Neonazis: la fiscalía pide el rechazo de las apelaciones al fallo
A cuatro meses de la sentencia, la Fiscalía General requirió que se rechacen los recursos de casación interpuestos contra la resolución del Tribunal Federal de Mar del Plata.
Contrario a la postura mantenida en el juicio por los ataques neonazis por el fiscal Juan Manuel Pettigiani, la Fiscalía General N°4 ante la Cámara de Casación pidió que los jueces rechacen los recursos interpuestos por las defensas con los cuales cuestionaron el fallo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que condenó hace cuatro meses a los integrantes de la banda a penas de entre cuatro y nueve años y medio de prisión.
Concretamente, luego de los recursos elevados ante la Cámara Federal de Casación Penal por las defensas de los seis condenados -con la excepción de Marcos Caputo, que debido a su condición de menor al momento de perpetuar los ataques se le impuso un tratamiento tutelar de 2 años- el fiscal general ante ese tribunal, Javier De Luca, requirió que los mismos sean rechazados.
En su dictamen, el fiscal De Luca trató los límites de la libertad de expresión, los discursos de odio, la incitación a la violencia, la inteligencia del tipo penal y de la agravante de la Ley Antidiscriminatoria, todos elementos a los cuales apelaron las defensas para presentar los recursos. Muchos de esos argumentos fueron descartados por el Tribunal que condenó a los acusados.
Según se informó de manera oficial, las defensas argumentaron que la sentencia resultó “arbitraria por falta de fundamentación suficiente”. En este sentido, se agraviaron por la forma en que el tribunal había valorado la prueba durante el debate y propiciaron la absolución por diferentes motivos, según los hechos.
De acuerdo a lo reseñado por el fiscal en su dictamen las defensas de los seis acusados sostuvieron, en términos generales, que la resolución se apartaba de los postulados propios de un derecho penal de acto y que, por el contrario, había fundado la sentencia en criterios de “derecho penal de autor” y “derecho penal del enemigo”, incompatibles con nuestro sistema jurídico. A su vez, la defensa de Nicolás Caputo sostuvo que estas actuaciones constituyeron una forma de “persecución política” y que la condena había resultado contraria al derecho a la libertad de expresión.
Asimismo, las defensas negaron la existencia de una organización que respondiera a un móvil de odio racial o sectorial y sostuvieron que los hechos de lesiones, daños y amenazas debían ser valorados de forma autónoma, a la vez que impugnaron cada una de las imputaciones de aquellos hechos en particular.
El fiscal De Luca rechazó cada uno de los cuestionamientos sostenidos con las defensas y en su dictamen mostró una postura completamente opuesta a la que mantuvo durante el juicio el representante del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Pettigiani. Es que en su alegato sostuvo que en los hechos ventilados en el juicio “no operó hilo organizacional alguno” por lo que sólo pidió penas que no superaban los tres años de prisión.
