Rechazo de trabajadores estatales al “cierre” y el ajuste sobre el Inadi
Tras el anuncio del gobierno nacional, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) plantearon su descontento.
Luego de que el gobierno nacional anunciara el “cierre” del Instituto Nacional contra la discriminación, el racismo y la xenofobia (Inadi) y la transferencia de sus funciones -ajuste mediante- a la órbita del Ministerio de Justicia, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dejaron en claro su repudio y calificaron de “aberrantes” las argumentaciones del gobierno de Javier Milei para implementarlo. Aseguran que buscan “desviar la atención” ante la crisis social y económica.
Esta semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en una de sus conferencias de prensa diarias desde Casa Rosada que avanzarían en el cierre del Inadi, y lo hizo asegurando que “no sirve absolutamente para nada”. Más tarde, desde el gobierno nacional emitieron un comunicado en el que apuntaron contra la eficiencia del organismo y aclararon que sus funciones serán llevadas adelante por personal del Ministerio de Justicia. En ese comunicado, además, subrayaron que “el personal idóneo que trabaja en el Inadi y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio”, aunque con un recorte incluido.
Al regir su creación mediante la Ley Nacional 24.515, el cierre del organismo -destinado a “la elaboración de políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones para tal fin”- había sido incluido en la ley “ómnibus” que luego el propio oficialismo quitó del Congreso por no contar con los votos suficientes para su aprobación. Al respecto, desde el gobierno de Milei aseguran que al no poder eliminarlo harán el traspaso a Justicia “de acuerdo a la legislación vigente”.
Así, en cuanto al ajuste sobre el área, indicaron que redujeron su personal de 430 a 355 empleados y les pidieron la renuncia a todos los delegados, entre los que se encontraba la delegada local, Claudia Vega. A su vez, informaron una reducción de alquileres y rescindieron las contrataciones: en Mar del Plata, las oficinas del organismo se encontraban en el ex Instituto Unzué, un espacio que actualmente también se encuentra sumido en la incertidumbre.
LA PREOCUPACIÓN DE TRABAJADORES
Conocida esta situación, desde ATE Mar del Plata calificaron las intenciones del gobierno como un “nuevo atentado contra derechos ciudadanos básicos” e hicieron público su rechazo mediante un comunicado: “Entendemos aberrantes las descalificaciones expresadas por el vocero presidencial refrendadas más tarde en un comunicado emitido desde Casa Rosada en cuanto a los alcances y servicios que ofrece dicho organismo”, plantearon.
Desde ATE, además, remarcaron su preocupación de que los anuncios se lleven a la práctica, sobre todo por el futuro de los trabajadores que integran al Inadi en todo el país y principalmente en Mar del Plata, donde hace diez meses se había inaugurado una oficina en el Unzué.
“En caso de que este anuncio se haga realidad, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la continuidad laboral de las y los trabajadores que integran el Inadi. Desde siempre ATE sostiene que los servicios ofrecidos por cada una de las instituciones del Estado están garantizados por sus trabajadores, quienes hacen la diferencia en la calidad y el compromiso detrás de los vínculos que generan con sus comunidades”, plantearon en el comunicado.
Asimismo, remarcaron la importancia del Inadi en el aporte de herramientas y recursos para la convivencia democrática y “el carácter profundamente social de los principios que sostienen sus políticas”. Por último, consideraron que esta situación trasciende con el objetivo de “desviar la atención sobre la cruda emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional”.
Frente a esta situación, además, en los últimos días sus trabajadores recibieron la solidaridad de distintos sectores como los docentes nucleados en Suteba: “La decisión de cerrarlo atenta contra la protección del derecho a la igualdad y demuestra el desprecio por la convivencia pacífica en un país plurinacional e intercultural”, plantearon desde el sindicato en un comunicado.
