Ley Micaela: cuestionan el convenio con la Universidad Atlántida
Desde el Observatorio en Violencia por Motivos de Género remarcaron que las capacitaciones iniciadas por el gobierno se producen de manera “totalmente apresurada” y “sin considerar la extensa trayectoria de otras instituciones”.
El Observatorio en Violencia por Motivos de Género y Diversidad cuestionó en las últimas horas el convenio firmado entre el gobierno municipal y la Universidad Atlántida Argentina con el objetivo de desarrollar, en el marco de la conocida Ley Micaela, un trabajo coordinado para la capacitación en materia de género y diversidad sexual de agentes municipales. Desde el Observatorio sostienen que el acuerdo se realizó “sin considerar la extensa trayectoria de otras instituciones”, como la Universidad Nacional de Mar del Plata.
El Observatorio en Violencia por Motivos de Género -creado en el marco de la ordenanza de emergencia contra la violencia de género y que está integrado por varias organizaciones, funcionarios y autoridades- elevó en los últimos días una carta a la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz, de quien depende la Dirección de Políticas de Género y quien fue la encargada de firmar la carta de intención con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Atlántida Argentina.
En el escrito elevado a la funcionaria, desde el Observatorio reparan en que tuvieron que enviar la carta a Leniz “debido a su ausencia reiterada a las reuniones plenarias del observatorio que impiden instancias de diálogo necesarias para proponer, sugerir y diseñar las capacitaciones que obligatoriamente debe realizar el Municipio en el marco de la ley”.
“Inquieta a este observatorio la decisión tomada por entenderla al menos como apresurada, considerando que existen numerosas razones que estimamos quizá no han sido evaluadas al momento de seleccionar la institución para efectuar las citadas capacitaciones”, plantean.
En este sentido, remarcan que en mayo en el plenario del Observatorio recibieron “una nota de la directora y coordinadora de la carrera de Especialización en Violencia Familiar de Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata que da cuenta de la vasta trayectoria de la Universidad pública sobre el tema”.
Y tienen en cuenta que “la Dirección de Políticas de Género del Municipio ya se encuentra coordinando dichas capacitaciones con dos personas de la Universidad Atlántida”. Así, consideraron la situación como “preocupante” ya que entendieron como “totalmente apresurada la forma en que se está implementando, sin considerar la extensa trayectoria de otras instituciones que no han sido convocadas” para desarrollar la tarea.
En este marco, desde el Observatorio le piden a Leniz que “explique las razones por las cuales no se ha considerado convocar la Universidad Nacional de Mar del Plata y a otras instituciones con extensa trayectoria en la ciudad y altamente capacitadas para la temática referenciada” y que ” se reconsidere la decisión tomada, efectuándose una convocatoria abierta para la realización de las capacitaciones en el marco de la ley Micaela, que incluya a las instituciones con probada trayectoria y formación en la temática de esta ciudad”.
SOBRE LA LEY MICAELA
La “Ley Micaela” establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
En su artículo 4, la norma estipula que las máximas autoridades de cada uno de estos poderes, en colaboración con las áreas de género, son los responsables de la implementación de las capacitaciones. En el caso de Mar del Plata, el Partido de General Pueyrredon adhirió a dicha ley a través de la ordenanza 23.962.
