Cuatro días de toma en Las Heras: fracasó una mediación judicial entre las partes
El gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad, ratificó su postura de no iniciar una negociación ante el pedido de vivienda digna mientras se mantenga la ocupación.
Cuando se cumple el cuarto día de la toma de terrenos municipales en el barrio Las Heras por parte de unas 30 familias que reclaman por acceder a una vivienda digna este jueves se llevó a cabo una audiencia de mediación judicial que terminó por fracasar luego de que el gobierno municipal ratificara su postura de no iniciar conversaciones con las y los vecinos mientras se mantenga la ocupación.
Mientras la causa penal iniciada por el intendente Guillermo Montenegro sigue su curso tras el rechazo al desalojo por parte del Juzgado de Garantías N°2 y se está a la espera de una resolución de la Cámara de Apelación y Garantías, este jueves durante la mañana se inició ante la Coordinación General de Mediación Penal una audiencia a la que asistieron representantes de las familias que llevan adelante la toma, del gobierno municipal representado por el secretario de Seguridad, Martín Ferluato, de la Defensoría Oficial, la Defensoría del Pueblo y estamentos de derechos humanos.
Tras algunas horas de mediación, finalmente la audiencia se dio por finalizada sin acuerdo: Ferlauto explicó que el fracaso de la jornada se centró en que el gobierno no avanzará en conversaciones ni negociaciones con las y los vecinos que llevan adelante la toma en tanto no levanten la ocupación, mientras que las familias se mantienen desde el domingo a la tarde en el terreno de Fortunato de la Plaza y Rufino Inda a la espera de respuestas del Municipio.
“No va a haber desde nuestro punto de vista solución hasta que no haya un desalojo”, declaró el secretario de Seguridad en diálogo con el noticiero de Canal 8 y reiteró: “No vamos a tener algún tipo de solución porque son personas que están cometiendo un delito y no se puede utilizar la comisión de un delito como medio para obtener alguna medida”.
De esa manera, el funcionario planteó que si las familias abandonan el terreno y la toma “podrán peticionar ante las autoridades municipales, provinciales y nacional” sus reclamos en torno a la necesidad de acceder a una vivienda digna, en medio de un déficit crónico que presenta la ciudad en ese sentido.
Por otro lado, el funcionario municipal explicó que por estas horas está previsto que la Secretaría de Desarrollo Social junto con la Policía lleven adelante informes requeridos por el juez de Garantías Saúl Errandonea, teniendo en cuenta que, entre varios puntos solicitados por el magistrado, se encuentra generar informes precisos sobre el hecho, por ejemplo, corroborar la presencia de menores de edad o la existencia de instigadores. “Si bien se ha identificado a 34 personas que habrían ingresado en el predio, se carece de toda otra información que pueda brindar un mejor panorama”, señaló el juez.
