Firman un acuerdo de “prevención y reparación” por violencia contra docentes
Fue suscripto entre el gobierno bonaerense y los gremios docentes. Los alcances y principales puntos.
La Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires firmó un acuerdo de “prevención, resguardo y reparación” por hechos de violencia hacia las y los docentes del territorio bonaerense en continuidad de pedidos realizados por los gremios a lo largo del 2022 como la implementación de una resolución emitida en 2015 de “resguardo y reparación pública para docentes víctimas de violencias y denuncias en la escuela”.
El acuerdo fue alcanzado por la Dirección de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -compuesto por distintos gremios de educadores- y establece medidas preventivas ante distintas circunstancias en donde las y los docentes atraviesan situaciones de conflicto, violencia física, verbal o psicológica en el ámbito laboral.
“En el marco de la prevención, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso en el mundo del trabajo docente, se busca proteger al trabajador y la trabajadora docente y a otras personas que integran la misma actividad que sean objeto de amenazas y/o comportamientos y prácticas inaceptables, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera reiterada, y que causen o sean susceptibles de causar un daño psicofísico o económico, incluyendo la violencia o acoso por razón de género”, fija el acuerdo.
Desde la Dirección de Educación se comprometieron a promover la conformación y funcionamiento regular de un ámbito interministerial para el abordaje integral de las situaciones de conflicto y violencias en las escuelas “que afectan las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación, el cuidado de niños, niñas y adolescentes y el normal desarrollo de las actividades educativas”.
El acuerdo además prevé que en el caso que trabajadoras o trabajadores docentes hubieran sido imputados y resulten absueltos o que la causa penal se archive o se deslinde de responsabilidades en investigaciones administrativas, la Dirección de Educación “garantizará actos de reparación y/o desagravio público en el ámbito escolar, y la comunidad educativa, previa conformidad de las y los afectados”.
Además, se establece que se tomarán las medidas necesarias en articulación con el Ministerio de Seguridad “para que en los casos en que deban intervenir las fuerzas policiales, no interfieran en la actividad escolar, garantizando el resguardo del funcionamiento institucional preservando a las niñas y niños, a docentes y trabajadores auxiliares de acciones disruptivas del cotidiano escolar”.
También fija que la información que requiera el Poder Judicial en cualquier proceso que involucre a docentes, auxiliares y niñas y niños ” será canalizada a través de las autoridades educativas, mediante la correspondiente orden judicial, garantizando la protección de los derechos y evitando la difusión de datos filiatorios de denunciantes, afectadas y afectados”.
“Esta acción se suma a la Resolución 2672/15 y la Guía de Orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar”, señalaron desde el gobierno provincial.
En ese sentido, el año pasado partir de situaciones de conflicto social y violencia presentadas en escuelas bonaerenses, entre ellas de Mar del Plata, en varios casos derivadas de denuncias contra el personal, los gremios docentes había pedido a las autoridades la conformación de una “comisión intersectorial” que tomara intervención ante los casos y elaborar nuevos “protocolos de actuación” junto al Ministerio Público Fiscal y la Defensoría de la Niñez, entre otras dependencias.
