La crisis del transporte público en la zona sur no escandaliza a casi nadie
Cómo padecen vecinos de los barrios sureños la falta de políticas públicas acordes al crecimiento orgánico de la zona.
La crisis del transporte público en la zona sur no escandaliza a casi nadie. La situación no es nueva ni se circunscribe a la temporada de verano. Tampoco es nueva la falta de políticas públicas para revertirlo. Lo que sí es nuevo es cómo el gobierno sí posa sus ojos sobre la zona otorgando permisos para empresarios, barrios privados y autorizando mega eventos mientras la presencia del Estado -en todas las áreas- sigue a niveles de hace décadas atrás.
Para llegar al límite sur del partido en transporte público, turistas de clase trabajadora y vecinos tienen dos opciones pero muy reducidas posibilidades: el 511 Chapadmalal -la única que llegue hasta el último barrio del sur, Las Brusquitas- o la línea Costa Azul que llega hasta Miramar y es provincial. Ambas pertenecen al holding empresarial que lidera el polémico empresario Juan Inza.
Si en la zona céntrica el servicio de colectivos ya es cuestionado, en estas líneas las denuncias se multiplican. Solo como una breve introducción, los servicios de la 511 circulan cada una hora y en verano la última unidad parte de la cabecera de Luro y Carrillo a las 19.15.
Esa más que reducida cantidad de frecuencias que se mantiene prácticamente sin cambios desde hace años sin atender el fuerte aumento de la demanda -por el crecimiento orgánico de la zona sur o, por ejemplo, por la paulatina reapertura de los hoteles de Chapadmalal- deriva no solamente en colectivos abarrotados de personas: son decenas los turistas y trabajadores que permanecen durante horas esperando, en la ruta o en pleno centro, una unidad que tenga lugar, un mínimo espacio en el que poder viajar como sea, pero viajar.
Y después de esa última salida desde la cabecera, solo se puede viajar en la línea Costa Azul, sin ningún tipo de tarifa social considerando que no tiene el sistema SUBE instalado, otro histórico reclamo de vecinos de la zona.
¿El nuevo pliego de colectivos que aprobará el gobierno por los próximos 20 años traerá mejoras a este sector? Por lo pronto el cambio que mayor publicidad mereció por parte del gobierno es la implementación de una línea anular: de Juan B. Justo para el norte. Mientras tanto, vecinos y vecinas de Chapadmalal pagan los boletos más caros del sistema de transporte municipal: $388.19 hasta la Unidad Turística (UT) Chapadmalal o $471.80 hasta el fin del partido, por ejemplo.
Pero si el 511 pasó de largo colapsado de pasajeros o son más de las 19.15, a todo esto se suma el costo del boleto de Costa Azul, la última opción para viajar a la zona sur. La empresa, que goza de un servicio regulado por la Provincia, aplica aumentos del boleto sin autorización, y así lo reconoce el propio gobierno de Axel Kicillof. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, no volvió atrás ninguno de los dos aumentos que aplicó en diciembre. La desregulación del transporte de hecho (y a $1.500 pesos por viaje).
Pero más allá de no promover modificación alguna en el funcionamiento del transporte público, miente aquel que diga que el gobierno municipal no mira hacia la zona sur. Pero, ¿cómo la mira y para quiénes gestiona?
Es que los servicios municipales que necesita la clase trabajadora se mantiene inmutable e incluso con cada vez mayor precariedad si se considera -a modo de ejemplo- que en 2020 el Municipio hasta intentó quitar la única ambulancia del SAME en la zona sur-sur, frenado a medias gracias a una intensa organización y movilización de vecinos que la retuvo en la Delegación Chapadmalal.
Y, además, son barrios que hacen de variable de ajuste ya que en el Presupuesto 2023, por ejemplo, se había incluido la construcción de un nuevo CAPS Chapadmalal y en el Presupuesto 2024 esa obra se borró de un plumazo como el tantas otras.
Ni hablar, además, que mientras los concesionarios de las playas de las unidades turísticas fiscales que debe controlar el Municipio gozan de impunidad para modificar los espacios naturales, en la última campaña electoral el gobierno local buscó por todas las vías posibles evitar el inicio de un proyecto agroecológico en El Marquesado y se gestionaron recursos policiales que estuvieron durante todo el año inmovilizados en el ingreso del predio, perteneciente al Estado nacional.
En paralelo, la construcción de la circunvalación por parte del gobierno provincial hasta el momento parece haber impulsado mucho más el inicio de construcciones en barrios privados ubicados a los costados de la calle 515 -como Olas Chapadmalal– que los beneficios productivos vinculados al Parque Industrial, que era el gran motivo para la obra. Casualmente, el propio oficialismo impulsó un cambio en la zonificación de predios alrededor del Parque Industrial para permitir la instalación de barrios privados que, con la 515 asfaltada, estarán a 15 minutos de la playa.
Es decir, mientras el Municipio empezó a habilitar nuevos comercios, a autorizar mega eventos como las fiestas electrónicas y a fomentar el turismo exclusivo de Chapadmalal en sus propias campañas publicitarias, la presencia del Estado no solo no creció en iguales proporciones sino que sigue siendo deficitaria.
Entonces, ¿qué vecino o turista es el merecedor de políticas públicas? ¿El de alto poder adquisitivo, denominado ABC1? ¿El que paga una prepaga o tiene su camioneta? ¿El que sueña con un Chapadmalal aristocrático que muestran los medios porteños, fuente de millonarios negocios inmobiliarios? Basta con mirar hacia dónde apuntan las políticas públicas, potenciando el flujo turístico de elite, la actividad comercial y barrios privados, sin atender las necesidades básicas de quienes “laburan”.
