Adicciones: la Defensoría denuncia un desfinanciamiento
En conjunto con entidades que trabajan en la materia, desde el organismo señalaron que la ciudad cuenta con escasez de efectores públicos y el desfinanciamiento de instituciones de la sociedad civil.
En los últimos años, los gremios que forman parte de los dispositivos estatales de atención a las adicciones han denunciado numerosas deficiencias. Lo mismo ha ocurrido con entidades civiles por no recibir el respaldo económico suficiente teniendo en cuenta la derivación de pacientes justamente a esos dispositivos. En ese marco que se mantiene hace años en Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo denunció en las últimas horas un desfinanciamiento y alertó: “Para los jóvenes pobres que consumen, las opciones son el hospital, la cárcel o la muerte”.
Los Defensores del Pueblo de General Pueyrredon Luis Salomon, Fernando Rizzi y Daniel Barragan manifestaron su preocupación ante la situación y ante el “crecimiento de la problemática” en Mar del Plata y Batán.
Junto a las ONG que conforman el Foro de Adicciones Armando Red desde la Defensoría plantearon “la droga es una epidemia y que el consumo problemático de sustancias es crítico y crónico”.
En este marco, remarcaron que General Pueyrredon “no cuenta con los lugares suficientes para tender la problemática con calidad” y señalaron que “la escasez de efectores públicos” se suma “el desfinanciamiento de las instituciones de la sociedad civil que con mucho esfuerzo se dedican a la temática”.
De esta manera, desde el organismo entendieron que estas situaciones “ponen en mayor riesgo a quienes sufren este trastorno”.
“La dificultad para dar respuestas tanto estatales como de la sociedad civil nos lleva a que muchos vecinos no encuentren apoyo. En estas condiciones, para los jóvenes pobres y que consumen, las opciones son el hospital, la cárcel o la muerte”, advirtieron.
En febrero pasado organizaciones barriales presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza por medio del cual buscan que se declare la emergencia en adicciones en la ciudad con el objetivo de que “el Municipio asuma su responsabilidad de implementar políticas públicas que tiendan a contener a las personas en situación de consumo”. Pasados los meses, denunciaron que quedó estancado su tratamiento.
