Fotomultas: Acción Marplatense acusa a Montenegro de “incumplir la ley”
El concejal Horacio Taccone cuestionó la decisión de poner en marcha el convenio con la Universidad de San Martín pese a que no avanzó en el Concejo Deliberante.
A pocos minutos de que el gobierno municipal a través de un comunicado anunciara que a partir de este lunes se empezará a implementar el nuevo sistema de fotomultas en Mar del Plata pese a que el convenio no contó con el respaldo del Concejo Deliberante, desde el bloque de Acción Marplatense cuestionaron la disposición del intendente Guillermo Montenegro, lo acusaron de “incumplir la ley” y apuntaron que detrás del convenio con la Universidad Nacional de San Martín hay “una empresa que se esconde”.
El anuncio fue realizado este lunes a la tarde por el gobierno municipal y teniendo en cuenta que la implementación se realizará a través del mismo convenio con la Universidad Nacional de San Martín que no logró ser convalidado por el Concejo Deliberante por el rechazo de la oposición en conjunto, fuentes municipales afirmaron se tomó la decisión de avanzar de todas maneras ya que a partir un “cambio en la Ley Orgánica de las Municipalidades ya no es necesario” que un convenio de ese tipo “pase por el Concejo” para su ejecución.
Contra ese argumento expuesto por el gobierno de Guillermo Montenegro apuntaron principalmente desde Acción Marplatense, bloque que hizo -a partir de su rechazo a convalidar el convenio- que el oficialismo no consiguiera los votos necesarios en el Concejo.
“Difícilmente se pueda cuidar a los vecinos incumpliendo la ley. Una contratación de esta magnitud no puede hacerse en forma directa bajo la mascarada de una Universidad que no sabemos si sabe algo de tránsito pero sí tenemos claro que no fabrica cámaras”, declaró el concejal Horacio Taccone.
Y así cargó contra el argumento del cambio de la Ley Orgánica de las Municipalidades que empleó el gobierno local para justificar la puesta en marcha de convenio: “La Ley Orgánica permite contratar en forma directa con organismos del Estado aquello que auténticamente los organismos pueden brindar para un mejor servicio. Pero en este caso se contratan cámaras y la Universidad de San Martín no fabrica cámaras, sino que las compra a alguien que tendrá una renta, que saldrá del bolsillo de nuestros vecinos y vecinas y que para asegurarse el negocio no compite en una licitación transparente”.
De esta manera, el edil consideró que “hay una trampa” en la puesta en marcha del convenio y anticipó que el bloque ingresará un pedido de informes al Concejo que “permita documentar cuál será el costo de esta iniciativa y cuánto quedará en las arcas del Municipio”. En este sentido, Taccone apuntó: “Ya sabemos que muchos incautos pagarán multas altas que les cobrará una ciudad sin señalética visible, sin información clara y para una empresa que se esconde”.
De acuerdo al convenio, la distribución de los fondos que se recauden a partir de las infracciones detectadas por las fotomultas es diferente al sistema que estuvo en vigencia previamente -durante el gobierno de Carlos Arroyo- en la ciudad: la Provincia será acreedora de un monto equivalente al 20% del total de las sumas que se abonen, en tanto que del resto de lo recaudado le corresponde un 70% a la Universidad y el 30% a la Municipalidad.
Por otro lado, el acuerdo con la Universidad en una primera etapa prevé la incorporación de unos 50 dispositivos de fotomultas ubicados para llegar en el plazo de un año a un total de 240, entre cinemómetros y semafóricos con el objetivo de detectar excesos del límite de la velocidad permitida y el cruce de semáforos en rojo.
