ExSadowa: el frigorífico que prometió 300 puestos de trabajo y nunca reabrió
Antes de las elecciones de 2019 el por entonces intendente Carlos Arroyo anunció con un grupo empresario una reapertura que nunca se concretó.
Pasaron dos años y medio del anuncio realizado por el entonces intendente Carlos Arroyo y el grupo empresario Siper SA que tras un caído proceso de expropiación se quedó con el histórico frigorífico exSadowa y prometió crear 300 puestos de trabajo para Mar del Plata. Sin embargo, hasta el momento la planta nunca volvió a funcionar activamente y sólo permanece con una pequeña cantidad de empleados que se encargan de su mantenimiento. El repaso por una historia de expropiación, proyección de construcción de viviendas sociales, funcionamiento cooperativo, denuncias cruzadas y regreso a manos empresariales sin reactivación.
“Ahora esperamos que el frigorífico vuelva a abrir sus puertas próximamente, generado así un importante aporte a la actividad económica marplatense y habilitando puestos de trabajo para los vecinos. Es una gran noticia para estos tiempos”, decía el 17 de octubre de 2019, en la previa de las elecciones en las que buscaba la reelección y en las que terminó con una rotunda derrota, el intendente Arroyo. Es que acababa de entregarle en un acto público la habilitación al empresario Eugenio Sangregorio para que empezaran a explotar la enorme planta ubicada en Constitución al 10.300.
A través de un comunicado oficial, con foto del intendente y del empresario y diputado italiano Sangregorio, se anunciaba, además, que para ello se preveía la generación de hasta 300 puestos de trabajo.
(Foto: archivo / Prensa MGP)
¿Qué pasó dos años y medio después? Nada de eso. Según confirmaron a Qué digital desde el Sindicato de la Industria de la Carne hasta el momento el frigorífico nunca reabrió y sólo cuenta con un puñado de trabajadores que llevan adelante tareas de mantenimiento, con algunos reclamos por sus condiciones laborales incluidos.
En abril de 2020, incluso, en plena pandemia del coronavirus desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne (Fesitcara) denunciaron el despido de 18 trabajadores que se encontraban “a prueba” y, según publicó 0223.com.ar, los dirigentes gremiales cuestionaron las “falsas expectativas” generadas tras el anuncio oficial ya que el frigorífico nunca volvió a funcionar como tal y hacía “alguna faena para mantener la habilitación”.
El frigorífico, contenido en un enorme predio de 53 hectáreas, pasó a lo largo de los últimos diez años por múltiples estados y conflictos.
Hacia 2010 el dueño era el grupo Santa Bárbara, que el 1º de julio de ese año presentó la quiebra: trabajadores del frigorífico pasaron cien días adentro de la planta hasta que fueron desalojados y reprimidos. Entonces, armaron una carpa afuera, se enfrentaron con sindicatos y autoridades y empezaron a planear una cooperativa –Cooperativa de Trabajo Frigorífico Recuperar Limitada, Frigore- y a impulsar la expropiación, que finalmente fue aprobada por el Congreso provincial y terminó por efectivizarse en septiembre de 2011. Casi un año más tarde, llegaría el momento de la primera faena, con 45 animales.
Esa ley de expropiación contempló que diez de las hectáreas las utilizaría la cooperativa y las otras 43 quedarían en manos del Estado provincial para el desarrollo de planeamiento urbano y viviendas sociales, proyecto que, como parece ser el denominador común de esta historia, tampoco se concretó.
Pasados los cinco años de plazo de la ley de expropiación, y en medio de conflictos internos entre trabajadores, empezó la incertidumbre porque el proceso –que incluía el pago al grupo empresario por la expropiación- nunca se finalizó por parte del Estado provincial.
Quienes aún integraban la cooperativa buscaron extender durante cinco años esa ley para “darle tiempo” al gobierno para que se concretaran los pasos legales y pagos necesarios. Así, en abril de 2016 el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados. Pero en Senadores la iniciativa fue descartada de plano por Cambiemos, con el apoyo del Frente Renovador y del bloque peronista al argumentar que la Provincia no podía realizar la expropiación.
Para eso plantearon que si se avanzaba con el proceso se debía abonar una demanda por $370 millones. Y se apoyaban, además, en que el grupo inversor Siper SA manifestaba su “compromiso” de hacerse cargo del frigorífico además de darle continuidad a los trabajadores que hasta el momento se desempeñaban y de ampliar los puestos de trabajo a 200 en el plazo de un año. Otra vez, nada de eso ocurrió.
Con el proyecto de ley caído, el grupo empresario se quedó con el frigorífico. Previamente, el gobierno provincial de María Eugenia Vidal cuestionó la actualidad de la cooperativa por sus escasos integrantes, se reflotaron denuncias de trabajadores contra la conducción de la cooperativa y desde allí, en paralelo, se denunciaba que la intención del grupo empresario era desarrollar un country en el lugar. También apuntaban contra el mínimo valor que pagó Siper por quedarse con el lugar ya que el edificio de Constitución al 10.300 fue valuado en $41 millones y rematado a su favor por $6 millones.
Por su parte, en enero de 2018, a través del Boletín Oficial se conoció que el Instituto de Asociativismo y la Economía Social (Inaes) dispuso notificar a la cooperativa Frigore “la suspensión de la operatoria prestada por la entidad” a partir del inicio de actuaciones sumariales.
Con todos esos antecedentes, en la actualidad el gigantesco frigorífico ubicado al fondo de la avenida Constitución permanece con el mínimo funcionamiento posible, con un puñado de trabajadores contratados, y sin expectativas de que algo vaya a cambiar en el corto plazo.
