Mala praxis en el HPC: cuatro años después, una nueva pericia
Tras meses de demoras, finalmente el Departamento Judicial de Lomas de Zamora se expidió respecto al caso de Benjamín, quien padece parálisis cerebral. La familia del pequeño exige avances: elevación a juicio de la causa e inhibición de bienes para los imputados.
En el marco de la investigación por presunta mala praxis en el Hospital Privado de Comunidad (HPC) en relación a Benjamín -quien con sus cinco años presenta un cuadro de parálisis cerebral, diplejía espástica y ceguera tras una intervención quirúrgica que tuvo lugar en 2013 en el HPC y en la que hubo una complicación que le dejó graves secuelas al menor- la causa sigue esperando avances concretos. Es que, pese a que recientemente el Departamento Judicial de Lomas de Zamora dio a conocer su dictamen respecto al cuadro que presenta menor, lo cierto es que la familia exige que no haya más dilaciones y que se resuelva, de una vez por todas, la elevación a juicio de la causa o el sobreseimiento de los imputados.
El cuadro actual del pequeño -parálisis cerebral, diplejía espástica y ceguera- es resultado de una intervención quirúrgica que tuvo lugar en 2013 en el HPC, en la que hubo una complicación que le dejó graves secuelas. A partir de esa situación, y tras un largo proceso judicial por mala praxis impulsado por los abogados Máximo Sabater y Daniel Romeo, la fiscalía decidió imputar a doce médicos de la institución privada y del Materno Infantil -donde también fue atendido el menor- por lesiones graves.
En ese sentido, y más allá de que inicialmente se había pedido que la pericia se realizara en el Hospital Garrahan -algo que no pudo concretarse por falta de disponibilidad-, en los últimos días los abogados que representan a Cristina, mamá de Benjamín, tomaron conocimiento del resultado de la pericia que fuera realizada en Lomas de Zamora y en la que, según expusieron en un escrito presentado ante la Justicia, “se suman nuevas irregularidades en el tratamiento a Benjamín”.
A partir de esta situación, los abogados solicitaron avances, teniendo en cuenta que la causa lleva cuatro años en curso, que ya se practicaron tres pericias médicas -“cuyos resultados no se condicen con una ‘buena práctica médica’, sino que robustecen la posición jurídica y fáctica del particular damnificado”- y que no pareciera vislumbrarse ningún tipo de resolución a futuro. Por eso, pidieron que se eleven las actuaciones a juicio oral y que además se ordene la inhibición general de bienes a los imputados, que ya prestador declaración indagatoria.
En concreto, la medida solicitada es en relación a los profesionales que participaron del proceso de atención del menor, según consta en la investigación. Se trata de Hilario Andrés Ferrero, Sergio Daniel Polliotto, Jorge Luis Montero, Alberto Ignacio Herrando, Néstor Gabriel Páez, María Nancy Martínez, Juana Eva Múñiz, José Héctor Peláez, Gustavo Ariel Maidana, Gustavo Chiodetti, María Mercedes Pacheco y Susana Inés Guichal.
Al respecto, en el escrito presentado se explica que la inhibición se solicita con el objetivo de asegurar, de alguna manera, el cumplimiento de la sentencia, en el marco del tratamiento médico necesario para abordar el cuadro que presenta Benjamín: “La indemnización que se intenta asegurar es para un menor de edad, quien padece parálisis cerebral y ceguera, producto prima facie de una pluralidad de mala praxis médicas por parte de los médicos identificados, hoy todos imputados”.
¿QUÉ DICE LA PERICIA DE LOMAS DE ZAMORA?
Según consta en el expediente en trámite, la pericia realizada en Lomas de Zamora arroja “nuevas malas prácticas” al puntualizar que “habría un retardo en el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico” y que además “se considera que la evaluación realizada en la primera consulta no está lo suficientemente explayada en la historia clínica”. Entre otros aspectos, en el dictamen de la pericia se hace hincapié también en la falta de información respecto a algunos de los estudios practicados.
“Es de mencionar que no se cuenta con el resultado de la anatomía patológica de la resección intestinal que se le efectuara a la víctima, con lo cual se podría estimar la evolución que presentara la perforación del divertículo, dado que el retraso en el diagnóstico ha incidido en el resultado final”, consideraron los peritos intervinientes.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta la posibilidad de que los médicos imputados soliciten una nueva pericia, para la familia de Benjamín no existe otra alternativa que no sea llegar al juicio oral, “ámbito idóneo donde deberán canalizarse todas las cuestiones planteadas por las partes”: “De lo contrario continuaremos en una contienda sine die toda vez que sólo tendría fin cuando alguna de las tantas pruebas periciales les siente bien (a los imputados), contingencia poco probable si tenemos presente que cada vez que se practica una nueva pericia, los resultados comprometen aún más el obrar que tuvieron en la atención de Benjamín”.
