Fumigaciones ilegales: vecinos piden conocer qué medidas tomó el Municipio
Vecinos y vecinas de unos 22 barrios del distrito enviaron una nota a la Dirección de Gestión Ambiental, autoridad de aplicación de la medida cautelar que impide aplicaciones a menos de mil metros de casas.
En el marco de las constantes denuncias respecto a las fumigaciones ilegales en distintos puntos del Partido de General Pueyrredon, un grupo de vecinos y vecinas elevó un pedido de informes ante la Dirección de Gestión Ambiental para conocer qué acciones lleva adelante el Municipio en lo relativo al control de la aplicación de agroquímicos en base a lo normado por ordenanza. Además, buscan saber “cómo funciona el mecanismo de recepción de denuncias por fumigaciones ilegales” y piden detalles respecto a qué tipo de actuaciones, actas de infracción y multas han sido labradas desde diciembre del año pasado y hasta la fecha.
En concreto, el escrito fue elevado por los vecinos y vecinas de unos 22 barrios, quienes vienen exponiendo la problemática desde hace meses frente a la gestión de Guillermo Montenegro y desde hace años al Estado municipal, y pese a los constantes reclamos y reuniones no han obtenido respuestas, mientras se continúan acumulando las denuncias en relación al incumplimiento de la medida cautelar que fue dictada por la Suprema Corte de Justicia y que prohíbe la aplicación de agroquímicos a menos de mil metros de centros urbanos, al dejar sin efecto algunos artículos de la ordenanza que sí lo permite.
Esto, además, teniendo en cuenta que desde el año pasado, y en especial durante el verano, se había comenzado a trabajar junto al Municipio en búsqueda de un consenso en pos de la redacción de una nueva ordenanza que contemplara las necesidades de todas las partes -tanto vecinos y vecinas como productores- a partir, justamente, del crecimiento de las denuncias y los incumplimientos judiciales.
Y fue en ese marco que los vecinos, muchos de ellos nucleados en la Asamblea Paren de Fumigarnos, plantearon una de las necesidades centrales en lo relativo al control y que ya fue solicitado en tres ocasiones a la acutal gestión: que exista una línea telefónica exclusiva para realizar denuncias, más amplia que la del horario administrativo de 8 a 15.
Además, el pedido de informes presentado al director de Gestión Ambiental del Municipio, Ignacio Pedro Pertini, amparado en el “acceso a la información pública”, tiene que ver específicamente con la necesidad de conocer qué procedimientos se llevaron adelante desde diciembre para controlar el cumplimiento de la ordenanza y para la atención de denuncias, y concretamente cuál es el mecanismo empleado para fiscalizar.
A su vez, sobre el mecanismo de intervención, solicitaron conocer a través de qué medio estarían constatando las infracciones, con personal de qué área y cuál es el tiempo estimado para acudir al lugar a partir de recepcionar la denuncia. En este punto se suma, además, la incertidumbre sobre el protocolo de intervención de la Policía Ecológica frente a estas situaciones.
Por otro lado, días atrás también le pidieron puntualmente al secretario de Producción, Fernando Muro, que realice un relevamiento y notificación de los productores ubicados en la franja contigua a los centros urbanos, mediante el cual los asambleístas pretenden obtener datos básicos para la presentación de denuncias.
La nota presentada está firmada por vecinos de 22 barrios: Colina Alegre, Félix U. Camet, El Marquesado, Santa Isabel, Playa Chapadmalal, San Eduardo del Mar, Playa Los Lobos, La Paloma (Arboleda), Bernardino Rivadavia, El Sosiego, Gloria de la Peregrina, Highland Park, Los Acatilados, Sierra de los Padres, Pompeya, Arroyo Chapadmalal, Las Margaritas, El Retazo, Batán, San Patricio, Mar y Sol y San Eduardo del Mar.
Los asambleistas y vecinos, además, reiteraron que muchas de estas demandas ya fueron remitidas a las autoridades asumidas en el mes de diciembre, con quienes incluso tuvieron reuniones en diciembre y en enero, cuando pudieron dialogar directamente con funcionarios como Muro, la secretaria de Salud Viviana Bernabei y el titular del Ente de Servicios Urbanos (Emsur), Sebastián D’Andrea, entre otros.
