En números: cómo impacta el ajuste en las universidades públicas nacionales
En la previa de la Marcha federal, un informe de la Conadu que expone los salarios de pobreza, el ahogo presupuestario y la “campaña” de Milei contra la educación pública.
En la previa de la Marcha federal educativa del martes que volverá a reunir a todos los claustros universitarios e incluso de la escuela media, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) dio a conocer un informe en el que expone cómo impacta el ajuste de Javier Milei en la educación superior, desde los salarios de pobreza, el ahogo presupuestario hasta la “campaña” del gobierno contra el sector.
La Universidad Nacional de Mar del Plata y todas las universidades públicas nacionales están en una situación crítica por la crisis económica y la decisión política de desfinanciar la educación superior, al punto tal que están llevando adelante un plan de lucha que el próximo martes se traducirá en una Marcha federal con paro del sector, a nivel local y en todo el país.
Para graficar aún más cómo impacta el desmantelamiento, el Instituto de Estudios y Capacitación de la Conadu -a la que adhiere, por ejemplo, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM)- presentó un informe que describe en números el presente universitario.
LO SALARIAL
El primer ítem que abarca el informe es el salarial: según registraron, entre marzo de 2023 y marzo de 2024 el salario nominal docente creció 178,3% contra una inflación interanual que, según el Indec, en ese mismo período llegó al 287,9%. En términos reales, entonces, graficaron que la pérdida de poder adquisitivo llega al 28,2%.
Asimismo, aseveraron que la devaluación y el avance del plan económico del ministro de Economía, Luis Caputo, aceleró la profundización de ese deterioro salarial a partir de diciembre, alcanzando el 27,9% del cálculo final.
Así, indicaron que hacía 20 años que no había docentes universitarios con salarios de pobreza: frente a una canasta básica total que en marzo llegó a los $773 mil, en ese mismo mes gran parte de los escalafones que hacen a la carrera docente universitaria se encontraban por debajo de ese valor en salarios netos.
Pero además de la devaluación, aclararon que contribuyó a esa situación la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), ya que también alcanzaba al salario del personal de colegios dependientes de las universidades. “En febrero, la suspensión del pago de ese adicional representó una pérdida del 6,2% del salario básico de profesores y profesoras del nivel medio con 15 horas cátedra, quienes por esa causa perdieron en marzo un 5,5% de sus ingresos”, explicaron.
LO PRESUPUESTARIO
Además de la situación salarial del personal docente -que lógicamente también impacta a los nodocentes y a trabajadores que estudian carreras universitarias- el presente crítico del sistema científico universitario también está dado por el “ahogo presupuestario” derivado de la prórroga del presupuesto 2023 para su aplicación en el ejercicio actual, a pesar del impacto de la inflación, ante lo que calificaron como un ataque de la “motosierra y la licuadora”.
En una perspectiva histórica, afirmaron que la tendencia general de los últimos años del presupuesto universitario es a la baja en términos nominales frente al Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, en 2024 advirtieron que llegará al valor más bajo de las últimas décadas: representa solo el 0,27% del PBI, frente al 0,80% del 2023.
No obstante, remarcaron que la baja abarca a las partidas que llegan desde otras áreas fuera de la Secretaría de Educación, como el Ministerio de Infraestructura o del Interior, al punto tal que prácticamente no hubo ejecución presupuestaria extraeducativa hasta el momento: del crédito inicial de casi 1.400 millones, hasta marzo se ejecutó el 35,2%.
Sobre las obras específicamente, cuyo desarrollo se paralizó por completo, advirtieron: “Habla claramente de una interrupción del proceso de ampliación del sistema, pero también de la paralización de acciones que son necesarias para proporcionar espacios de estudio y trabajo adecuados y seguros, y para sostener actividades que ya se venían desarrollando en las instituciones”.
Y si bien el Ministerio de Capital Humano -del cual depende la Secretaría de Educación- fue el que más ejecutó, advirtieron que las partidas fueron modificadas con recortes que en febrero llegaron a 18 mil millones de pesos. Incluso, advirtieron que más allá del monto ejecutado se generaron deudas: por ejemplo, desde la Secretaría de Políticas Universitarias acumulan deudas que llegan al 2,1% producto de la subejecución presupuestaria.
En lo que respecta a los gastos de funcionamiento, la falta de actualización en términos inflacionarios hizo que la caída real del presupuesto ejecutado en concepto de funcionamiento llegue al 59%.
“El resultado general habla de una reducción del presupuesto necesario para afrontar los gastos que requiere el mantenimiento de la actividad universitaria, que es inédita por su celeridad y profundidad. No es la primera vez que asistimos a esta táctica de ajuste, que opera a través del recorte de partidas, la subejecución, y la licuación por efecto de la inflación”, alertaron en torno a la particularidad del ajuste que está llevando adelante Milei contra la educación pública superior.
Es que a esa reducción presupuestaria se deben sumar también las obligaciones de las universidades como por ejemplo lo que hace al pago de los servicios, cuyas tarifas fueron liberadas por el gobierno nacional: “El aumento de las tarifas del servicio eléctrico y el gas se encuentra entre las situaciones más frecuentemente mencionadas que impactan en el presupuesto con el que cuentan las instituciones para sostener su actividad, al recibir facturas que triplican los montos antecedentes“, graficaron como solo uno de los numerosos ejemplos de incremento exponencial de los costos que ponen en jaque la investigación, medios universitarios, comedores, hospitales o la conectividad.
Todo, además, en el marco de lo que identifican como una “campaña contra la universidad pública” que se basa en tres pilares: la supuesta ineficacia y corrupción que, aseguran, es un argumento clásico de los gobiernos ajustadores para desguazar la educación pública superior, y por otro lado el supuesto “adoctrinamiento”, una justificación que afirman es notable porque no se utilizaba desde la última dictadura cívico militar.
Esta situación, advirtieron, se agravará en los próximos meses de continuar esta tendencia por lo cual aseguran que se justifica el “alarma” y la movilización actual de todos los sectores universitarios, al punto tal que tanto la Conadu como otros claustros decidieron formar el Frente Sindical Universitario para reunir todas las luchas y reivindicaciones del sector que este martes movilizará en Mar del Plata.
