Un reconocimiento del Concejo Deliberante a un dirigente vinculado con la CNU
La iniciativa que destacó al ex presidente de la Federación Marplatense de Atletismo, Jorge De La Canale, fue impulsada por el Frente de Todos. Tras las críticas, ahora buscan que sea retirado.
La entrega por parte del Concejo Deliberante de un reconocimiento, impulsado por el Frente de Todos, al ex presidente de la Federación Marplatense de Atletismo, Jorge De la Canale, quedó envuelto en polémica teniendo en cuenta que testimonios escuchados en juicios de lesa humanidad y documentación histórica lo vinculan con el accionar en Mar del Plata de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), agrupación paraestatal de ultraderecha que cometió delitos de lesa humanidad previo a la última dictadura cívico militar.
Si bien el trámite del expediente se inició en febrero y tras su aprobación la ordenanza fue promulgada en mayo, en las últimas semanas comenzaron a escucharse distintas críticas y por ello el propio concejal que impulsó la iniciativa, Roberto Páez, presentó un nuevo expediente en el Concejo Deliberante que busca retirarle el título de “merito deportivo”. “Durante todo este trámite desconocíamos los datos del involucramiento de De la Canale en delitos de lesa humanidad, datos que nos llegaron a posteriori de la promulgación de la pieza legal”, afirmaron desde el bloque del Frente de Todos tras el malestar mostrado por distintas organizaciones.
El proyecto firmado por Páez -presidente de la comisión de Derechos Humanos del Concejo- que terminó por ser aprobado por el Concejo tras pasar por las comisiones de Educación y Deportes y fue promulgado en mayo pasado por el gobierno municipal planteaba la “destacada trayectoria en el ámbito de la dirigencia y gestión deportiva del Jorge Luís De la Canale, con un impacto indeleble en el deporte local”.
Concretamente, la ordenanza dispuso otorgarle el título de “mérito deportivo” al ex presidente de la Federación Marplatense de Atletismo –dejó ese puesto en 2017– “por su destacado aporte a la escena deportiva local”.
El expediente destacaba entre sus fundamentos que en 1975 De la Canale asumió como presidente de la Federación de Atletismo, en reemplazo de Justo E. Román y plantaba que, su vez, fue vicepresidente primero de la Confederación Argentina de Atletismo y vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Atletismo.
“Fue instrumental para la obtención de la sede de los Juegos Panamericanos que se realizaron en la ciudad en 1995, camino que tomó casi una década para concretarse, desde aquel año 1986 en donde se iniciaron las peticiones”, señalaba el expediente.
OTRO PROYECTO PARA RETIRAR EL RECONOCIMIENTO
Pasadas algunas semanas de su aprobación y promulgación, días atrás el propio concejal Páez presentó otro proyecto de ordenanza ahora en busca de retirar el reconocimiento.
Entre los argumentos del nuevo expediente aparecen que De la Canale “se encuentra mencionado en los juicios por la verdad, y luego que cayeran las leyes de impunidad, también en los siguientes procesos que versan sobre delitos de lesa humanidad”, entre ellos el primer juicio contra la CNU que terminó en diciembre de 2016 en Mar del Plata con tres condenas a prisión perpetua y otras cuatro con penas de entre 7 y 3 años de prisión.
En ese proceso el exfiscal Gustavo Demarchi –condenado a perpetua- insistió en numerosas oportunidades en que fuera como citado como testigo, aunque ello finalmente no se concretó. Tampoco avanzaron investigaciones judiciales en su contra pese a encontrarse mencionado por su vinculación con la CNU
En 2008, según publicó por entonces el diario Página 12, la Comisión Provincial por la Memoria reveló documentos de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) que confirmaban relatos brindados en el Juicio por la Verdad realizado en Mar del Plata. En ese informe apareció un párrafo referido al rol de la CNU y de sus integrantes y simpatizantes que decía: “Después del golpe de marzo de 1976, algunos colaboraron con el Ejército en la lucha antisubversiva, como (Eduardo) Cincotta, (Jorge) De la Canale, (Eduardo Salvador) Ullúa y (Mario Ernesto) Durquet”.
El nuevo expediente del Frente de Todos detalla que la vinculación de De la Canale surge de testimonios y “de informes de inteligencia otorgados por la Comisión Provincial de la Memoria, que mencionan el nombre de De la Canale, sumando pruebas de su involucramiento con la dictadura cívico-eclesiástico-militar del 1976”.
“Desde un mandato ético y un compromiso con la democracia y las instituciones, así como con la memoria de los y las desaparecidxs, es entonces imposible distinguir de manera alguna a una persona que ha tenido vínculos comprobados con los genocidas”, afirma el proyecto.
Y plantea que “la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de la ciudad ha contribuido a poner en conocimiento estos hechos, como así también fortalecer los procesos para que los genocidas y sus colaboracionistas sean juzgados en democracia y cumplan efectiva condena en cárcel común”.
El concejal Páez impulsó el reconocimeinto y pide su retiro (Foto: archivo / Qué digital)
“Somos consecuentes con nuestras ideas y postulados, que hacen que nuestro trabajo sea siempre de cara a la sociedad con responsabilidad y humildad, tanto a la hora de promover las iniciativas que benefician a nuestra sociedad como, también, a la hora de reconocer errores y obrar en consecuencia”, sumaron desde el Frente de Todos y concluyeron: “Pensamos que el involucramiento de De la Canale en estos hechos es inaceptable en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos, por lo que proponemos el retiro del título”.
REPUDIO Y PEDIDO DE DEROGACIÓN
Algunas organizaciones y espacios se hicieron eco públicamente de la situación y en las últimas horas desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) repudiaron el reconocimiento y pidieron la derogación de la ordenanza.
“De La Canale fue sindicado por testimonios e informes de la Comisión Provincial por la Memoria en procesos judiciales tramitados en los tribunales federales locales, como un integrante de la organización armada paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU), que en la década del ´70 se caracterizó por haber perpetrado crímenes de lesa humanidad no sólo en nuestra ciudad sin también en Bahía Blanca y La Plata; y que posteriormente muchos de sus integrantes se incorporaron a los grupos de tareas de las fuerzas armadas encargados del espionaje, persecución, secuestro, torturas, asesinatos y desaparición forzada de militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles planificado por la última dictadura cívico-militar”, expusieron desde el gremio judicial.
Así, consideraron que la distinción otorgada “debilita el estado democrático de derecho, que se consolida con la profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en curso; cuya integralidad comprende el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar a sus responsables, evitar su reiteración futura y reparar integralmente el daño ocasionado a familiares de las víctimas y a la comunidad en general por la negativa trascendencia social que tienen esos aberrantes delitos”.
