Robo y tiros en el HPC: pena unificada y 33 años de prisión
Diego Gastón Armoa Reyes fue condenado a diez años de prisión por el hecho ocurrido en mayo de 2015, pero la pena fue unificada porque estaba con salidas transitorias mientras cumplía otra condena por el homicidio de un policía.
Uno de los delincuentes que protagonizó en mayo de 2015 el asalto y tiroteo en el Hospital Privado de Comunidad (HPC) mientras gozaba de salidas transitorias -ya que cumplía una pena por homicidio- fue condenado a diez años de prisión por el hecho, pero teniendo en cuenta que ya cumplía otra de 24 años, la Justicia determinó una pena única de 33 años de prisión.
El 21 de mayo de 2015 momentos de tensión y caos se vivieron en el HPC cuando alrededor de las 14.30 dos individuos -uno de ellos prófugo hasta el momento- entraron al nosocomio ubicado en Córdoba al 4500, y amenazando con armas de fuego a los empleados se apoderaron ilegítimamente de diversos bienes y se tirotearon con personal de seguridad. Luego, uno de los individuos robó un remis en San Luis entre Larrea y Azcuénaga y se dio a la fuga en el vehículo, que fue encontrado momentos después abandonado en la zona del barrio Bosque Grande, en Olazar al 1500.
Ese último hombre era Diego Gastón Armoa Reyes, quien días después del hecho fue detenido cuando los investigadores lo identificaron y constataron que mientras realizó el robo estaba en el Penal de Batán purgando una pena de 24 años por el homicidio de un policía. Si bien ya estaba detenido, formaba parte del programa Casas por Cárceles, por lo que estaba alojado en una vivienda dentro del complejo penitenciario y tenía el permiso para salir los días jueves de 9 a 19.
Tras la investigación llevada adelante por la fiscal María Isabel Sánchez, este jueves el juez Néstor Conti dio por acreditados los dos hechos: el robo a algunos trabajadores del HPC y la sustracción del remis en el que huyó, y así lo condenó a diez años de prisión por el delito de “robo agravado por su comisión con el uso de arma de fuego” además de sumar la declaración de “reincidencia”. De esta manera, el magistrado fijó una pena única de 33 años de prisión.
A la hora de la condena, el juez tuvo en cuenta como agravantes la puesta en peligro de un número indeterminado de personas, en razón del horario en los que se desarrollaron los hechos, y habiéndose cometido uno de ellos en la sede de un hospital.
