Mala praxis en el HPC: una causa entre denuncias, contradicciones y demoras
Se trata del caso de Benjamín, de 8 años, quien padece parálisis cerebral y ceguera, tras una operación en el hospital. Siete años después, aún no hay definiciones.
A siete años de la intervención quirúrgica que tras una complicación derivó en que Benjamín, que en este 2020 cumplirá 8 años, conviva de por vida con un cuadro de parálisis cerebral, diplejía espástica y ceguera –y pese a la denuncia y los avances judiciales en el marco de la investigación por presunta mala praxis en el Hospital Privado de Comunidad (HPC)– lo cierto es que la causa aún sigue sin tener definiciones concretas.
Tras las cuatro pericias realizadas, la imputación de 12 médicos de la institución privada y del Materno Infantil -donde también fue atendido el menor- por lesiones graves y el acercamiento entre las partes en busca de un acuerdo económico para avanzar con un tratamiento médico, el 2019 terminó con una sorpresiva decisión para la familia: el pedido de sobreseimiento por parte de la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de Pablo Cistoldi.
Es que, de acuerdo al relato de la familia de Benjamín, en palabras de Cristina –su mamá y quien desde 2013 sostiene la lucha en busca de Justicia, con la representación del abogado Máximo Sabater- pese a que durante todo el año pasado la expectativa estuvo puesta en la elevación a juicio de la causa, tras numerosas idas y vueltas, finalmente Cistoldi solicitó el sobreseimiento de los médicos imputados al entender que no existen “suficientes motivos para remitir el caso a juicio”.
Según consta en el pedido elevado al Juzgado de Garantías N°6, el agente fiscal no prevé que en dicha etapa “pueda incorporarse prueba útil para sustentar con éxito una acusación contra los imputados”, por lo que entiende que corresponde, entonces, dictar el sobreseimiento para los médicos, dado que el hecho atribuido “no encuadra en una figura penal”.
En concreto, el escrito analiza punto por punto la atención brindada por los médicos en cuatro etapas: la inicial, la del Materno Infantil, la prequirúrgica y la operación del menor, que en ese momento tenía 10 meses y había ingresado a la guardia del HPC con fuertes dolores de panza y llanto incontrolable, lo que derivó en la intervención quirúrgica que finalmente dejó al pequeño con secuelas neurológicas de por vida.
Fue justamente en ese marco, y al advertir irregularidades en el tratamiento médico del niño, que su familia impulsó la denuncia que en 2016 tuvo su mayor avance, luego de que el mismo Ministerio Público Fiscal que a fines del año pasado solicitó el sobreseimiento, decidiera imputar a los médicos intervinientes al dar por acreditado que “por acción u omisión” tenían responsabilidad en las lesiones graves que fueron constatadas durante la investigación.
Sin embargo, tres años después, desde la fiscalía entendieron que “las constancias investigativas colectadas en el transcurso de la investigación no permitirán sustentar en un debate oral la hipótesis de una conducta negligente, imprudente, imperita y/o antirreglamentaria por parte de los imputados, que hubiera derivado en un riesgo prohibido y posterior acaecimiento de las lesiones padecidas”.
“Habiéndose agotado las medidas investigativas a producir, entiendo que es inviable requerir la citación a juicio”, concluye el pedido de sobreseimiento, en el que de todas formas se aclara que “dado que el estándar probatorio requerido en materia penal es mucho más exigente que el utilizado en el área civil, la presente petición no importa un debido pronunciamiento sobre la procedencia de eventuales reclamos indemnizatorios”.
UNA INVESTIGACIÓN DEMORADA, CON DENUNCIAS Y CONTRADICCIONES
Para la familia de Benjamín, la realidad es que de la investigación “surgen sobrados elementos de convicción que echan por tierra la posición del Ministerio Público Fiscal en relación a que no existan suficientes motivos para remitir el caso a juicio”, por lo que justamente,“el único escenario idóneo para determinar autorías y responsabilidades” es el debate oral.
Pero además, para el particular damnificado existen también ciertos aspectos “contradictorios” en el pedido de sobreseimiento, en especial teniendo en cuenta que en su presentación, el fiscal Cistoldi -entre otros puntos- repara en que hasta noviembre de 2019 no se habían registrado “acercamientos en las posiciones del abogado de la víctima, imputados y partes civiles respecto de lo que constituye el interés principal de la víctima”, algo que en realidad sí sucedió.
Esto teniendo en cuenta que ese mismo mes, según consta en el expediente, quedó asentada la comunicación telefónica entre el representante legal de la víctima y el abogado de los profesionales, en lo que fue un avance en busca de acercar posiciones respecto a “la suma en dinero que ofrecería la compañía (de seguros) en concepto de reparación”. Además, también hay registro de la existencia de reuniones con representantes del HPC, quienes al menos en esa instancia evaluaban “una propuesta en concepto de indemnización”.
Todo esto fue expuesto por la familia de Benjamín en un escrito presentado ante la Fiscalía General y luego ratificado ante el Juzgado de Garantías, teniendo en cuenta las dilaciones, el paso del tiempo, la necesidad de una respuesta concreta para Benjamín y la denuncia presentada, también en el transcurso de 2019, contra el propio fiscal Cistoldi, a partir de una “presunta irregularidad procesal por retardo o denegación de justicia”, investigación en curso y a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos N°10.
