Promulgaron la ordenanza que crea la nueva Defensoría del Pueblo “unipersonal”
El mandato de los defensores actuales vencerá el 14 de mayo, luego de la última prórroga. Las funciones que tendrá el nuevo organismo tras el recorte.
Luego de un tratamiento exprés gracias a la mayoría automática que tiene el oficialismo en el Concejo Deliberante que no quedó exento de polémicas, este jueves se formalizó el recorte en la Defensoría del Pueblo con la promulgación de la ordenanza que reduce sus titulares de tres a uno, pasando a ser un organismo “unipersonal”. Las funciones y cuándo se conocerá al próximo defensor o defensora.
A pesar de que prácticamente la elección dependerá del visto bueno del oficialismo, en su primer artículo la Ordenanza N° 26.185 define a la futura Defensoría como un organismo con carácter “unipersonal e independiente con plena autonomía funcional y política sin recibir instrucciones de ninguna autoridad”.
Es que su función a grandes rasgos seguirá siendo la misma: supervisar a funcionarios y agentes dependientes del gobierno municipal, como también de los entes descentralizados y los Juzgados de Faltas para “evitar la vulneración de derechos de toda persona física o jurídica” dentro del distrito.
A su vez, la normativa establece que no podrá intervenir en “conflictos entre particulares”, cuando haya una resolución judicial pendiente o haya transcurrido más de un año calendario a partir del momento en el que el denunciante tomara conocimiento del hecho.
Cabe recordar que actualmente -tras la renuncia de Fernando Rizzi que pasó a integrar el gabinete de Guillermo Montenegro- los mandatos de Daniel Barragán y Luis Salomón terminarán el 14 de mayo, luego de la prórroga por seis meses establecida a fines de 2023 luego de que el Concejo Deliberante no haya cumplido con el plazo para llamar a elecciones: sería entonces cuando el oficialismo aprovechó para presentar su propuesta de recorte, ya con la mayoría automática en el legislativo tras las elecciones de octubre, reflotando una iniciativa que ya había sido impulsada en 2022 por el ahora armador político de Javier Milei en Mar del Plata, Alejandro Carrancio.
A partir de esta ordenanza, la elección comenzará cuando la Presidencia del Concejo Deliberante abra por diez días un “Registro de postulantes” donde podrá inscribirse ciudadanos que cumplan con los requisitos mínimos que se establecen para ser concejal, estén afiliados o no a un partido político o a alguna organización.
La nómina de postulantes, según la normativa, debe darse a publicidad y, como mínimo, estará disponible en la web oficial del Concejo Deliberante. Además, una vez cerrado el periodo de inscripción habrá otros 8 días más en total para observaciones sobre alguna de las postulaciones. Luego, el Concejo Deliberante deberá llamar a una sesión especial por un plazo no mayor a los diez días corridos desde ese último plazo para elegir en dos votaciones al Defensor del Pueblo y a su suplente.
Una vez electo, permanecerá en el cargo por cuatro años y podrá ser reelegido por única vez en forma consecutiva, podrá ser removido de su cargo con el mismo procedimiento previsto para el intendente municipal y podrá recibir suspensiones provisoriamente con el voto favorable de dos terceras partes del Concejo Deliberante.
En cuanto a su funcionamiento, el artículo 13° de la normativa establece que el Defensor será quien proponga al Concejo Deliberante la partida presupuestaria “que considera pertinente” y dictará el reglamento interno de su dependencia y de su personal.
Además, podrá “iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los hechos u omisiones de la Administración Pública, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones”.
Asimismo, entre las funciones competentes deberá elevar el informe anual de actuaciones al Concejo Deliberante antes del 31 de mayo de cada año, requerir información a dependencia municipales que deberán ser contestadas en un plazo de diez días corridos, acudir a la Justicia cuando lo crea conveniente, y remitir al Concejo proyectos de ordenanza.
Asimismo, la Ordenanza establece que la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento del Concejo Deliberante sea la que oficie como “contralor” de la Defensoría.
