Petroleras: “Los controles no existen y no van a existir a 300 kilómetros de la costa”
La Asamblea por un mar libre de petroleras mostró su rechazó ante la Cámara de Apelaciones a la decisión judicial que habilitó la exploración sísmica.
Una concentración y protesta frente a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata fue protagonizada este martes por integrantes de la Asamblea por un mar libre de petroleras que rechazan y cuestionan la decisión tomada en las últimas horas de dejar sin efecto la medida cautelar y habilitar la exploración sísmica a 300 kilómetros de la costa para la eventual explotación petrolera. Acusaron que la resolución fue “acordada con las corporaciones, el gobierno y las burocracias sindicales” y advirtieron que los controles prometidos a la actividad “no van a existir”.
La Asamblea por un mar libre de petroleras, formada en Mar del Plata tras el avance del primeros de los proyectos petroleros offshore que es motivo de disputa judicial, se concentró este martes a la mañana frente a la sede de la Cámara Federal local ubicada en la diagonal Pueyrredon y Belgrano para exponer su rechazo al fallo emitido este lunes por los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez. En ese mismo lugar se habían movilizado el domingo como parte de las acciones de protesta que llevan adelante los días 4 de cada mes desde principios de este año.
Las y los asambleistas mostraron su repudio a la decisión judicial que anuló la suspensión de la prospección sísmica que estaba vigente desde hace diez meses y señalaron que se trata de una resolución “política y que favorece el desarrollo de la explotación petrolera costa afuera, una actividad altamente costosa, riesgosa y contaminante a partir de la cual se pueden generar daños irreparables en el ecosistema marino y en el territorio costero”.
Así, acusaron que la resolución “fue acordada en conjunto con las corporaciones, el gobierno, los sectores empresariales locales y las burocracias sindicales” y entendieron que “lejos de traer bienestar a nuestra comunidad, configura una transformación productiva de la ciudad que afectará el ambiente y profundizará la desigualdad social”.
Es que marcaron que en los “territorios atravesados por la industria petrolera” la riqueza “se la llevan los mismos de siempre y a los pueblos sólo les quedan los derrames, los basurales petroleros, la contaminación del agua y del aire, la destrucción de los ecosistemas y de las economías regionales”.
Asimismo, cuestionaron los controles que la Justicia fijó y que el gobierno nacional aseguró que llevará a cabo sobre la actividad: “Los controles del Estado no existen y no van a existir a 300 kilómetros de la costa, porque el Ministerio de Ambiente de la Nación es una dependencia más de las corporaciones extractivistas y sus funcionarios, con Juan Cabandié a la cabeza, trabajan para garantizar las Declaraciones de Impacto Ambiental que necesitan las empresas para realizar sus proyectos ecocidas”.
En ese punto, enumeraron diversas situaciones en las que el Estado no realiza o lleva adelante deficientes controles y señalaron que “el Estado, en sus distintos niveles, es perfectamente funcional a los intereses empresariales que sin escrúpulos dañan el ambiente y saquean los bienes comunes”.
Con respecto al ámbito judicial, tras la resolución existe un plazo de diez días hábiles para que los impulsores de los amparos, entre ellos varias organizaciones ambientalistas, puedan presentar ante la Cámara recursos extraordinarios con el objetivo de que el tema termine por ser dirimido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
