Violencia institucional: crítico diagnóstico y falta de respuestas
Desde la Comisión Provincial por la Memoria volvieron a alertar sobre la “falta de desarrollo políticas públicas” sobre la problemática. “No se avanza porque tiene que ver con el sentido del sistema penal en Argentina”, sostuvieron.
La violencia institucional es, hace años, un problema enquistado en el sistema que encuentra numerosas voces que reclaman, advierten, piden cambios. Pero esas respuestas no llegan sea cual sea el signo político de turno. Así lo consideran desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que el pasado fin de semana reunió en Chapadmalal a más de 400 familiares víctimas de violencia institucional de 16 provincias del país.
“Siguen creciendo los casos: esto tiene que ver con una gestión que no ha llevado adelante políticas para prevenir la violencia y la tortura, no se ha hecho ningún desarrollo de políticas públicas”, advirtió Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, pero también sostuvo que “tampoco se hacía en la gestión anterior, e incluso va más allá de los signos partidarios de los gobiernos porque es un accionar que se reproduce desde hace años sin que se haga nada o se haga muy poco”.
El diagnóstico que traza la Comisión respecto a la violencia institucional es “bastante crítico” y repara en los casos de gatillo fácil o en las condiciones de encierro, por ejemplo, en el Penal de Batán.
“Son casos que reflejan la gravedad de la situación en Argentina, con una gran cantidad a partir de una práctica que es sistemática de las fuerzas de seguridad y de custodia. Hay una gran cantidad de casos con patrones comunes de cómo se producen y fundamentalmente lo que se revela es el accionar de la Justicia que no investiga ni juzga a los responsables de los delitos y eso resulta un denominador común”, describió Cipriano García en diálogo con QUÉ, en la radio.
Consultado respecto a si es posible hablar de un crecimiento de casos en los últimos meses, señaló que “es difícil medirlo porque no está relevado, pero sí siguen creciendo los casos”. Y sumó: “Es difícil de medir porque no hay una construcción oficial del Estado, de datos fiables, de que las propias fuerzas registren su accionar”.
LAS RESPUESTAS
La problemática refleja patrones comunes y constantes a medida que pasan los años. Ante este escenario, ¿cuáles son las respuestas de las autoridades estatales?
“Creo que no se avanza porque tiene que ver con el sentido del sistema penal en Argentina y en función de eso las fuerzas de seguridad y de custodia son parte de ese engranaje”, explicó Cipriano García.
“Esto tiene que ver con políticas sociales, con cómo se distribuye la renta en Argentina: frente a un modelo de exclusión, que lo que termina consagrando es la desigualdad las fuerzas de seguridad son necesarias para un disciplinamiento social, para un control de ciertos sectores de la población que son los afectados por esta política. Yo creo que tiene que ver con esto y hay una construcción de que ese sector es siempre el enemigo y vale cualquier cosa”, desarrolló y graficó: “Así como en la dictadura el enemigo eran los desaparecidos, los militantes; hoy son los pobres de sectores populares que de alguna manera hacen peligrar el orden establecido cometiendo delitos”.
De esta manera, remarcó que “la respuesta de las autoridades es totalmente insuficiente, no hay políticas para prevenir ni asistir a las víctimas” aunque destacó que “se ha mejorado un poco con los mecanismos de sanción disciplinaria de policía y penitenciarios”.
“Asuntos Internos ha mejorado la persecución de estos delitos, pero eso no alcanza. Lo que vemos es que no hay una decisión del Estado de producir una transformación en este aspecto”, apuntó.
