Una audiencia conciliatoria para la reactivación comercial de Mar del Plata
Propuesta por la Fiscalía Federal N°2, representantes del gobierno nacional, municipal y de la Zona Sanitaria VIII fueron convocados a reunirse junto a empresarios locales.
A partir de la presentación de un amparo, la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata propuso la convocatoria a una audiencia conciliatoria entre empresarios y autoridades estatales en pos de avanzar hacia una reactivación comercial en Mar del Plata que contemple tanto las condiciones sanitarias de la ciudad como la “libertad de trabajo”. Será el viernes a las 10 de la mañana.
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, empresarios locales antepusieron un recurso de amparo frente a los alcances de las restricciones vigentes en todo el país, y en Mar del Plata puntualmente, para prevenir la propagación del coronavirus, por las cuales la ciudad permanece en fase 3. Se trata de una situación que impide al sector comercial abrir sus puertas en plenitud, aunque en muchos casos las aperturas se están dando de igual manera.
En consecuencia, el fiscal general Daniel Adler dictaminó la convocatoria a una audiencia tanto a los comerciantes como a representantes del gobierno nacional, municipal y de la Zona Sanitaria VIII, a la cual hizo lugar el Juzgado Federal N°2 a cargo de Santiago Martín.
Al respecto, el fiscal reparó en que la pandemia “es absolutamente inédita” y como tal el Poder Judicial debe “interceder” en las tensiones que se generan entre los distintos ámbitos. En ese contexto apunta a que en la audiencia propuesta se pueda analizar la situación de manera integral y “avanzar en la búsqueda de consensos necesarios para la preservación equilibrada de los derechos en juego”.
A su vez, el fiscal había reparado en que la vía elegida por los empresarios y comerciantes para ver satisfecho su reclamo resultaba adecuada: “Dicho marco ha sido reconocido para que el Poder Judicial intervenga con el objetivo de evitar que se produzcan lesiones, y así impedir el padecimiento de perjuicios por los justiciables”.
Frente a la presentación de los empresarios, el fiscal entendió que se encuentran en pugna, por un lado, “el derecho a la vida y su preservación necesaria” y, por el otro, la “libertad de trabajo y el ejercicio de la industria lícita”.
