implicados- fueron dictado en los últimos días por el titular del Juzgado Federal Nº3, Santiago Inchausti, en el marco de una investigación encabezada por la Fiscalía Federal Nº1 a cargo de Laura Mazzaferri.
Las tres personas fueron procesadas por el delito de trata de personas agravado con fines de explotación laboral y con el objeto de reducir o mantener a las víctimas en condiciones de esclavitud o servidumbre. El productor agropecuario, además, está acusado del delito de coacción agravada, lesiones leves agravadas y lesiones leves y daño.
Además, el juez impuso un embargo preventivo de $5 millones sobre cada uno de los tres procesados, al contemplar el costo estimativo por cada una de las víctimas en concepto de salarios no abonados e indemnizaciones. Asimismo, mantuvo la prisión preventiva del productor mientras que, en relación con el abogado -que sería propietario del campo explotado por los productores-, admitió un pedido de la defensa y dispuso el arresto domiciliario. La mujer, al haberse presentado a declarar al momento de ser citada, nunca estuvo detenida.
Para el juez, los tres acusados “habrían actuado en connivencia y tenían pleno conocimiento de las tareas desarrolladas en el campo, y de la situación en la que se encontraban las víctimas”.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
Según difundieron desde el Ministerio Publico Fiscal, la investigación se inició en junio cuando una pareja junto a su hijo de un año tuvo que escapar del campo en el que trabajaban y vivían en Balcarce por las agresiones y amenazas.
A partir de los hechos se formó una causa en el fuero provincial, que declinó luego la competencia hacia el fuero federal ante la posible existencia del delito de trata de personas, luego de que las víctimas relataran la situación en la que se encontraban.
La pareja relató en la comisaría de Balcarce que hacía dos meses prestaban funciones en la estancia “Santa Catalina”. Hasta allí había llegado el productor imputado -a quien identificaron como el dueño del campo, aunque en realidad tenía a cargo la explotación del predio junto a su pareja- a bordo de una camioneta junto a otras personas. La mujer le reclamó alimentos adeudados y las condiciones “denigrantes” en que estaban ante la imposibilidad de darle de comer a su hijo. La respuesta que obtuvieron, según denunciaron, fueron agresiones verbales y físicas.
De acuerdo a la denuncia, el hombre extrajo un cuchillo y luego habría tomado un palo con el que comenzó a romper todos los vidrios del colectivo en el que vivía la pareja junto a su hijo y los cristales rotos cayeron sobre el bebé. También denunciaron que tomó al bebé de la capucha de la campera y afirmó su cuchilla en el cuello del niño, que lloraba desconsoladamente, mientras pedía que le trajeran un revolver que tenía en la camioneta.
Cuando lograron tomar al su hijo corrieron fuera del predio para escapar, hasta que fueron alcanzados por la camioneta, que los encaró a toda velocidad, haciéndolos caer en una zanja al costado de la calle. Pero finalmente las víctimas lograron pedir ayuda y llegar hasta la comisaría para hacer la denuncia. En simultáneo, personal policial interceptó en el camino vecinal denominado “Larroquet y La Brava” al acusado y sus acompañantes a bordo de la camioneta, de donde se secuestró un cuchillo. En ese contexto, el productor rural quedó detenido.
LA INVESTIGACIÓN POR “TRATA” Y LA DETENCIÓN DEL ABOGADO
Cuando la causa quedó en manos de la titular de la Fiscalía Federal N°1, Laura Mazzaferri, se ordenaron distintas medidas de pruebas entre ellas la intervención del Programa Nacional de Rescate a partir del cual se conoció que las víctimas habrían sido amenazadas y que les habría ofrecido un millón de pesos para “retirar la denuncia” a través de un llamado anónimo.
Para el juez Inchausti, esos testimonios aportados por las víctimas dejaron al descubierto “el complejo contexto socioeconómico que atraviesan y la extrema situación de vulnerabilidad que padecían, en forma previa a comenzar a prestar tareas y mudarse al establecimiento rural investigado”.
Por otro lado, en el marco de la causa el Juzgado dispuso el allanamiento del predio de Balcarce, donde fueron encontradas otras dos posibles víctimas: dos jóvenes que habían llegado hacía apenas dos semanas.
Uno de ellos es hermano de la mujer procesada, aunque por este caso el juez dictó la falta de mérito en relación con las tres personas acusadas. También fue allanada la vivienda de la pareja que explotaba el campo, en la zona de Sierra de los Padres, donde se secuestraron teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.
En particular, desde la fiscalía detallaron que se encontró el contrato de explotación del campo de más de 400 hectáreas, suscripto por la mujer y el abogado.
Ambos, en su carácter de responsables, administradores o explotadores del lugar, fueron citados a prestar declaración indagatoria, y si bien la mujer acudió al llamado judicial, no pudo darse en una primera instancia con el abogado por lo que se lo declaró en rebeldía y se dispuso una orden de captura, que se concretó recién a mediados de noviembre mientras caminaba por el centro de Mar del Plata.
CÓMO VIVÍAN LAS VÍCTIMAS
De acuerdo a la investigación, las víctimas vivían en un colectivo ubicado en la finca, “al que le habían extraído los asientos para acondicionarlo como vivienda, conformando así un único habitáculo, y carecía de servicios básicos como luz, agua o gas, debiendo las víctimas adquirir una garrafa para calentar el agua, recurrir a una bomba para extraer agua y contaban con un baño improvisado ubicado fuera del lugar, con un inodoro en el interior de una dependencia hecha de chapa que ellos mismos construyeron”.
Las propias víctimas relataron que el agua se filtraba y no tenían modo de calefaccionar el habitáculo, muchas de las ventanas estaban rotas y cubiertas con plásticos, y la puerta no cerraba: tenían que trabarla desde adentro con un palo. El baño contaba con un inodoro y no tenía ducha ni agua caliente para higienizarse. Para bañarse debían calentar agua a gas o leña en un recipiente.
Al momento de determinar la calificación legal de los hechos imputados, el juez Inchausti tuvo en cuenta “la gran diferencia existente entre las condiciones de trabajo pautadas por los trabajadores y los valores estipulados para el salario mínimo, vital y móvil –sin que las víctimas hayan percibido ningún tipo de remuneración-; las extensas jornadas laborales soportadas y sin francos, vacaciones ni cobro de horas extras; las condiciones pautadas que nunca fueron cumplimentadas, siendo las mismas impuestas por los imputados en forma arbitraria sin ningún control de los trabajadores; la clandestinidad de la relación laboral, en virtud de la falta de registración ante los organismos de contralor y la falta de movilidad”.
Para el juez, de acuerdo a la prueba recolectada, “no existen dudas que, escondiéndose la verdadera naturaleza de la relación entre empleador-empleado, con este tipo de ‘contrato de palabra’, pretendían encubrir o disimular una relación laboral de dependencia, que se trataba de una suerte de fraude para eludir el cumplimiento de la normativa laboral; previsional o de riesgos del trabajo, elegida por los patrones como forma de reducir riesgos”.
