Rancho Móvil: “Trabajamos para que el lugar recupere su espíritu”
Lo expresó la directora de Recursos Turísticos, Mónica Rábano, quien evitó brindar los nombres de las autoridades de la asociación y reconoció que desde octubre tenían un dictamen legal para quitar el permiso.
En medio del inicio del operativo para llevar adelante el desalojo pacífico del Rancho Móvil, la directora de Recursos Turísticos municipal Mónica Rábano, rompió el silencio. Se trata de la funcionaria responsable de las unidades turísticas fiscales y quien, hasta ahora, como el resto de los funcionarios, se había negado a hablar del tema, pese a la insistencia desde hace meses. De esta manera, la funcionaria afirmó en cuanto al procedimiento que “la idea es coordinar con cada asociado que se presente y retire sus pertenencias”, reconoció que desde octubre tenían un dictamen legal para quitar el permiso -lo que evidencia la demora con que se ejecutaron las respuestas- y evitó dar el nombre de las actuales autoridades de la asociación que tenía vigente el permiso de uso del espacio.
“Hace una semana notificamos el decreto, que consideraba cinco días para que despunten y entreguen la unidad sin ningún elemento. No lo hicieron, y hoy por orden del intendente se decidió convocar a todos los integrantes de la asociación para que vengan y retiren sus pertenencias y desmonten los elementos que tengan”, resumió Rábano al explicar el operativo iniciado pasadas las 8 en el predio ubicado sobre la Ruta 11 y que forma parte de la Reserva Foresta Paseo Costanero Sur.
En este marco, señaló: “No estamos para ingresar con ningún tipo de acción violenta sino para coordinar pacíficamente que se retiren y que podamos en los próximos días tener la unidad desocupada”. Y sumó que “la idea es coordinar con cada asociado, que se presente y retire sus pertenencias”.
Respecto al caso en que algunos de los socios no concurran a retirar y desarmar sus cabañas, la funcionaria adelantó que la actividad quedará a cargo del Municipio “con costas a cargo del propietario o de la asociación”.
Al ser consultada sobre las autoridades responsables de la asociación y los dueños de las cabañas ilegales levantadas, Rábano se excusó de brindar sus identidades: “Como Municipio lo que dimos es un permiso precario a una asociación civil, la composición de esa asociación no la manejamos, es una cuestión privada y quienes hayan sido electos por parte de la misma asamblea es responsabilidad absoluta de quienes están a cargo de la asociación”.
Y, luego, ante la insistencia, agregó: “La comisión tiene nombre y apellido, no sabría decirles, pero insisto en que no estamos atrás de los nombres sino de los incumplimientos por parte de una asociación civil que tenía un permiso”.
EL DESTINO DEL PREDIO
Ante la pregunta respecto a qué pasará con la unidad turística fiscal una vez que sea desocupada en su totalidad, Rábano explicó que quedará en lo inmediato bajo la administración municipal. “A futuro hay una intención de realizar una licitación pública para este tipo de propuesta”, adelantó en sintonía con lo que ya habían explicado desde el Emtur.
Y además, en respuesta a la consulta respecto a si existe la posibilidad de que parte de la gente que hoy integra el Rancho Móvil y que se mostró en contra de la construcción de cabañas regrese al lugar, señaló: “No estamos persiguiendo gente, estamos trabajando para que este lugar recupere el espíritu original”.
LAS INSÓLITAS DEMORAS
Si una particularidad tuvo el escándalo del Rancho Móvil sin dudas fue la demora y la falta de respuestas a tiempo que brindó el gobierno municipal, concretamente, el Ente Municipal de Turismo y el área a cargo de Rábano. Desde septiembre -cuando QUÉ Digital publicó la primera denuncia– las respuestas fueron evasivas y poco determinantes. Casualmente, recién luego de que el “poderoso” diario La Capital -de conocidos intereses políticos y empresariales- publicara el tema con gran despliegue, apareció inmediatamente la respuesta.
“Estamos siguiendo el tema, en el expediente, en enero del año pasado ya habíamos intimado el desmonte de las únicas tres (cabañas) que había; insistimos, hay presentaciones y más denuncias. No estamos hablando de una reacción contemporánea, estamos hablando de un seguimiento”, argumentó Rábano ante la consulta de este medio y reconoció: “En octubre ya teníamos el dictamen legal que decía que correspondía la caducidad“. Tres meses después de ese dictamen, recién llegó la resolución y acción. Mientras tanto, y como consecuencia de la inacción, se permitió que se siguieran levantando cabañas y que se afectara el espacio público.
