IOMA: la Justicia le dio la razón a las clínicas privadas y levantó la cautelar
La jueza consideró que las clínicas Colón, 25 de Mayo y Pueyrredon no incumplieron cláusulas del convenio y que no hay riesgo de falta de atención de pacientes.
Luego de recibir documentación complementaria, la jueza platense María Fernanda Bisio le dio la razón a las empresas de salud, y dio marcha atrás con la medida cautelar que obligaba a las clínicas privadas Colón, Pueyrredon y 25 de Mayo a mantener la atención a pacientes de la obra social estatal bonaerense IOMA en Mar del Plata. A pesar de que atienden al 80% de los afiliados, la jueza consideró que no está en riesgo el derecho a la salud de los damnificados. Los detalles de la resolución.
El 4 de diciembre y tras una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de La Plata a cargo de María Fernanda Bisio había dictado una medida cautelar ante la decisión de las clínicas de bajarse del convenio entre la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Fecliba) y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social que nuclea a buena parte de los trabajadores estatales bonaerenses.
El argumento de las empresas pasaba por la reiterada desactualización del pago por las prestaciones -sobre todo en un contexto inflacionario- y se enmarca en los constantes reclamos por el funcionamiento y financiamiento de la obra social bonaerense, más allá del convenio con las clínicas.
Sin embargo, tal como publicó Qué digital, esa medida cautelar entró en vigencia ante la urgencia del acceso a la salud pero a la espera de informes solicitados a las clínicas: fue tras la llegada de esos informes que la jueza consideró que no había incumplimientos a las cláusulas del convenio e incluso aseveró que no existía riesgo alguno de acceso a la salud para las personas afiliadas, a pesar de que el 80% del total local de afiliados se atendía allí y a partir de ahora deberá ir a buscar atención médica a otros establecimientos en convenio con la obra social.
En ese sentido, la resolución judicial se desprende de la documentación aportada por las clínicas en la que la jueza advierte que los tres sanatorios “comunicaron fehacientemente a Fecliba su voluntad de darse de baja como prestadores asistenciales” en relación al convenio entre la Federación y el IOMA, entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, mientras que el aviso de Fecliba a IOMA se concretó el 9 de octubre: es que, según el convenio vigente, las empresas de salud podían avisar con 60 días de antelación la decisión de bajarse del contrato.
Por otro lado, en cuanto a otras irregularidades en la atención incluso antes del plazo límite de 60 días vencido el 4 de diciembre -las cuales también habían sido denunciadas por la Defensoría del Pueblo- la jueza indicó que “exceden el objeto del presente proceso”, ya que las actuaciones están centradas en el cumplimiento del convenio.
Además, a pesar de todo lo que implica el corte de tratamientos y el traslado de gran parte de la demanda de IOMA al resto de las clínicas, la jueza no cree que haya un riesgo en la atención porque asegura que la obra social “no ha siquiera alegado, ni probado en modo alguno que las restantes alternativas de atención médica existentes en la localidad de Mar del Plata resulten insuficientes para atender la demanda de prestaciones asistenciales que involucra el universo de afiliado de IOMA en la zona”.
Así, sin mencionar cómo afectarían el desborde de la atención del resto de centros de salud, consideró que no hay impedimentos para que la demanda se traslade al esto de los establecimientos vinculados a IOMA: “Por las razones expresadas, corresponde disponer el levantamiento de la medida pre-cautelar decretada en fecha 4/12/2023, y desestimar la medida cautelar peticionada en el escrito de inicio”, concluye el escrito.
