La organización y la búsqueda de un reparto justo de la tierra
Johana integra una de las 600 familias que, nucleadas en el MTE Rural, exigen políticas públicas para un sector invisibilizado y que, mientras tanto, se organizan para mejorar el día a día.
Johana hace 18 años que está en Mar del Plata y prácticamente desde entonces trabaja en la agricultura familiar en una parcela ubicada a pocos metros de la Laguna de los Padres y hoy forma parte de las 600 familias productoras de alimentos que componen la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en General Pueyrredon.
Trabajar desde que asoman las primeras luces del día y en verano hacerlo hasta con linternas. Tener que elegir entre comprar carne o las semillas para la próxima siembra. Animarse (y poder) dar el paso y dejar de trabajar para un patrón. Encontrar en la organización una vía para sostener la economía familiar y también para pelear por lo que consideran justo: que la tierra sea para quien la trabaja.
A través del trabajo y la historia de Johana, un recorrido por cómo es el día a día en la quinta y las necesidades en la agricultura familiar, cómo se manifiesta la concentración de la tierra y cuán necesarias son la organización y las políticas públicas para el sector.
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Johana llegó desde Salta a Mar del Plata hace 18 años, en 2004, junto a su hijo. En un principio, como mandato, la promesa laboral para ella era la de cocinar para quienes trabajaban en quintas. Pero una vez en Laguna de los Padres, conoció a su compañero de vida, decidió quedarse y todo comenzó a cambiar.
En principio, los roles estaban definidos y sin cuestionarse: él trabajaba la tierra y ella era quien lo “acompañaba”. A la hora de cultivar, él cobraba un salario mensual, después empezó a hacerlo por porcentaje -70%/30% de la producción- y así hasta el año pasado, cuando pudieron “independizarse” del patrón, un productor que a su vez alquilaba la tierra a un terrateniente extranjero.
“Nos soltamos de los patrones y empezamos nosotros solos. Empezamos todo de cero, tuvimos que comprar maquinaria pero todavía no la necesaria para sembrar, eso lo seguimos haciendo a mano”, recuerda Johana mientras señala el tractor y sonríe al decir que las máquinas que adquirieron “no son de última generación”. Ese “empezar de cero” -además- implica también que las 5 hectáreas que cultiva se las tenga que alquilar al dueño del terreno, aunque todavía con la intermediación de su antiguo “patrón”.
Por eso, cuenta que conseguir cierta “emancipación” no es nada fácil. Salir de esa relación de dependencia, si bien implica una libertad buscada para elegir qué y cómo plantar, también requiere una inversión en maquinaria que la agricultura familiar difícilmente puede costear sin el acompañamiento del Estado. “Si querés salir no podés, no tenés con qué, tenés que tener las herramientas, los materiales, la plata para pagar el alquiler de la tierra”, advierte. Y allí es donde ingresa la importancia de organizarse con otros productores.
EL INVIERNO EN LA QUINTA: ORGANIZARSE Y SOBREVIVIR
Johana y su familia preparan los plantines en un invernadero y cultivan “a campo abierto” acelga, remolacha, verdeo, puerros, brócoli, coliflor, repollo, habas, arvejas y perejil, plantaciones que por sus características rinden mucho más en verano: “En temporada es cuando ganamos o no, el resto del año es para sobrevivir “, asegura.
El invierno es duro y se reducen las posibilidades de obtener un rédito económico de sus cosechas, que habitualmente adquieren compradores del Mercado Central o Bahía Blanca, y es allí donde aparece el sostén estatal, articulado a través de la organización.
Es que junto a otros compañeros de la organización pudieron gestionar una de las líneas del programa Potenciar Trabajo, ese mismo que el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, se propuso congelar al inicio de la gestión y en el que las personas beneficiarias perciben un 50% del salario mínimo a cambio de una contraprestación centrada en proyectos socioproductivos, laborales, comunitarios o educativos.
Incluso, explica que entre las y los beneficiarios del MTE Rural, elaboran un fondo común para poder, por ejemplo, comprar entre todos insumos como botas o herramientas que faciliten el trabajo en las quintas. “Es lo que nos solventa en estos tiempos, si tenemos una mala cosecha al menos sabemos que a fin de mes tenemos plata en el cajero para comprar lo que nos falte”, explica.
Pero no todo está enfocado en la supervivencia propia, también los productores organizados se turnan para donar bolsones de alimentos a comedores de la organización y también, sobre todo en invierno, para abastecer a compañeros que se dedican a cocinar para personas en situación de calle.
GÉNERO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
Estar organizados, además, les permite tener acceso a, por ejemplo, capacitaciones en género o en otros oficios que impactan directamente en la distribución del trabajo en la casa y en el campo.
“Hemos hecho muchas capacitaciones para promotoras de género porque acá en el campo no se habla de eso. Acá las mujeres somos –pero yo ahora ya no soy, jaja– sumisas. Acá el que sale a hacer las compras es el marido, las mujeres se quedan cuidado a los niños, es la que se encarga del hogar. Yo antes salía al campo a las 4 de la mañana, volvía a las 11 para cocinar, bañar a mi hijo, llevarlo a la escuela y a las 17 volver del campo para ir a buscarlo a la escuela”, relata.
Pero además, las capacitaciones también sirven para que puedan formarse en otros oficios que les permitan diversificar su economía familiar y poder aprovechar mejor los momentos de menor trabajo rural -e ingresos- como pueden ser los meses de invierno. Por eso, por ejemplo, Johana también se capacita en la rama textil.
LA AGROECOLOGÍA: ENTRE ALTOS COSTOS, EL TRABAJO Y LA SALUD
Al igual que otras organizaciones de agricultura familiar, desde la rama rural del MTE trabajan en la transición de una siembra “tradicional” a una agroecológica, no solo por los beneficios en torno a la calidad de los alimentos sino también por el cuidado del ambiente y la salud de quienes aplican y sufren la aplicación de agrotóxicos.
“En el MTE estamos haciendo cursos y capacitaciones en agroecología. Hay compañeros que ya están insertos en ella. Yo este año voy a empezar“, reconoce Johana.
De todos modos, se podría definir su cultivo como no-agroecológico ya que, para ser “tradicional” tendrían que utilizar agroquímicos a los que no tienen acceso por sus altos costos: “Comprar un producto de esos te sale carísimo y esa plata te la gastás en semillas, que cuestan en dólares. Termina siendo más fácil producir agroecológicamente porque vos podés hacer los preparados para los pulgones y todo”.
Johana hace énfasis en el costo de las semillas, uno de los principales insumos y costos: “A veces tenemos que dejar de comer carne para comprar semillas, hay que elegir. Ahora que estamos alquilando no tenemos para comprar semillas, por eso nos falta verdeo, puerro, coliflor, brócoli. Un paquete con 500 semillas vale unos 7.500 pesos. Hay que pensar si comemos o compramos semillas, en agroquímicos ni pensamos“, suma aunque reconoce que sí lo sufre cuando hay aplicaciones en la zona a pesar de la prohibición: “Se siente el olor hasta acá”.
Es por eso que para esa transición, no obstante, la independencia a la hora de cultivar se vuelve trascendental, ya que muchas veces siembran y aplican lo que el patrón les indica, sobre todo cuando se trata de un contrato por “porcentaje” de producción. Eso, además, suele implicar que el propio trabajador rural sea el que lo aplique sin las condiciones de seguridad pertinentes.
En este punto nuevamente toma relevancia el rol de la organización, ya que para impulsar esa transición proyectan instalar una biofábrica en un predio de Batán para producir los preparados agroecológicos que se utilizan en los distintos momentos del proceso productivo.
De todos modos, no deja de ser un tema que los interpela también hacia dentro, porque la transición y la falta de tecnología agroecológica implica -mientras tanto- más trabajo en tiempos donde cada vez cuesta más conseguir un rédito acorde al tiempo y la mano de obra invertida en la tierra.
EL FONDO DE LA CUESTIÓN: EL ACCESO A LA TIERRA
Dejar de producir para un “patrón” es uno de los primeros pasos hacia esa independencia económica y productiva buscada pero, a todas luces, costosa. A tal punto es difícil lograr esa primera “emancipación” que Johana cuenta que solo el 5% de las familias del Movimiento puede alquilar la tierra que utiliza. El problema de fondo, entonces, es que quienes trabajan la tierra no son los dueños, y el acceso a una parcela no solo no es fácil, sino que el sector tiende a concentrarse cada vez más.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) realizó entre 2018 y 2019 un Censo Nacional Agropecuario, con el cual buscó obtener información básica sobre las explotaciones agropecuarias del país. Del análisis de esa medición por parte de especialistas, se desprende que entre 2002 y 2018 -años en que se realizaron los últimos dos censos- desapareció el 25% de las explotaciones agropecuarias, afirman, en detrimento de pequeños y medianos productores. Además, el censo arrojó que el 1,08% de las explotaciones concentra el 36,4% de la tierra.
Por su parte, según ese mismo censo, se tenía registro en General Pueyrredon de 313 unidades de explotación agropecuaria utilizando 71.921,5 ha.
Johana afirma que incluso muchas de las tierras de la zona están en propiedades de extranjeros. Es, justamente, otra de las características de la posesión de la tierra en el país. Según datos de abril de 2022 del Registro de Tierras Rurales, General Pueyrredon tiene 126.395,94 ha rurales, de las cuales poco más de 9 mil están extranjerizadas, es decir, el 7.13%, lo cual de todos modos la ubica por debajo del tope del 15% que establece la Ley de Tierras para los municipios.
“Lo ideal sería que tengamos nuestra tierra. Estamos luchando para que nos den créditos blandos para poder pagarla. No queremos usurparla ni que nos la regalen. Sabemos que si nosotros dejamos de alquilar, esta tierra queda ociosa, nadie la va a venir a cultivar. Y sabemos que hay muchas tierras ociosas. Entonces en lugar de estar pagando un alquiler podríamos estar pagando nuestras propias tierras para producir”, sintetiza Johana.
Y reclama: “Necesitamos más políticas públicas. Nosotros los pequeños productores estamos invisibilizados. No nos contemplan en ningún lado, solo a los grandes productores. Y somos los que realmente producimos”.
Como parte de esas políticas, a nivel municipal, por un lado, manifiesta que una medida que ayudaría reducir el precio de los alimentos y garantizar el acceso a bienes de calidad agroecológica, sería que el Municipio fomente ferias o espacios en los que productores y consumidores puedan comerciar sin intermediarios.
A nivel nacional, por otro lado, se reitera uno de los principales reclamos de cada “verdurazo” o “feriazo” en el centro de la ciudad: que se sancione una “Ley de acceso a la tierra, protección de cinturones verdes y zonas estratégicas de producción” que ya impulsaron años atrás y que consta de créditos para que los pequeños productores puedan acceder a la tierra, construir y comprar herramientas, como también que se realice un relevamiento estatal de las tierras fiscales y ociosas en inmediaciones de los cinturones frutihortícolas para ponerlas a producir y, también, “proteger los cinturones verdes, valles y oasis del avance inmobiliario“.
