Jueves 02 de mayo | Mar del Plata
09/08/2016

“Los derechos de la niñez no pueden ser una opción”

Lo aseguraron desde la Comisión Provincial por la Memoria, al presentarse como amicus curiae en el amparo del Consejo de Niñez por la restitución de programas educativos y socioculturales. Este martes se retoma el cuarto intermedio en la Justicia.

“Los derechos de la niñez no pueden ser una opción”
(Foto: archivo / QUÉ Digital)

En el marco del amparo interpuesto por el Consejo Local de Niñez con el objetivo de que el gobierno de Carlos Arroyo restituya los programas educativos y socioculturales, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como amicus curiae. “Los derechos de la niñez no pueden ser una opción porque son una obligación”, señalaron.

En concreto, y en vísperas de la reanudación del cuarto intermedio a instancias del Juzgado Civil y Comercial Nº 9, desde el Consejo dieron a conocer la novedad y celebraron la decisión de la Comisión Provincial por la Memoria de presentarse como amicus curiae, una figura que permite que las organizaciones ajenas a la disputa judicial opinen y aporten elementos que contribuyan a resolver la cuestión de fondo.

En ese marco, y luego de que el referente del organismo provincial y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se expresara a favor del Consejo, la Comisión también manifestó su parecer al asegurar: “El Estado debe tener políticas eficaces para la garantía de los derechos de niños y niñas y si no las tiene, es responsable por ello”, manifestaron desde la Comisión.

En ese sentido, y en lo que hace a la acción de amparo de incidencia colectiva contra el intendente Carlos Arroyo, y las secretarias de Cultura y Educación, Silvana Rojas y Ana María Crovetto, respectivamente, la CPM resolvió colaborar con la acción judicial. “Los derechos de la niñez no pueden ser una opción porque son una obligación. El Estado debe ser representante y garante de los derechos y gestionar políticas integrales que protejan a la niñez”, manifestaron en el escrito presentado a la jueza Patricia Ginsberg.

Respecto a los programas socioculturales, desde el organismo consideraron que los mismos generan posibilidades para que los chicos “ejerzan sus derechos a la educación y a la cultura solo pueden ser modificados o sustituidos por otros que generen mejores posibilidades y condiciones pero nunca ser suprimidos, reducidos, achicados”.

“Cuando los actos de los órganos estatales son regresivos para la situación de los niños y niñas, son contrarios a lo establecido por los Pactos y Tratados de Derechos Humanos vigentes en nuestro país”, añadieron.

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09/08/2016