Licencias truchas: una propuesta privada para sacarlas de la calle
El exsecretario de Seguridad Julio Razona reflotó una iniciativa de cuando estaba en gestión. Las personas podrán devolver los plásticos, pagar gastos administrativos y obtener una “suspensión de juicio a prueba”.
El exsecretario de Seguridad Julio Razano, reflotó una iniciativa que había tenido durante sus pocos días como funcionario público para retirar las más de 7000 licencias truchas que están en circulación. El presidente de la Fundación Investigación Ciudadana, envió la propuesta al municipio en la que se “invita” a las personas que tengan carnets adulterados a devolverlos, pagar gastos administrativos y obtener así una “suspensión de juicio a prueba” por el delito de “uso de instrumento público adulterado”.
El escándalo de las licencias truchas es una de las herencias de la gestión de Gustavo Pulti. Una investigación que se centra en 7311 carnets que fueron vendidos de manera ilegal y por la que hay 25 personas imputadas. Este negocio paralelo funcionaba en el Distrito Descentralizado El Gaucho. Se trata de carnets materialmente correctos, pero ideológicamente falsos.
La iniciativa presentada por Razona parte de la base de que quienes hayan adquirido las licencias de conducir falsas han cometido los delitos de “falsificación ideológica de instrumento público” y “uso de instrumento público adulterado”, que prevén una pena de hasta ocho años de prisión.
“Circulan más de 7000 personas no habilitadas para conducir que ponen en riesgo la vida de cientos de miles de personas, que confían en los controles y la eficiencia del Estado”, explica el documento presentado por la Fundación Investigación Ciudadana.
La iniciativa presentada resalta que en la ciudad hubo siniestros viables en los que los conductores tenían licencias truchas. En estos casos “las compañías de seguros no están autorizadas a cubrir los seguros de quienes poseen permisos de conductor ilegales, por lo tanto a todo este entramado ilegal se le debe agregar la revictimización de quienes pueden sufrir las consecuencias del accionar de los delincuentes al volante, ya que jamás serán indemnizados por las empresas aseguradoras”, explica Razona en el documento.
Con estos argumentos, la Fundación Investigación Ciudadana propone que quienes posean permisos de conducir irregulares los entreguen en la Municipalidad y paguen una indemnización por los gastos operativos de los movimientos administrativos.
Luego de este trámite, las personas quedarían habilitadas para rendir y obtener, de manera legal, el carnet de conducir. Además, quienes voluntariamente entreguen las licencias irregulares, la Fiscalía General se comprometería a acordar una “suspensión de juicio de prueba” por los delitos de “falsificación ideológica de instrumento público” y “uso de instrumento público adulterado”.
Además, la iniciativa propone que quienes que sometan a este proceso realicen tareas comunitarias por dos años, en áreas relacionadas con el “bien común”.
Finalmente, Razona destaca que esta iniciativa privada, para quitar de circulación las más de 7000 licencias truchas, generaría “ingresos millonarios” a las arcas municipales, tanto por cobrar gastos administrativos, como cobro de nuevos trámites para la expedición de nuevos permisos de conductor. La suma, según estima el abogado, sería de “aproximadamente $ 50.000.000”
