La Provincia imputó a Rappi y PedidosYa por “prácticas abusivas”
Las empresas fueron infraccionadas por la Dirección de Defensa del Consumidor. En caso de avanzar la acusación podrían ser multadas por más de $400 millones.
El gobierno provincial anunció que imputó a las empresas Rappi y PedidosYa por “presuntas prácticas abusivas” a partir del cobro de cargos extra en los envíos que recaen sobre las y los consumidores. En caso de avanzar la acusación las firmas podrían recibir multas por más de $400 millones.
Desde el Ministerio de Producción bonaerense señalaron que las empresas que operan en diversas ciudades bonaerenses, entre ellas Mar del Plata, fueron imputadas por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores al detectar “el cobro de cargos adicionales compulsivos” en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Según explicaron, un relevamiento de la dependencia “constató que ambas empresas, mediante sus plataformas digitales, además del gasto por envío cobran un cargo extra denominado ‘tarifa por servicio’ que se trataría a priori de un ‘costo’ adicional empresario que se traslada a los consumidores y se adiciona a todos los cargos ya abonados por un mismo servicio”.
En ese sentido, desde el Ministerio de Producción advirtieron que “las empresas no brindan información detallada y precisa respecto a cuál es el motivo ni la composición de esa tarifa por servicio” y plantearon que, de esa manera, “obligan a usuarios y usuarias a pagarlo para finalizar la compra, ya que no permiten rechazar el cargo”.
De esta forma, explicaron, ese cobro adicional “resultaría una práctica abusiva por parte de las empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios propios de la actividad que deben estar a cargo de las respectivas plataformas”.
Con relación al procedimiento administrativo abierto, explicaron que tras la infracción las empresas tendrán un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos ante la acusación. “Se busca proteger los intereses de las y los bonaerenses, que ven vulnerados sus derechos al utilizar este tipo de aplicaciones y plataformas digitales”, consideraron desde el Ministerio de Producción.
El año pasado Ministerio de Trabajo de la Provincia realizó operativos de inspección laboral en 24 municipios -entre ellos General Pueyrredon- para relevar a personas que se desempeñan en las aplicaciones de delivery ya que se trata de un sistema no regulado que profundizó los niveles de precarización en el sector al esconder relaciones de dependencia.
