Vuelven a insistir con la municipalización de Punta Mogotes: “Es incomprensible”
Presentaron un proyecto de ley disolver la actual administración y que la Provincia ceda a la Municipalidad los terrenos.
En el marco del debate vigente en torno a la jurisdicción responsable del complejo de Punta Mogotes, en los últimos días desde la Legislatura bonaerense presentaron un proyecto de ley que apunta a terminar con la disputa mediante la cesión definitiva de esas tierras a la Municipalidad y disolver la actual administración que cuenta con mayor participación del gobierno bonaerense.
El proyecto de ley fue presentado por el legislador Diego Garciarena, presidente del bloque UCR+Cambio Federal, creado luego de las internas generadas por el alineamiento del PRO a la gestión nacional de Javier Milei pero que de todas maneras mantiene su oposición al gobierno de Axel Kicillof. La presentación, además, se da mientras en el Concejo Deliberante quedó conformada en 2023 una mesa de trabajo para analizar las posibilidades de un traspaso.
Entre sus argumentaciones, Garciarena menciona la legislación vigente en torno a los límites jurisdiccionales y las incongruencias de que haya playas de orden provincial. Al respecto, resalta que “en este porción de tierra de aproximadamente 104 hectáreas” objeto el proyecto de ley “no hay actores privados”.
Repara, además, en el convenio celebrado en dictadura -el 20 de noviembre de 1979- entre la Provincia y la Municipalidad para concretar el desarrollo turístico de Punta Mogotes mediante la creación de una sociedad de estado que en 1980 terminó por ceder a jurisdicción provincial esa porción de tierra “reservándose el ejercicio de las funciones jurisdiccionales inherentes a su poder de policía”.
Durante el gobierno de facto, Garciarena asegura que la construcción del complejo compuesto por 24 balnearios, 6 restaurantes, 10 kioscos y sector de lagunas estuvo marcada por “decisiones autoritarias y carencia total de controles”, e incluso sostiene que los gastos para la construcción fueron “muy superiores a los costos previstos de la obra” a partir de funcionamiento del Banco Provincia y fondos internacionales.
Esa situación fue la que -reconstruye- terminó con la disolución de la sociedad de estado y acciones judiciales. Con el regreso de la democracia y en un intento por normalizar la situación, en 1984 se acordó la creación de la Administración Punta Mogotes como entidad pública interjurisdiccional para hacerse cargo del complejo con participación en un 70% por parte de la Provincia y un 30% por parte de la Municipalidad.
“El propósito de esta Administración era recuperar lo invertido por la Provincia en la construcción del complejo, de manera que apenas alcanzado ese objetivo se debía volver a la situación previa existente en el sector antes de la concreción del emprendimiento, es decir, la administración, explotación, uso y goce del área debía estar a cargo del Municipio“, exponer el legislador.
Más allá de mencionar que en 1987 el gobierno municipal logró recuperar un sector de 17 hectáreas, recuerda que en 1996 se formalizó la existencia de una deuda que ascendía entonces a $17.973.179 con el Banco Provincia a partir del endeudamiento realizado por el gobierno provincial para su construcción. Ese dato se desprende del “Convenio de Reconocimiento y cancelación de la deuda de la Administración Punta Mogotes con el Banco de la Provincia de Buenos Aires” firmado en 1987 y que establecía la cancelación de la deuda mediante la entrega de bonos a la entidad financiera equivalentes a $17.973.200.
“Se entiende que la participación del Estado Provincial en la Administración tenía como finalidad que la Provincia recuperase la inversión realizada en el mencionado complejo, hecho que después de tantos años de gestión estaría por demás cubierto“, asegura aunque ese fue uno de los principales puntos de discusión en el Concejo Deliberante, con posiciones encontradas, durante su reciente debate.
En ese marco, Garciarena sostiene que es “incomprensible” mantener a la Provincia en la gestión del complejo y por eso impulsa la transferencia total de las atribuciones administrativas a la Municipalidad para su explotación mientras el gobierno provincial se haría cargo “de todo el pasivo y de las acciones litigiosas, sean administrativas o judiciales, que hubieran sido iniciadas por el ente liquidad (NdR: la Sociedad de Estado o bien iniciadas durante la presencia de la Provincia en la administración)”.
Como parte de esa transición, además, dejará asentado que el Municipio respetaría las concesiones de balnearios celebradas “hasta su caducidad” y brindaría un plazo de 180 días a aquellas que no tuvieran una fecha previamente fijada para su finalización.
Por último, el proyecto de ley del legislador del bloque UCR+Cambio Federal también establece la disolución de la Administración Punta Mogotes y encarga la celebración de un convenio en un plazo de 60 días entre los dos gobiernos para determinar los términos y condiciones del traspaso de bienes.
