Colectivos: Arroyo busca prorrogar por tres años la actual concesión
Tras la demora en la presentación del nuevo pliego y la falta de avances en el Concejo, el intendente pidió autorización para que los empresarios procesados por la Justicia tengan tres años más el servicio a su cargo.
Se veía venir y está a punto de ocurrir: a pesar del procesamiento por parte de la Justicia Federal para muchos de los empresarios en el marco de la causa “Choferes fantasmas”, el gobierno de Carlos Arroyo busca prorrogar por tres años la concesión actual que tiene a cargo el servicio de colectivos de Mar del Plata. Lo hace al argumentar que el pliego de licitación presentado con demoras en noviembre pasado no registró avances en el Concejo Deliberante y, por ende, los plazos para llevar adelante un proceso de este tipo no dan teniendo en que cuenta que el pliego actual vence en junio.
Concretamente, el gobierno municipal presentó este miércoles en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza por medio del cual busca que el Cuerpo preste su acuerdo para que el Ejecutivo “proceda a disponer una prorroga de tres años de los contratos de concesión del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros vigentes”.
En ese sentido, se incluye a todas las firmas actuales que tienen a cargo el servicio: Peralta Ramos, 12 de Octubre, El Libertador, 25 de Mayo –manejadas todas por Juan Inza– y Batán SA.
El proyecto que ahora deberán tratar los concejales estipula que las empresas deberán “garantizar la continuidad de los servicios, mantener el plan de inversiones del parque automotor que dispone el vínculo original, demostrar la capacidad económica financiera, mantener la vigencia de los seguros de caución y garantizar la continuidad de la totalidad del personal afectado a los servicios concesionados”.
En un mensaje al Concejo Arroyo reparó que en “habiendo transcurrido un plazo de más de 45 días de su elevación, el citado proyecto aún no ha sido tratado por el cuerpo legislativo local“. Cabe remarcar que desde la oposición, concretamente desde Unidad Ciudadana, reclaman hace semanas que se concrete una pautada reunión con funcionarios del Ejecutivo para que, justamente, den explicaciones respecto al pliego.
“Ante dichas circunstancias es posible considerar que la dilación en el proceso de licitación pública que deberá llevarse a cabo una vez aprobado el proyecto (…) podría poner en compromiso la continuidad y regularidad de un servicio esencial que debe garantizar el Estado Municipal”, sostiene el texto elevado por Arroyo.
Los empresarios que actualmente tienen a cargo el servicio en su mayoría -de las empresas Peralta Ramos, 12 de Octubre, El Libertador y 25 de Mayo- se encuentran procesados por la Justicia en el marco de la causa “Choferes fantasmas”: se los acusa de haber falseado declaraciones juradas y haber inflado la cantidad de choferes para cobrar mayores subsidios del Estado. La defraudación, según la investigación, asciende a $16 millones.
