Cuestionan el “retroceso” que implica un nuevo intento por recortar la Defensoría del Pueblo
Para el defensor Daniel Barragán, “es difícil tomar con seriedad” el proyecto elevado por el concejal Alejandro Carrancio para cambiar el organismo.
En los últimos días se conoció un proyecto presentado por el concejal de Crear Juntos, Alejandro Carrancio, para reformar -y recortar- la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon: propone que se pase de los tres defensores actuales a solo uno y que sea elegido por el segundo partido más votado en las elecciones. Las contradicciones detrás de un proyecto que encuentra el rechazo de los defensores. “Significaría un retroceso”, advierte el defensor Daniel Barragán.
Desde hace un tiempo, tras su alejamiento de Juntos, Carrancio busca ser el referente local de la ultraderecha que en Capital Federal encarna el economista Javier Milei, quien a su vez busca posicionarse con un discurso que aparenta una “rebeldía anarcocapitalista” -siempre funcional a sectores concentrados de la economía- y una pretendida propuesta “novedosa” a pesar de sus vínculos directos con parte de “la casta” que dice combatir.
En ese marco, Carrancio busca empezar a bajar ese ideario a la realidad marplatense y propone, a través de un proyecto de ordenanza presentado hace algunos días y que todavía no empezó a tratarse, ajustar en un área que, según afirman sus responsables, casi no presenta margen para achicarla todavía más.
Es que la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon -un organismo dependiente del Concejo Deliberante- acortada solo a seis miembros, ya debió enfrentar un denunciado proceso de ajuste en la presidencia de Ariel Martínez Bordaisco -radical, hoy senador provincial- y, más allá de estar ahora en una mejor situación, se trata de un área que necesita ser jerarquizada en virtud del rol que ocupa y que, en el proyecto, el propio Carrancio reconoce.
Los puntos centrales del proyecto de Carrancio pasan por achicar la cúpula de la Defensoría de tres defensores a uno y que el mismo sea designado por la segunda fuerza política más votada en las elecciones ejecutivas, pese a que plantea que “el cumplimiento del debido rol de controlar a las instituciones y funcionarios de gobierno no puede ser sesgado por posiciones políticas de quienes ejercen el cargo”.
Rizzi, Salomón y Barragán, los actuales defensores (Foto: Defensoría del Pueblo)
La actual composición de la defensoría en tres personas responde a su pretendido carácter plural: cada uno de ellos es elegido en elecciones de tres sectores particulares y que hacen a una parte del entramado social, como son las sociedades de fomento, los colegios profesionales y las organizaciones no gubernamentales. En ese sentido, cada uno ocupa el cargo de coordinador cada 20 meses de las tareas que realizan diariamente para supervisar la correcta actuación de funcionarios y agentes dependientes de las distintas áreas municipales.
“NO SOMOS DEFENSORES DEL OFICIALISMO NI DE LA OPOSICIÓN”
“Entendemos que se convierte en un retroceso. El modo de elección nos brinda lo que hoy pasa entre los defensores, que hay una diversidad muy profunda entre las adscripciones políticas que tenemos. Es sabido que los tres tenemos distintos posicionamientos políticos, lo cual garantiza una absoluta y total necesidad de consensos para llevar adelante nuestra tarea. Sería totalmente distinto si una fuerza política elije a un único defensor”, introdujo el defensor Daniel Barragán, en diálogo con Qué digital.
El proyecto apunta a una presunta “independencia” ideológica del defensor, difícil de lograr desde la propuesta misma que hace para su designación. “Nosotros entendemos que el valor de los partidos políticos, de la democracia, es fundamental. Nos llama la atención que el proyecto provenga de un concejal que adhiere a una fuerza política que habla permanentemente en contra de la casta y que lo que defina la elección sea un partido. Nosotros estamos a favor de la política, de los partidos. Creemos que la política es absolutamente transformadora, pero no somos defensores del pueblo del oficialismo ni de la oposición, somos defensores del pueblo en conjunto”, continuó.
Además, al ser solo un defensor y definido en los comicios ejecutivos, el mandato que propone Carrancio es de 4 años y no de 5 como en la actualidad según la Ordenanza Nº 13.663, otro de los puntos que Barragán considera erróneos: “Que sea de 5 años garantiza precisamente que el mandato no se corresponda con un período gubernamental”, explica el histórico dirigente y remarca: “Un concejal que está en contra de la casta lo que hace es concentrar aún más las decisiones políticas”.
“Nosotros entendemos que intentar modificar la ordenanza es intentar primero cortarle esta independencia -aunque en el proyecto diga lo contrario- a la Defensoría del Pueblo, quitarle la posibilidad de que genere consensos y significaría un retroceso para el avance democrático que significó la última ordenanza que rige hoy”, afirmó.
EL RECORTE DE UN ÁREA YA LIMITADA Y NO JERARQUIZADA
La Defensoría ya sabe lo que es el “acoso” presupuestario. En 2020, en la gestión de Bordaisco en el Concejo Deliberante, se hizo todavía más difícil el trabajo de un área que, por el contrario, necesita ser jerarquizada. Sin embargo, siguen surgiendo proyectos que apuntan a reducir aún más la planta: “Cree que con dos sueldos va a salvar al Municipio“, cargó Barragán.
La inestabilidad presupuestaria, para la Defensoría, es una regla: “El año pasado la Defensoría prácticamente no tuvo presupuesto. Este año la nueva presidencia (NdR: Marina Sánchez Herrero) le otorgó un presupuesto muy superior pero todavía muy inferior al del 2020, que además no fue ejecutado”, lamentó.
Daniel Barragán. (Foto: Qué digital)
Es que -según explicó- la ejecución de las partidas destinadas para el área por parte del Concejo Deliberante es más que dificultosa y está atravesada por numerosas trabas burocráticas del Legislativo y del Ejecutivo. “Para poder comprar una computadora a veces pasan seis meses, se devalúa el presupuesto original y muchas veces deriva en su no ejecución“, graficó.
Así, sostiene que la ejecución presupuestaria que ejercen es “mínima” y que por eso se limita prácticamente a los sueldos. Incluso, hasta hace cuatro meses -recuerda- solo tenían cuatro empleados como parte del mencionado recorte, cuando previamente solían tener seis. Recién con la nueva composición del HCD volvieron a tener esa nómina –una abogada y cinco administrativos– que sigue siendo limitada.
Incluso, Barragán menciona que el peor momento de la Defensoría en términos de personal fue en un momento donde más lo necesitaba, como lo fue el período más crítico de la pandemia de coronavirus, pese a lo cual “nunca cerró ni un día”.
A eso se suma que sus empleados no tienen posibilidad de promoción al no ser una estructura jerarquizada, por lo que no pueden mejorar su posición ni sus ingresos, y ese es uno de los pedidos que, aseguran, mantienen los defensores desde que asumieron.
Hoy en día, ni siquiera tienen plena libertad de disponer del personal y del presupuesto, a pesar de que así lo indica el artículo 11°de la ordenanza: “La ordenanza dice que los defensores son los que definen al personal que debe ser ratificado por el Concejo, pero no es eso lo que sucede en la práctica. La designación la hace la Presidencia”, mencionó Barragán y aclaró que si bien este año la situación mejoró, lejos está de ser la ideal sin siquiera una ejecución acorde del presupuesto.
En síntesis, Barragán manifestó su rechazo al proyecto y lo vinculó más a la carrera política de Carrancio que a una propuesta para mejorar el funcionamiento del organismo: “Es una actitud de oportunismo político que tiene que ver con su intención de pertenecer a una fuerza política y que no tiene mejores cosas que hacer que agarrársela con el único organismo que tiene independencia absoluta -salvo presupuestaria- para poder realizar la tarea que tiene que tener y evidentemente si eso significa disminuir la cantidad y ponerla en manos de una fuerza política, el concejal se contradice”, cerró.
