El ajuste sobre la agricultura familiar, “un ataque directo al verdadero campo”
Pequeños productores advirtieron por las consecuencias de los cierres y despidos en organismos dedicados a las pocas políticas públicas destinadas al sector.
Esta semana el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la intención del Ministerio de Economía de la Nación de implementar un fuerte ajuste sobre las políticas públicas para la agricultura familiar, con la eliminación de dos organismos nacionales y el despido de más de 900 personas en todo el país. Al ser uno de los sectores más postergados de la economía y que recién estaban empezando a obtener una respuesta estatal, pequeños productores rechazaron el avance del ajuste que, aseguran, “representa un ataque directo al verdadero campo“.
Según el anuncio del gobierno nacional, como parte del profundo ajuste que está llevando adelante, avanzarán en la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Inafci) como también el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, ambos organismos creados en 2022 luego de años de reclamos de pequeños productores de Mar del Plata y de todo el país para obtener políticas que les permitan sostener la actividad agropecuaria que, a diferencia de los grandes grupos económicos, producen los alimentos frescos que se consumen a diario.
En este caso, de manera similar a lo sucedido con el Inadi, el gobierno de Javier Milei decidió que ambas áreas pasen a ser una dirección donde solo seguirán trabajando 64 de sus 964 empleados para “ahorrarse” 9.000 millones de pesos, a pesar que sus trabajadores aseguran que el financiamiento principalmente provenía de organismos internacionales.
Fiel a su estilo sarcástico, Adorni aseguró que esas 900 personas “no trabajaban” y que había en ambas áreas una “fiesta de gasto público” y se otorgaban “fondos discrecionales” a cooperativas y organizaciones sociales.
A través del Inafci, por ejemplo, productores podían gestionar de manera virtual su acceso al Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf) y a través de él tener acceso a diferentes programas y políticas públicas tendientes a mejorar el día a día y formalizar su actividad. Así, por ejemplo, productores de Mar del Plata inscriptos en el Renaf a su vez podían llegar a obtener financiamientos de otras jurisdicciones, como el gobierno de la Provincia.
El delegado bonaerense del Instituto, Armando Castro, habló con Radio Provincia AM1270 y cuestionó la decisión nacional que, tal como sucede en otras áreas, pasaría por la no renovación de los contratos que vencen el 31 de marzo. “No somos un Instituto nuevo que salió de la nada sino que es un proceso de lucha que vienen impulsando los campesinos, los pequeños productores y los técnicos trabajando en el territorio”, planteó.
Considerando el impacto de la medida entre las pequeñas producciones agropecuarias, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) salieron al cruce del anuncio y lo rechazaron de plano: “Deja sin trabajo a cientos de personas y representa un ataque directo al verdadero campo, el campo que produce alimentos para el pueblo“, advirtieron.
Al igual que lo hicieron al cuestionar el contenido de las reformas que impulsó Milei a través del decretazo o la ley ómnibus, plantearon: “Los problemas se resuelven dejando de gobernar para la casta empresarial especuladora, no destruyendo el Estado. Y que el hambre y la inflación se deben combatir fortaleciendo a quienes alimentan al país, no beneficiando a los pocos de siempre, que especulan y lucran en plena crisis”.
También se refirieron al respecto desde la rama agraria de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular: “Al gobierno actual no le importa el sector, ni la alimentación de las y los argentinos, sólo le interesa que le cierren sus supuestas cuentas macroeconómicas, aunque eso signifique el hambre de la mitad de la población y la debacle definitiva del país”.
