Choripaneros reclamaron frente al COM: “Ya no sabemos qué hacer para trabajar”
Días atrás se manifestaron frente al Municipio y sostienen que son perseguidos por Inspección General. Denuncian que no les dan autorización.
El reclamo de un grupo de choripaneros de Mar del Plata continúa, y luego de manifestarse frente a la Municipalidad decidieron trasladar el reclamo, por medio del cual piden ser autorizados para trabajar, al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Volvieron de denunciar “persecución” por parte del personal de Inspección General y le piden a las autoridades municipales que los habiliten para desempeñar su actividad: “Ya no sabemos qué hacer para trabajar”.
En el marco de la pandemia de coronavirus, la situación económica de los trabajadores que tienen puestos para la venta de choripanes se profundizó notablemente. Luego de acusar hostigamiento y amenazas por parte de la Policía e Inspección General, hace semanas que vienen instalándose frente a la Municipalidad para pedirle a las autoridades que les permitan desempeñar la actividad.
Ante la falta de respuestas concretas, decidieron trasladar el reclamo a Juan B. Justo 3653 y cortaron el tránsito con el objetivo de conseguir una reunión para expresar su reclamo. “Lamentablemente no nos queda otra porque no sabemos por qué no nos dejan trabajar en la ciudad de Mar del Plata habiendo tanta desocupación”, expusieron durante el corte.
Uno de los trabajadores señaló en dialogo con Qué digital que están analizando si el próximo lunes continúan con el reclamo en el Municipio o reiterarán la medida en el COM.
Cabe recordar que el problema en cuanto a la habilitación para choripaneros viene hace años. En este sentido en el 2016 se implementó una ordenanza para regular la actividad, después de meses de conflictos y protestas. Sin embargo, los trabajadores afirman que “quedaron afuera” porque la norma pide requisitos que muchos no pueden cumplir y que ninguno obtuvo una habilitación formal.
Al pedir que los autoricen, el grupo de trabajadores en conflicto también reclama que la ordenanza sea reformada. Y acusaron haber recibido multas que van entre los $10.000 y $14.000 además del secuestro de parrillas y otros elementos.
